La seguridad no se mide únicamente por los delitos que disminuyen, sino por la libertad que recuperan las personas. Poder caminar sin miedo, utilizar el transporte público, abrir un negocio o permitir que nuestros hijos salgan de casa: ahí comienza la verdadera evaluación de cualquier política de seguridad.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a septiembre de 2026, ofrece una señal alentadora y una advertencia que no debemos ignorar. La población adulta que considera insegura su ciudad pasó de 63.0% en septiembre de 2025 a 58.1% un año después. Es una mejora relevante. Pero significa también que casi seis de cada diez personas siguen sintiéndose inseguras en el lugar donde viven.
No hay contradicción en reconocer avances y exigir mejores resultados. El error sería convertir una cifra favorable en una declaración de victoria, o desconocerla por conveniencia. La seguridad exige datos verificables, continuidad y una visión integral.
El promedio nacional tampoco cuenta toda la historia. En ciudades como Irapuato, Chilpancingo y Mazatlán, la percepción de inseguridad supera 85%. La realidad de una comunidad puede ser muy distinta de la de otra. Por eso, las estrategias deben diseñarse para cada territorio, con diagnósticos precisos, objetivos públicos y responsables identificables.
El miedo tiene consecuencias que rara vez aparecen en las estadísticas delictivas. Cambia nuestros horarios, modifica trayectos, limita las visitas familiares y restringe la autonomía de niñas, niños y mujeres. En la ENSU, las mujeres reportan una percepción de inseguridad considerablemente mayor que los hombres. Cuando una persona renuncia a su libertad cotidiana por temor, la sociedad entera pierde oportunidades.
También debemos entender que seguridad y calidad de vida están relacionadas. Baches, fallas en el suministro de agua, drenajes obstruidos, alumbrado insuficiente, transporte deficiente y servicios de salud insatisfactorios forman parte de los problemas que los ciudadanos identifican en sus ciudades. No son equivalentes al crimen, pero sí influyen en la experiencia diaria de abandono o atención institucional. Lo esencial no puede fallar.
Existe otro dato que merece especial atención: apenas alrededor de tres de cada diez ciudadanos consideran eficaz a su gobierno local para resolver los principales problemas urbanos. Y mientras la Marina y el Ejército reciben evaluaciones de desempeño relativamente altas, la policía municipal obtiene una valoración mucho menor. Son instituciones con funciones diferentes, pero la brecha revela un desafío: fortalecer a quienes atienden primero las emergencias y conviven diariamente con la comunidad.
La respuesta no puede reducirse a más patrullas, operativos o discursos. Necesitamos policías locales profesionales, bien capacitadas, supervisadas y respaldadas; inteligencia para prevenir delitos; coordinación efectiva entre autoridades; ministerios públicos capaces de investigar; y justicia que reduzca la impunidad. La extorsión, el control criminal de territorios y la corrupción requieren atención prioritaria, sin confundir percepción ciudadana con incidencia delictiva comprobada.
Propongo cinco compromisos concretos: prevenir con información territorial; investigar y sancionar con resultados medibles; fortalecer las capacidades municipales; recuperar espacios públicos y servicios esenciales; y publicar indicadores comprensibles que permitan evaluar avances y corregir errores. No basta informar cuántos operativos se realizaron. Importa saber cuántas víctimas recibieron respuesta, cuántos casos se esclarecieron y cuántas personas volvieron a sentirse libres.
La corresponsabilidad ciudadana también es indispensable. Denunciar debe ser seguro y útil; participar en la prevención, accesible; vigilar a las autoridades, un ejercicio de ciudadanía y no de confrontación. Sin instituciones confiables no hay colaboración sostenida; sin ciudadanos involucrados, ninguna estrategia alcanza todo su potencial.
La meta no es ganar una discusión sobre cifras. Es construir comunidades donde la ley proteja, los servicios funcionen y la confianza tenga razones para crecer. La seguridad debe dejar de ser una promesa y convertirse en una experiencia cotidiana, comprobable y compartida.
Porque la confianza no se exige: se construye. La legitimidad no se proclama: se demuestra. Y la seguridad no se presume: se vive.
Hacer el bien, haciéndolo bien.