Aunque pareciera que ya pasó el vendaval que significó el episodio de los vuelos de la gobernadora de Quintana Roo, la verdad es que el tema puede seguir.
Si bien la mandataria local reconoció que sí utilizó aeronaves privadas para sus traslados, aunque haya negado que estos se hayan pagado con recursos públicos, hay aún más preguntas que respuestas.
Estas dudas cobran relevancia porque al menos 43 vuelos al extranjero se realizaron en dos aeronaves administradas por la firma PABE-TAX, vinculada corporativamente con el entorno de la empresa Seguritech, proveedor estrella de servicios de seguridad del gobierno quintanarroense.
Café con piquete
Agárrese de donde pueda, porque lo de menos es el obvio conflicto de interés que apesta a corrupción: la suspicacia en los pasillos políticos se ubica en los antecedentes de Seguritech, que ha estado bajo el escrutinio de investigaciones periodísticas en torno a sus millonarios contratos con gobiernos estatales, no sólo el de Quintana Roo.
Y si no, recordemos el caso de la llamada “Casa Azul” ubicada en el lujoso barrio Woodlands, en Houston, habitada por el exgobernador Diego Sinhué y propiedad de una sociedad ligada a Daniel Esquenazi, personaje relacionado económicamente con la mismísima Seguritech.
Bueno, pues resulta -inhale y exhale- que en este entramado de intereses aparece un nombre que podría darle al caso una dimensión política distinta que suena a un escándalo: Rodrigo Ímaz Alarcón.
Y es que Daniel Esquenazi ha presumido en varias ocasiones dentro de su círculo más cercano tener relación con él.
Si bien Ímaz ha mantenido un perfil discreto alejado de la política, comienza a ser mencionado como alguien con aspiraciones de ocupar espacios de influencia.
¿Acaso estamos frente al surgimiento de una nueva generación de hijos de políticos dispuestos a disputar posiciones en las cercanías del poder o simplemente aprovechar la influencia familiar para hacer dinero?
Las preguntas quedan en el aire, como el costo de los vuelos en Quintana Roo o la casa de Diego Sinhué.
Procuraduría Fiscal investiga a Xepelin
La Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Griselda Galeano García, investiga a Operadora Falcón, SAPI de CV, también conocida como Xepelin, por posible captación irregular de recursos, a partir de una denuncia presentada en agosto de 2026 ante las autoridades. En ella se señala que presuntamente la entendida no estaría autorizada para realizar este tipo de operaciones; o sea, que recibe los recursos de usuarios a través de su producto Xepelin Suite.
De acuerdo con la denuncia, presentada ante el órgano dependiente de la SHCP, dicho producto ofrece una “bonificación” de 4% sobre los montos ingresados al sistema por los usuarios. El señalamiento sostiene que este esquema podría constituir una forma de captación de recursos y que las operaciones pasarían inicialmente por el intermediario STP para, posteriormente, ser recibidas por Xepelin.
Será la investigación de la Procuraduría Fiscal la que determine si las operaciones denunciadas se encuentran dentro del marco regulatorio aplicable o si podrían constituir alguna infracción. Ahora bien, en caso de que las autoridades concluyeran que existió una conducta contraria a la legislación financiera, vamos, algo ilícito, correspondería determinar las posibles responsabilidades y consecuencias legales.
No está por demás dejar asentado que la investigación ocurre mientras la CNBV, evalúa la posibilidad de otorgar a Xepelin una autorización para operar como Sofipo. De hecho, en agosto, el CEO de la compañía, Sebastián Kreis, aseguró en una entrevista que dicho trámite se encontraba en “la última fase regulatoria”.
Este caso nuevamente prende las alarmas sobre la actuación de la CNBV en tiempos cuatroteros.
Sí, lo que acaba de leer, abre nuevamente el debate sobre la supervisión que ejerce la CNBV sobre las empresas y plataformas del sector financiero. Casos y controversias recientes dentro del ecosistema fintech han incrementado los cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia, autorización y cumplimiento regulatorio.
Por lo que la pregunta que salta es si los actuales mecanismos de supervisión son suficientes para detectar oportunamente posibles incumplimientos y qué implicaciones tendría que una empresa que se encuentra en proceso de obtener una autorización financiera enfrente, al mismo tiempo, señalamientos de esta naturaleza.