Costo de oportunidad

Identificación biométrica

Si el gobierno actual quiere reconstruir la relación del Estado con sus gobernados, la forma es a través de ¿un sistema de identificación biométrica?

Hace algunos años, en 2017, vino a México un personaje peculiar, para la presentación del Índice de Competitividad Internacional. Su nombre es Anit Mukherjee y fue parte de un equipo de doce personas, de la empresa Unisys, para poner en marcha un plan de identificación biométrica en India, en el año 2009.

En India, lo único que Anit necesita para hacer un trámite, es llevar a Anit. Un escaneo de retina es más que suficiente para saber quién es, qué hace, dónde vive, qué subsidios y servicios gubernamentales recibe, qué estudió y en donde.

El sistema se llama Aadhar. Tiene la capacidad de registrar a 100 millones de personas al mes. No hay fotos, ni nada innecesario; solamente ligar los datos biométricos de la persona con una base de datos gubernamental. Nada más.

En México, el INE heredó del IFE la responsabilidad de credencializarnos. Ello fue parte de la reforma política durante la Salinastroika. Consistió en dar voto libre y secreto a la ciudadanía, administrado por una institución ciudadana, a cambio de la identificación. El INE ha funcionado muy bien en ambas labores. Ha habido filtraciones de la base de datos, de la misma forma en que se han impugnado elecciones en la historia electoral del país, pero en general, los mexicanos tenemos una autoridad electoral de primera.

Hay algo que hace falta. Necesitamos información que ligue todos nuestros números e identificaciones a una base de datos biométrica. La razón es muy simple: el Estado nos hace incurrir en costos elevados cada vez que tenemos que comprobarle quiénes somos y dónde vivimos. No solamente eso: el mecanismo de verificación es imperfecto, lo cual se presta a todo tipo de delitos relacionados con la identidad.

Tomemos el comprobante de domicilio, por ejemplo. El comprobante de domicilio no está en ninguna ley u ordenamiento. Mi profesor de derecho en el bachillerato, don Genaro Borrego, nos decía que el domicilio es un atributo de la personalidad. Puede que eso sea cierto, pero es un atributo que cambia continuamente, que puede compartirse con otras personas, y que puede fingirse. En la práctica, los grandes certificadores del domicilio en México son la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México. Ahí es donde se decide el domicilio legal de las personas. Esto es un desastre.

En otros países, uno le declara un domicilio a la autoridad, y en caso de que esta necesite localizarlo a uno y no lo encuentre, hay sanciones que incluso llegan a la privación de la libertad.

En México no hay nada por el estilo. Hace unos años, un indigente demandó al INE porque no le expidió una credencial para votar, por no haber podido comprobar el domicilio. ¿Qué hizo el INE? Generar un procedimiento especial para las personas en situación de calle. Sin duda es encomiable el esfuerzo, pero la solución correcta de la política pública es dejar de exigirle a la gente que compruebe dónde vive. El Estado debería creerme si le digo que vivo en esa casa, o debajo de aquel puente. Si después resulta que mentí, debe castigarme, no elevarle el costo a todos los demás.

México necesita un sistema de identificación biométrica. No que sustituya al INE, o al pasaporte, o a ese documento inútil llamado cartilla, o al acta de nacimiento, o a la CURP, o a la CRIP, o al registro nacional de extranjeros de Segob (el cual te registra aún después de que dejaste de ser extranjero), o a la cédula profesional. Necesitamos una base de datos única, del uno al 129 millones, que identifique a todos los mexicanos con un número único ligado a nuestros datos de iris y huella digital.

De esa forma, sabremos cuántos y quiénes de nosotros tenemos duplicidades en registros. De esa manera, sabremos qué personas tienen múltiples identidades, y si cometen delitos al amparo de esas confusiones. Alguien en situación de pobreza no tiene que quedarse en el lugar del país donde su pobreza continúa; puede emigrar a donde puede labrarse un mejor futuro, y los programas sociales podrían seguirlo en su viaje, como ocurre en India a partir de Aadhar.

En India, el sistema de recolección de datos está privatizado. Un dólar cuesta el registro de indicadores biométricos. La base de datos elimina los registros duplicados, porque el iris y las huellas digitales no se repiten. Si el gobierno actual quiere reconstruir la relación del Estado con sus gobernados, esta es la forma.

COLUMNAS ANTERIORES

Gobiernos eficientes (parte III)
Gobiernos eficientes (2ª parte)

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.