Las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el martes pasado, han sido celebradas por muchas personas que consideraban que Félix Salgado Macedonio no debería haber sido candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Esa opinión se debía a las varias denuncias por abuso sexual y violación en contra del todavía senador. Sin embargo, la cancelación de la candidatura de Salgado, lo mismo que la de Raúl Morón, candidato también de Morena pero a la gubernatura de Michoacán, ocurrió porque no cumplieron el requisito de entregar información financiera de la precampaña.
Aunque la pena de perder la candidatura por no entregar unos papeles puede parecer excesiva a muchos, está escrito así en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 229, párrafo 3: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido… no podrá ser registrado legalmente como candidato”. Por esa razón el INE decidió no registrar a dichos precandidatos, recibió el respaldo del Tribunal, y ambas instituciones procesaron las apelaciones. Es posible que esta ley sea demasiado dura, pero tenemos un problema muy serio con el financiamiento electoral, y hay que recordar que fue aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, como todas las reformas electorales desde 1990.
Las acusaciones de Salgado, de Mario Delgado, presidente de Morena, y del mismo presidente de la República, en contra del INE y el TEPJF son inexactas y, al menos en el caso de López Obrador, faltas de toda ética y responsabilidad. No puede el Presidente atacar al órgano electoral por cumplir con la Constitución. Sería como si López Obrador hubiese decidido incumplir la protesta con la que asumió el cargo de presidente de la República. Me pregunto si eso lo inhabilita para el cargo.
La voluntad inconstitucional del Presidente ha sido constante. Entiendo que hay más de 20 recursos que debe discutir la Suprema Corte de Justicia acerca de la constitucionalidad de decretos y leyes que ha promovido este gobierno. No es raro que haya acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, pero sí que prácticamente todas las decisiones relevantes de este gobierno estén esperando que la Corte diga si pueden o no llevarse a cabo. Nada más en este mes se sumaron la Ley de la Industria Eléctrica, la reforma de hidrocarburos, el padrón de usuarios de celular y la extensión de la presidencia de la Corte.
Este último caso es de la mayor importancia. Es totalmente claro que se trata de una violación a la Constitución, pero López Obrador dice que no es así. El mismo Arturo Zaldívar, promotor de la reforma al Poder Judicial, aceptó que el transitorio de la extensión de su periodo no estaba en lo negociado, pero que no opina al respecto. Me parece inconcebible que el presidente de la Corte no pueda emitir una opinión clara y contundente en un tema tan relevante, que le afecta directamente. Pero fue precisamente una actitud como ésta la que provocó que en el TEPJF los magistrados decidieran dejar solo a su presidente, demostrando en los hechos que hay diferencia entre ser atento o ser obsecuente y servil. Optaron por la dignidad que no tuvo su presidente.
Ignoro si los ministros de la Corte vayan a tener un proceso mental parecido y decidan en bloque elegir la ley por encima de cualquier otra consideración. Sería precisamente lo esperado en un juzgador supremo: sería una decisión que daría sentido a sus vidas. Y sería también el principio del fin del experimento totalitario del enfermo de Palacio.