Alejandro Gertz, fiscal de la República, tiene un pleito familiar antiguo, por el que demandó a la pareja de su hermano, ya fallecido. Ese pleito nunca prosperó, hasta que él llegó a la Fiscalía, y desde ahí lanzó todo el poder del Estado, por encima de la ley, contra la señora y su familia. De hecho, tiene encarcelada a la hija, acusada de participar en el maltrato del hermano (que en realidad falleció ya bajo el control de Gertz) como “garante accesoria”, figura que no existe para este tipo de delitos (aunque sí para cuestiones financieras). El pleito fue atraído por la Suprema Corte, y en ella los 10 ministros presentes estuvieron de acuerdo en que la señora Alejandra Cuevas no cometió delito, pero la mitad de ellos rechazó dejarla en libertad para “entrar a fondo” en el caso. Justicia que no es expedita no es justicia, y en este caso es una Suprema Injusticia.
No es lo único. En la Ciudad de México, el gobierno construyó un caso en contra de la delegada (ahora alcaldesa) de Cuauhtémoc, con base en acusaciones de dos policías (que son subordinados del gobierno, no de la alcaldesa), y rápidamente una juez decidió suspenderla. En realidad, Sheinbaum, pero sobre todo Batres, consideran inaceptable perder la joya de la corona de la ciudad, en términos de dinero ilegal. No existe otro lugar donde pueda recaudarse tanto de la informalidad y la ilegalidad como esa delegación, que perdieron en la elección de junio pasado. El botín estaría yendo al cofre de guerra de Monreal, y no de Sheinbaum, y lo quieren arreglar penalmente. En esto, siguen el camino indicado por Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que inventó un delito para detener a José Manuel del Río Virgen, mano derecha de Monreal en el Senado.
En Nuevo León se ha detenido al anterior gobernador, acusado de utilizar recursos públicos para conseguir las firmas necesarias para competir como candidato presidencial en 2018. Por ese mismo delito deberían estar también detenidos, al menos, la secretaria de Educación Pública (confesa), y el mismo Presidente de la República, que utiliza recursos públicos para promover su ratificación.
Sólo unos ejemplos del uso político de la justicia, algo que conocemos perfectamente en México. En el viejo régimen de la Revolución, así fue como acabaron con los movimientos de ferrocarrileros, maestros, médicos y estudiantes en los años 50 y 60. Así fue como Echeverría se dedicó a despojar terrenos. Así funcionaba entonces, y fue lo que intentamos corregir con la reforma a la Suprema Corte de 1994 y la reforma electoral de 1996, que nos permitieron transitar a la democracia en 1997.
Puesto de otra forma, lo que vemos hoy en materia judicial es la demostración clara de que ese periodo democrático llegó a su fin en 2018. Si durante esos 21 años la justicia tuvo defectos, no son en absoluto comparables con lo que vivimos ahora: un fiscal usando todo su poder para resolver pleitos personales, la Corte subordinada al fiscal, gobiernos estatales de Morena persiguiendo opositores, el Presidente promoviendo el voto por sí mismo.
Hay una diferencia, sin embargo, con ese viejo régimen. Era un régimen autoritario, como ahora, pero tenía una estructura construida en varias décadas, conformada por personas calificadas en sus áreas de competencia. Había reglas no escritas que limitaban abusos. Hoy no existen esas reglas, no hay estructura, y sobre todo no hay capacidad alguna. Por eso podemos esperar que la implosión ocurra muy rápido, lo que implica caos y grandes riesgos. Insisto en que estamos frente a un reto mayúsculo, de esos que sólo le ocurren a México una vez cada siglo.