Como se esperaba, Moody’s redujo la calificación de la deuda del gobierno de México al nivel más bajo que todavía se considera grado de inversión. Ahora tenemos dos calificadoras, de las tres grandes, en ese nivel, y la otra un nivel arriba, pero con perspectiva negativa. Si lo quiere ver positivamente, es posible que el siguiente movimiento, que será a la baja, no ocurra por un año y medio. Al menos así lo vio Hacienda, y no dudo que todo el gobierno esté esperando llegar a la elección de 2027 sin una sorpresa en ese aspecto.
Sin embargo, la velocidad a la que está cambiando el entorno, no solo en lo económico, podría modificar esa expectativa. Por ejemplo, esta semana se publicó un nuevo decreto de Donald Trump, dirigido a “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, que endurece las medidas para transferir dinero, especialmente en montos pequeños, como las remesas. He visto diferentes estimaciones de colegas, pero en general apuntan a una posible contracción de entre 10 y 20% en ese flujo, que podría empezar a notarse en un par de meses, pero llegaría a su punto culminante hacia noviembre. Hablamos de entre 6 y 12 mil millones de dólares, que podemos redondear en medio punto del PIB.
Si esas remesas se convertían en consumo o inversión, ese medio punto perdido implica un golpe de similar tamaño en el PIB total. Si ya el promedio de especialistas esperaba un crecimiento de 1.1%, ahora supongo que reducirán en un par de décimas (el efecto es en el segundo semestre) esa estimación para este año, y posiblemente medio punto completo para el próximo, que por el momento lo tienen en 1.8%. Con ese menor crecimiento, los resultados de la consolidación fiscal serán menos buenos, y eso es lo que están descalificando las agencias.
Un segundo elemento es la posibilidad de que el T-MEC simplemente no pueda firmarse en julio, como se esperaba. Eso, al sumarse al desastre que es la impartición de justicia en México, pospondrá aún más las decisiones de inversión, que pueden anunciarse cuantas veces se quiera, pero no se concretan.
Hay un tercer elemento que ya hemos comentado, la contabilidad creativa de Pemex. Tanto en sus reportes financieros como en los de operación, las cifras no parecen tener sustento. Ya el año pasado Hacienda usó esto como excusa para su fallida consolidación. El déficit fiscal pasó de 5.7% del PIB en 2024 (cuando López compró las elecciones con el dinero de todos) a 4.8% en 2025. Hacienda, sin embargo, insistió en que era nada más de 4.3%, y el resto era porque Pemex debía a sus proveedores, y no sabían.
Este manejo curioso de las deudas, especialmente a proveedores, no es exclusivo de Pemex, aunque sea muy grande en su caso. También lo hay en otras dependencias y organismos de gobierno, y atribuyo a ello la creciente diferencia entre la deuda bruta y los requerimientos financieros. Por esa razón, creo que ahora hay que usar la primera como referencia. En unas filminas de una conferencia de Pedro Aspe que circulan en redes, él estima que esa deuda podría alcanzar 60% del PIB en este año, nivel en el que, dice, otros países emergentes han perdido el grado de inversión.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido limpiar el continente de regímenes que saquean a su propia población, como lo ha sido Cuba por casi siete décadas y Venezuela por más de dos. Aquí todavía no se había consolidado, pero intentarán impedirlo. En ese contexto, la fragilidad fiscal y económica pueden causar un derrumbe sorpresivo. Ya lo dijimos antes, pero va de nuevo: requerimos soluciones “fuera de la caja” para escenarios jamás vistos. Apúrense a pensar.