Al momento de escribir estas líneas, Ernesto Ruffo sigue injustamente encarcelado en Almoloya. Sabemos que es injusto porque su orden de aprehensión fue girada por una jueza de consigna, de elección, de Morena, en una petición que la fiscalía general había fracasado en obtener tres semanas antes frente a un juez de carrera, que repitió pero agregando el nombre de Ruffo y ubicándolo como el líder de una banda de contrabando de combustible que hasta entonces no había identificado.
Fernando Gómez Mont ha afirmado que no hay evidencia alguna de involucramiento de Ruffo en ese delito, y no tenemos más datos porque las audiencias, contra la ley, han sido secretas. Y es que lo que se está buscando, desde el gobierno, es matar tres pájaros de un tiro.
Por un lado, necesitaban quitar presión a Marina del Pilar Ávila, quien sigue cobrando como gobernadora de Baja California, sin capacidad alguna para gobernar, más preocupada por conseguir novio o por pelear con Jaime Bonilla, su antecesor. Sigan sus redes.
Por otro, quieren quitarse de encima la evidencia abrumadora de ser los beneficiarios del contrabando de combustible por más de 200 mil millones de pesos al año, que ha financiado las campañas de Morena desde 2021 y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya está persiguiendo.
Finalmente, necesitan eliminar cualquier tipo de oposición política, y Ruffo encarna al menos dos: el PAN, donde ha militado por décadas, y Somos México, en donde es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano (lo mismo que este columnista). Habrá quien piense que esto es lo de menos, pero, en el contexto del derrumbe que empieza a sufrir Morena, por disputas internas, por presión estadounidense y por incapacidad de gobierno, no hay enemigo pequeño.
Véalo desde la perspectiva del último dictador de la región, Daniel Ortega, quien acaba de declarar que ya no habrá elecciones en su país. Antes de eso, igual que Maduro o Díaz-Canel, había encarcelado a opositores. Es el estilo del tercermundismo dictatorial, justo el talud por el que vamos cayendo.
El mismo jueves 16 de julio en que se publicaron nuevos audios de Marina del Pilar Ávila y fue detenido Ruffo, la señora Sheinbaum, en Tulum, instruyó al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un funcionario gubernamental, a no aplicar la ley, a ignorar la norma cuando se oponga al sentido común. Raúl Trejo Delarbre, en Nexos, documenta este evento y lo relaciona con el caso Ruffo y con aquel dicho de López: “No me salgan con que la ley es la ley”.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, ayer en El Universal, lo ve diferente, y creo que acierta. El desplante de Sheinbaum no es el intento de López de ponerse por encima de la ley; es la orden, a todos los funcionarios, de tomar por su cuenta la interpretación y aplicación de las leyes. Es el llamado al caos, para ponerlo en breve.
Tal vez ese jueves 16 de julio acabe siendo una fecha definitoria. El arranque de los encarcelamientos de la oposición como paso previo a la anulación de elecciones, y la liberación de una caterva de funcionarios menores, ahora transformados en legisladores y ministros. Ellos dirán qué se aplica y qué no, cuándo, cómo y, especialmente, de a cómo.
Ernesto Ruffo es un perseguido político, utilizado para confundir a la opinión pública y distraer del saqueo que Morena ha organizado, con funcionarios aduanales, militares, marinos y crimen organizado, para no soltar jamás el poder, además de enriquecerse. Confían en que su control sobre los medios, la mañanera y el reparto de dinero sean suficiente para evitar una respuesta ciudadana. Vamos a ver.