Imagina que llegas a una farmacia, necesitas un medicamento y tienes dinero en la mano, pero te dicen: «Aquí solamente aceptamos pagos digitales». ¿Es progreso o una nueva dificultad? La respuesta depende de algo esencial: que la tecnología funcione para todos.
México acaba de expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Su propósito es impulsar transferencias, tarjetas, códigos QR y otras formas de pago. También facilita la identificación digital para contratar servicios financieros y busca simplificar trámites. En principio, son herramientas que pueden ahorrarnos tiempo, costos y complicaciones.
Pero hay un punto que merece especial atención. El artículo 13 permite que la Secretaría de Hacienda determine sectores y actividades en los que los pagos digitales puedan ser la única forma de pago. Esto NO significa que mañana desaparezca el efectivo en todo el país. Significa que habrá decisiones posteriores sobre dónde y cómo se aplicará esa posibilidad. Y ahí estará la verdadera prueba.
¿Por qué puede ser una buena noticia? Porque pagar electrónicamente puede reducir filas, facilitar comprobantes, mejorar el control de gastos y disminuir ciertos riesgos asociados con transportar efectivo. Para los negocios, puede agilizar cobros y registros. Para el gobierno, puede hacer más transparentes algunos trámites. También puede abrir puertas a personas que hoy tienen dificultades para acceder a servicios financieros.
¿Y por qué debemos ser cuidadosos? Porque no todos cuentan con una cuenta bancaria, un teléfono adecuado, señal de internet o conocimientos digitales. Pensemos en una persona mayor, un comerciante de mercado o una comunidad con conectividad intermitente. Una obligación que parece sencilla desde una oficina puede convertirse en una barrera en la vida diaria.
Además, lo digital no es sinónimo automático de seguridad. Cambian los riesgos: menos efectivo en caja, pero más oportunidades para estafas, robo de identidad, cargos indebidos o fallas de sistemas. También surgen preguntas legítimas sobre privacidad: quién puede consultar nuestra información, para qué y con qué controles.
La propia ley contempla que, ante contingencias que impidan cobrar digitalmente, se permita pagar en efectivo o cheque. Es importante, pero no suficiente: hay que saber cómo se aplicará esa salida cuando falle la luz, la red o una plataforma.
Por eso propongo siete mínimos indispensables antes de exigir pagos exclusivamente digitales.
Primero, acceso real: nadie debe quedar fuera de bienes y servicios esenciales por no tener conexión o herramientas financieras.
Segundo, costos claros y razonables: ni el ciudadano ni el pequeño negocio deben cargar comisiones ocultas.
Tercero, seguridad preventiva: mecanismos sencillos para evitar fraudes y resolverlos con rapidez.
Cuarto, privacidad: datos protegidos y accesos debidamente justificados.
Quinto, continuidad: alternativas operativas cuando la tecnología falle.
Sexto, competencia: distintas opciones de pago que funcionen entre sí, sin depender de un solo proveedor.
Séptimo, medición: publicar cuántas personas se incorporan, cuánto cuesta pagar, cuántos fraudes ocurren y qué tan bien se resuelven.
Hay otra regla fundamental: primero construir las condiciones; después establecer obligaciones. No al revés. Una transición gradual, explicada con claridad y acompañada de capacitación, puede convertir una reforma compleja en una oportunidad compartida.
¿Funcionará? Todavía no podemos asegurarlo. Una ley abre posibilidades; su implementación determina los resultados. Tampoco sería serio afirmar que está destinada al fracaso. Habrá que observar qué sectores se eligen, qué reglas se publican, cómo se protege a los usuarios y si los beneficios llegan a todos, no solamente a quienes ya están conectados.
La modernidad no se mide por cuántas veces dejamos de usar billetes, sino por cuánto mejor vivimos. La confianza se gana cuando un sistema es útil, seguro, accesible y responde cuando algo sale mal.
Digitalizar debe significar más opciones y mejores servicios, no menos derechos. Porque el verdadero avance no es obligarnos a cambiar la forma de pagar: es darnos razones para preferirla.
¡Hacer el bien, haciéndolo bien!