Fuera de la Caja

Al diablo

Se comete un serio crimen cuando, en contra de lo prometido, no se respetan ni la Constitución ni las leyes desde la misma presidencia de la República.

El Estado, dicen los abogados, es la combinación de Pueblo, Gobierno y Territorio. Para los economistas, lo mínimo que debe hacer el Estado (a través del gobierno), es garantizar la seguridad nacional y la impartición de justicia. Dicho de otra forma, debe cuidar que pueblo y territorio sean seguros, sea frente a una invasión externa, o frente a un conflicto interno. Para poder proveer estos bienes públicos, que nadie ofrecería en su lugar, es para lo que cobra impuestos. Sin duda, un gobierno puede hacer mucho más, dependiendo de lo que se decida, pero lo mínimo es eso.

Bueno, tenemos al menos dos ejemplos recientes de cómo el Estado no está proveyendo impartición de justicia, sino que lo ha dejado a otros grupos. Es el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, donde los presuntos culpables fueron detenidos y entregados por parte del cártel local, y es el caso del asesinato del Chueco, presunto homicida de dos sacerdotes jesuitas y un colaborador de ellos. En este último caso, el Presidente afirmó que era una muestra de que ya no hay impunidad.

Hace unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo que el Estado en México no controla todo el territorio, lo que mereció una respuesta de López Obrador afirmando lo contrario. Sin embargo, para cualquiera en México es muy claro que amplias extensiones son controladas por otros grupos, no el Estado, que cobran impuestos, imparten justicia y se hacen cargo de la “seguridad pública”: buena parte de Guerrero, el sur del Estado de México, la mitad de Michoacán, Tamaulipas. Son sólo ejemplos, no una lista exhaustiva, pero este fin de semana fueron expuestos por medios de comunicación.

Mientras el Presidente insiste en hablar de soberanía en referencia a mercancías, especialmente un par de energéticos, parece haberse olvidado de lo que en realidad significa esta palabra. Un Estado soberano es el que es capaz de autodeterminarse, porque puede defenderse de amenazas externas y porque puede resolver los conflictos que ocurren entre sus pobladores. La evidencia indica que esto no ocurre en México, al menos no de forma constante y extensiva. La existencia de grupos que le disputan al gobierno (Estado) el monopolio de la violencia, y lo hacen mediante extorsión y derecho de piso, el ejercicio de venganzas y el despliegue de fuerza sin límite, no permite hablar de soberanía.

Pero los esfuerzos del Presidente no se destinan a recuperar la soberanía, es decir, a enfrentar a estos grupos que disputan el control de población y territorio al gobierno. No, todos los esfuerzos presidenciales están concentrados en destruir la democracia, para con ello poder quedarse en el poder. Mientras grupos criminales irrumpen desde la periferia, desde la Presidencia, también de forma criminal, se destruye al Estado desde el centro: la separación de poderes, la estructura orgánica del gobierno, la capacidad de gestión, la administración misma de los procesos electorales. No utilizo de forma gratuita el adjetivo. Se comete un serio crimen cuando, en contra de lo prometido, no se respetan ni la Constitución ni las leyes desde la misma presidencia de la República.

Es necesario insistir en esto. Este país sigue siendo una democracia constitucional, pero el Presidente viola flagrantemente la Constitución, como lo evidencian la ley eléctrica, de Guardia Nacional y el plan B; el ataque al Poder Judicial; la destrucción de organismos autónomos, el más reciente el INAI.

Por eso no debe considerarse a López Obrador y a Morena como una competencia política normal. Su objetivo es la destrucción de la democracia y de lo poco que habíamos logrado construir de Estado de derecho. Sí, sí era cierto: al diablo las instituciones.

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