Como usted sabe, la calificadora S&P decidió cambiar la perspectiva de la deuda mexicana a negativa, aunque mantuvo la calificación. El cambio de perspectiva implica que podría reducirla poniendo al gobierno al borde de perder el grado de inversión. Moody’s, otra calificadora, ya nos tenía en perspectiva negativa, y leo que es posible que nos coloque en ese nivel, que es donde ya nos tiene Fitch, la tercera de las grandes calificadoras.
La razón por la que hay esta perspectiva negativa sobre las finanzas del gobierno mexicano es que la deuda está creciendo más rápido que la economía. Es como si su deuda en tarjeta de crédito creciese más rápido que sus ingresos. Tarde o temprano no podrá pagar. En el caso del gobierno no siempre pasa así, porque la inflación o la depreciación de la moneda pueden corregir parte del problema, pero sí llega a ocurrir que un gobierno detenga sus pagos. Quienes le prestan a ese gobierno pagan a las calificadoras para que les diga, con tiempo, si eso puede ocurrir.
La opinión de esta columna ha sido que las calificadoras debían haber hecho los movimientos actuales al menos hace un año, porque ya era claro que habíamos entrado en una dinámica preocupante. Sin embargo, desde la Gran Recesión, cuando las calificadoras fallaron, son mucho más cuidadosas con temas políticos, y supongo que poner en observación un gobierno recién estrenado no les parecía buena idea. Ahora tienen el problema de que quitar el grado de inversión antes de la elección de 2027 también puede interpretarse mal, especialmente debido al soberanismo reinante en Palacio. Precisamente por eso había que actuar antes, pero cada quién su negocio.
No crea usted que esas agencias tienen métodos muy científicos para estimar el riesgo. Esencialmente, el punto preocupante es cuando un gobierno tiene una deuda equivalente a tres años de ingresos. Conforme se acerca a ese nivel, el riesgo crece. La velocidad a la que lo hace, y las posibilidades de cambiar de rumbo terminan el escenario. Para México, esos tres años de ingresos equivaldrían a 66% del PIB, aunque las agencias tienen como referencia el 60%.
Se supone que la deuda del gobierno, medida ampliamente, se publica como “saldo histórico de requerimientos financieros del sector público”. Por alguna razón que no conozco, llevamos ya unos años en que la deuda bruta resulta notoriamente superior a ese saldo histórico, lo que debería preocupar a las agencias, pero creo que no lo han notado. En el sexenio de Peña Nieto, la diferencia era de un punto del PIB; en los últimos años es cuatro veces mayor.
Un segundo elemento de preocupación es que no toda la deuda la están registrando, y por eso de pronto hay que sumarla. Es el caso del apoyo a Pemex para pagar a proveedores, que el año pasado llevó esos requerimientos financieros de 4.3 a 4.8% del PIB. Como no tenemos una idea clara de cuánto deben a proveedores, ni Pemex ni el gobierno, hay que andar adivinando, y eso no creo que genere confianza.
En 2025, el saldo histórico mencionado era un poco mayor a 52% del PIB. El gobierno había prometido que mantendría el déficit por debajo de 4 puntos, mientras que la economía estaría creciendo dos (más cuatro de inflación, el PIB nominal crecería 6, que es más que cuatro). Con esas cifras, podían llegar a 2030 sin acercarse demasiado al 60% del límite. Sin embargo, en los últimos 27 meses, los requerimientos crecieron 12 puntos por año, mientras la economía crecía uno. En los últimos 12, las necesidades financieras crecen 8 puntos, y la economía menos de uno. A ese ritmo, la barrera de 60% se cruzará el próximo año. Lo habíamos anunciado desde 2022, aquí y en “México en el precipicio”. Como dice el dicho: no hay plazo que no se cumpla… ni deuda que no se pague.