México se debate entre dos fuerzas de considerable magnitud. No, no me refiero a la polarización política, sino al choque económico. Por un lado, tenemos enfrente la mayor oportunidad; por otro, tenemos al peor gobierno. En ambos casos, la afirmación es cierta por al menos un siglo, pero tal vez lo sea para toda la historia nacional.
Del gobierno no hay mucho que añadir. En cuestión económica, su desempeño ha sido miserable, y si las cosas no están peor no se debe a decisiones del gobierno, sino a una actuación razonable del Banco de México y al impacto de la otra fuerza: la inmensa oportunidad externa.
El conflicto entre Estados Unidos y China, desatado por Donald Trump, pero previsible debido a la agresividad y debilidad chinas, alcanzó un nivel diferente durante la pandemia. Las fallas en cadenas de suministro, debidas a reacciones de política sanitaria no siempre con base científica, han convencido a los estadounidenses de no depender más del país asiático. Esto abre la puerta a la creación de un bloque norteamericano mucho más poderoso, aunque sea mediante una herramienta ineficiente, como lo es el TMEC.
El elemento más importante para aprovechar esa oportunidad es la energía. A diferencia de otras épocas, ahora no es la mano de obra barata lo relevante, sino el acceso a energía confiable, a buen precio y, cada vez más, limpia. La reforma energética de 2013 apostaba a eso, pero el actual gobierno ha destruido las tres cosas: no hay abasto confiable, no ocurre a buen precio y es ahora más sucia que antes.
El comunicado de ayer de Standard & Poor’s, donde ratifican la calificación de México, pero mejoran la perspectiva, creo que refleja lo que acabamos de comentar. Primero, dicen que esperan que continúe “la ejecución cautelosa de las políticas fiscales y monetarias de México” por el resto del sexenio y que no crezca la relación deuda a PIB. Segundo, dicen que “no esperamos que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de negocios”, es decir, celebran que no haya avanzado la contrarreforma eléctrica, y que no haya más destrozos en el marco institucional del país.
En ambos casos, la calificadora habla de expectativas, de esperanzas. Este columnista cree que no hay una ejecución cautelosa de políticas fiscales, sino un gran esfuerzo del gobierno por jugar con las cifras para que eso parezca. Lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones, y preocupa particularmente el tema de mantener el precio del combustible a costa del erario. Me parece que la calificadora también está preocupada por eso, y por eso lo señala con claridad, al grado de insistir en que la relación deuda a PIB no crezca más.
En lo relativo a los cambios constitucionales, el comunicado nos confirma que la oposición política no sólo está siendo exitosa, sino que abona al futuro de México. Es gracias a la decisión de los partidos de oposición que no se deterioró más la perspectiva. La idea que promovió el diputado Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, de una moratoria constitucional, ha recibido el aplauso de las instituciones, y ha salvado el grado de inversión para México. Es de reconocerse.
Cuando faltan dos años para el fin de este gobierno, el Presidente ha recibido un gran consejo de parte de Standard & Poor’s: no siga presionando las finanzas y regrese a la reforma energética de 2013. Si hiciese caso, el crecimiento de la economía superaría fácilmente 3 por ciento anual, se evitaría la crisis fiscal y el triunfo de su sucesor estaría garantizado. No tendría que preocuparse por desmantelar al INE, perseguir opositores, promover títeres, nada. Con esas dos acciones podría salvar su sexenio. No lo hará.