Este lunes pasado se cumplieron 75 días de la queja formal de Estados Unidos acerca del trato diferencial que hay en México en materia energética a favor de empresas de gobierno. A partir de ahora, ese país puede solicitar la instalación del panel arbitral para dirimir la disputa, es decir, para decidir quién tiene razón y, en su caso, qué medidas deben tomarse para corregir y qué penalidad aplicar a la parte culpable.
Según información de prensa, las partes han optado por continuar las pláticas, pero ya no hay un plazo determinado. Puede ser un mes, o cinco semanas, para coincidir con la elección intermedia estadounidense (aunque no imagino efecto alguno), o puede ser sólo una semana. En cualquier caso, puesto que no tenemos información de que México haya corregido algo de lo que se le reclama, aunque tal vez lo haya prometido, si el panel inicia, entonces vamos a perder, y además de tener que corregir obligadamente lo que hoy podría hacerse de forma voluntaria, habrá que pagar.
En pleito aparte, ya CFE perdió un caso, y debe pagar por ahí de 100 millones de dólares. Como ése, tiene 100 procesos abiertos, por diversos abusos, que seguramente irá perdiendo, y deberá pagar. Siempre con dinero de usted, estimado lector o lectora, porque CFE tiene pérdidas, de forma que los gastos adicionales se cubren con dinero que ya no puede usarse para otras funciones de gobierno. La cantidad que más se ha mencionado con respecto al panel arbitral es cercana a multiplicar esos 100 procesos por 100 millones de dólares, es decir, 10 mil millones. Pero son procesos diferentes, de forma que algunos estiman que lo que está en riesgo ronda varias veces esa cifra.
Ya hemos comentado en varias ocasiones que, si el gobierno de México dejara de obstaculizar lo que dice la Constitución en materia energética, tendríamos mucha más inversión en el país, tanto de empresas de ese sector, como sobre todo de manufacturas, que no pueden instalarse porque no nos alcanza la electricidad. Es decir que aceptar lo que se está haciendo mal no sólo impediría pagar multas, sino que además nos daría dinero. Necear nos cuesta por partida doble, pero es la marca de la casa.
Por otra parte, ya han empezado a corregir estimaciones los expertos con respecto al crecimiento de la economía para el próximo año. Ya hay pocos que apuestan por más de 1 por ciento, cuando hasta hace poco sobraban los que creían que sería de más de 2 por ciento. Hacienda, como sabe, incluso calculó su presupuesto con un crecimiento de 3 por ciento. No podemos saber qué ocurrirá en el futuro, pero buena parte de las series económicas apunta ya a una caída, desde la construcción de vivienda en Estados Unidos (que Edward Leamer ha propuesto desde hace décadas como el mejor predictor de recesión), hasta el indicador adelantado de actividad manufacturera, que apenas alcanzó a quedar en terreno positivo (lo que no asegura que la actividad haya crecido en septiembre, sin embargo).
En México, todos los indicadores de confianza de las empresas muestran una caída contra el mes previo, y ya una clara tendencia a la contracción: construcción, manufacturas, comercio y servicios no financieros. Del punto máximo (febrero para la industria, abril para los servicios), prácticamente todos apuntan ya a contracción. No me sorprendería que el tercer trimestre reporte un crecimiento de cero contra el inmediato anterior (lo sabremos a fin de mes). Eso todavía da para un 2 por ciento en 2022 (en esos primeros tres trimestres), pero la tendencia ya no sería nada agradable. El indicador adelantado publicado ayer ya muestra esa dinámica hacia terreno negativo.
Mal momento para no entender al resto del mundo, al siglo 21, o de plano, nada.