Fuera de la Caja

Criminales

La reforma que propone el gobierno asegura desabasto, carestía y pérdidas financieras que se traducirán en que el gobierno tenga menos dinero disponible.

Por primera vez en décadas, en este sexenio la generación de electricidad crece menos que la economía. La razón es el director general de la CFE, un ignorante llamado Manuel Bartlett, que no entiende un concepto elemental de finanzas como es el valor presente, razón por la cual acabó pagando mil millones de dólares más de lo acordado por la entrega de un gasoducto. No me crea a mí, créale a Carlos Urzúa, que lo ha dicho muchas veces.

Peor aún, a inicios de este año, cuando hubo un evento climático extraordinario en Texas, la CFE tuvo que pagar el gas a más de 10 veces su precio normal, porque el director general no había considerado comprar coberturas. Nada más en esos dos eventos, Bartlett nos costó 50 veces lo que tiene acumulado en casas, que no son pocas.

Más grave, en 2020 decidió devolver al SUTERM los privilegios que habían perdido con motivo de la reforma energética. Con ello, ha elevado el pasivo laboral de la CFE en 200 mil millones de pesos (un incremento de 60 por ciento). Es por esa razón que la CFE tiene pérdidas los últimos años. No porque les cueste más generar electricidad, ni porque alguien les venda caro, sino porque el costo de los beneficios laborales se ha comido toda la utilidad. El impacto de esta decisión es cinco veces mayor que las dos primeras que le comenté.

No hay entonces ninguna razón financiera por la cual se deba revertir la reforma energética de 2013. Mucho menos existe alguna razón para convertir a la CFE en un “organismo del Estado… responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control”. Al eliminar la Comisión Reguladora de Energía e incorporar el Cenace a CFE, la empresa se convierte en un monopolio que, como cualquier otro, venderá menos de lo que el mercado requiere, para poder vender caro.

El objetivo de esta reforma, y de todo el gobierno actual, es regresar a México a los años 70. Quieren un país cerrado, donde el gobierno controle directamente más de 50 por ciento del PIB a través de sus empresas, y en el que nadie pueda pensar de forma independiente. Por eso buscan desplazar la competencia, por eso quieren callar a los opositores, por eso persiguen científicos. Es tan grande su incompetencia que la única forma que tienen de perpetuarse en el poder (como desean) pasa por controlar lo más que puedan de la economía.

En este momento, entregar el control del Sistema Eléctrico Nacional a la CFE significa perder cualquier posibilidad de crecimiento económico en el futuro. La empresa es incapaz de incrementar la generación (no lo ha hecho en estos tres años), incapaz de generar valor (tiene pérdidas en todo este gobierno) e incapaz de producir a un precio razonable (cuesta más del doble de cualquier otro). La reforma que propone el gobierno asegura desabasto, carestía y pérdidas financieras que se traducirán en que el gobierno tenga menos dinero disponible. Para lo que sea.

Finalmente, esta reforma, al cambiar las reglas, destruye el valor de las inversiones realizadas en el sector, especialmente en los últimos años. Los inversionistas pueden buscar compensación a través de los acuerdos que tiene México con otros países. Seguramente lo harán, y eso implicará un adeudo considerable, similar a la deuda que hoy tiene Pemex y no puede pagar.

En suma: quienes hoy están en el gobierno, para quedarse ahí, están dispuestos a dejarlo a usted sin electricidad, a cobrarle más en las contadas ocasiones en que la reciba, a empobrecer al país y al gobierno, y a endeudarnos por generaciones. Es lógico que los políticos quieran el poder; es inaceptable, inmoral, criminal, que lo hagan a este costo.

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