El gobierno entregó su paquete presupuestal de 2023. De entre todos los detalles que tiene, creo que lo más relevante es una estimación de crecimiento económico para el próximo año que no tiene sustento, y que permite ocultar la crisis fiscal en proceso.
Para 2023, dice Hacienda, el intervalo de crecimiento posible va de 1.2 a 3 por ciento, pero su estimación puntual, es decir, el punto elegido al interior de ese intervalo no es a la mitad, o algo parecido, sino precisamente el 3 por ciento. Con ese crecimiento, y ajustando la recaudación tributaria esperada de manera congruente, el déficit esperable para el próximo año es de 3.6 por ciento del PIB, que es cosa de 1.2 billones de pesos. Es un poco mayor al límite razonable (que se ubica en 3 por ciento por pura costumbre), pero nada excepcional.
Sin embargo, si en lugar de creerle a Hacienda, le hacemos caso al resto de los economistas del país, que encuesta Citibanamex cada 15 días, o el Banco de México cada mes, la expectativa de crecimiento para el próximo año es más bien cercana a 1.5 por ciento (y en este año también es menor a lo que Hacienda espera, aunque menos). Con ese crecimiento, y ajustando también la recaudación de forma congruente, es decir, respetando la estimación de Hacienda de que los impuestos equivaldrán a 13.8 por ciento del PIB, entonces el déficit se dispara a casi 5 por ciento del PIB, que sí es algo muy difícil de aceptar.
No me meto al detalle en el asunto de ingresos petroleros, que me parece que están sobreestimados en casi 30 por ciento. En este año, dice Hacienda, vendimos hidrocarburos con un precio de referencia promedio de 93.60 dólares, mientras que en el próximo lo haremos a 68.70 dólares. Eso es una reducción de casi 27 por ciento, que sin embargo Hacienda estima en 15 por ciento. Sin producir más, sin un ajuste cambiario (que tampoco esperan), no me imagino cómo es que los ingresos crecerán.
Lo que sí crece notoriamente son los gastos. De hecho, en pesos constantes, el gasto en 2022 y el que se espera para 2023 son superiores al ejercido en 2016, el año de mayor gasto en el sexenio pasado, a partir del cual ese gobierno decidió controlar las finanzas públicas porque era evidente que se dirigían a una crisis fiscal de fin de sexenio. Esa corrección es lo que conocemos públicamente como el “gasolinazo”, que sin duda ayudó a la oposición, es decir a López Obrador, a ganar en 2018. Peña Nieto asumió el costo político para evitar una tragedia económica como las vividas en aquellos sexenios irresponsables de hace décadas.
Ahora, justamente al cierre del cuarto año, López Obrador toma el camino opuesto. En lugar de moderar gastos e incrementar ingresos, como intentó hacerlo Peña Nieto, elige incrementar los gastos aunque los ingresos no den. Es más, optan por inventar cifras para fingir que tendrán los ingresos. Cualquiera que tenga un poco de práctica con los datos económicos puede comprobar que este paquete presupuestal es un engaño.
Pero, recuerde, lo único que le importa a López Obrador, lo único que entiende, es el poder, y no quiere perderlo. No por nada acumuló la mayor cantidad para un presidente en décadas. Si para mantenerlo en sus manos es necesario hundir la economía, incluyendo el patrimonio de usted, no dudará en hacerlo. Es más, ya lo está anunciando con este paquete presupuestal.
Lo que comentamos en esta columna desde hace algún tiempo ha llegado. La crisis fiscal nos espera, y aunque no puedo estimar el momento del estallido, cada día me parece más probable que ocurra antes de las elecciones de 2024. Pero habrá colegas con otra opinión, que vale la pena escuchar.