Qué malos ejemplos da la ‘4T’, pero qué bien se educan los empresarios privilegiados con contactos en Pemex. El arte del moche se ha perfeccionado desde que Andrés Manuel ganó la Presidencia. Cómo olvidar la Casa Gris de Houston, quesque prestada por Baker Hughes a José Ramón López Beltrán y a la señora que parece tiene dinero, diría su suegro, cabildera petrolera de su esposa, Carolyn Adams.
Donde hay mucho dinero, suele haber mucha corrupción. Les cuento el caso de Blue Marine, uno de los proveedores consentidos de la ‘4T’, cuyo director de operaciones, Irving Rivera Carrillo, opera una red de tráfico de influencias, de reparto de moches o extorsión o cobro de derecho de piso, de acuerdo con mis fuentes.
Pues si un proveedor de Blue Marine quiere participar indirectamente de un Contrato Integral con Pemex, tiene que pasar a la caja de Rivera.
Luego entonces, para cobrar estos moches, extorsiones o derecho de piso, está obligando a sus proveedores a cobrar con sobreprecio para poder salir; si no, ¿cómo?
Digamos que Rivera opera un multinivel de moches. Pemex otorga un contrato a Blue Marine y, seguramente, le aplica el moche, en un primer nivel, para sacarle pagos. Ya en Blue Marine, Rivera opera el segundo nivel del moche, imponiendo a sus proveedores el moche correspondiente. Y es altamente probable que los proveedores también cobren hacia abajo a pequeños proveedores que, en medio de la sequía de chamba petrolera, buscan desesperadamente algún proyecto para salvar su negocio.
Pemex es un desastre financiero que sigue siendo aprovechado por el Grupo Tabasco. No importa que hayan metido a Víctor Rodríguez a la cárcel por golpeador. Ni que Octavio Romero esté destrozando al Infonavit. Ni que Juan Carlos Carpio sea un bombero al que todos los días le avientan gasolina para que se incendie.
Es trágico, por decir lo menos, que haya multiniveles de moches con los Contratos Integrales de Pemex, porque las empresas petroleras están en vías de extinción. Les deben 375 mmdp. Súmele que a los cuatroteros se les ocurrió aplazar hasta 2033 el pago de 250 mmdp para despresurizar los balances y sacar, en papel, a Pemex de la quiebra. Los proveedores que sobrevivan seguramente llegarán a 2033 en cenizas. Pero eso sí, con hartos comprobantes de pago de moches, extorsión o derecho de piso que opera Irving Rivera, y vaya usted a saber cuántos ejecutivos privados y servidores públicos más.
¿Gobierna la ley o el abuso de poder en Álvaro Obregón?
En pleno Jardines del Pedregal, vecinos, comerciantes y la propietaria del inmueble denunciaron públicamente que funcionarios de la alcaldía, encabezada por Javier López Casarín, ingresaron al establecimiento ubicado en Blvd. de la Luz 270 con el propósito de ejecutar una clausura por presuntas irregularidades administrativas.
Entraron con lujo de violencia, sin exhibir orden alguna que justificara el ingreso al inmueble. Ni funcionarios ni elementos de seguridad se identificaron. Hubo terceras personas y hasta vehículos sin placas, como si hubiéramos regresados a los tiempos de El Negro Durazo; ¡que sí se parecen!
Y eso de que “por el bien de México, primero los viejitos”, pues lo violaron también. La propietaria del centro comercial, una mujer adulta mayor, asegura que presentó las escrituras del inmueble y la documentación que acredita la propiedad y el funcionamiento del establecimiento. No les importó y la empujaron, forcejearon con ella y la intimidaron durante la (no) diligencia.
Si estos hechos se confirman, la discusión deja de ser administrativa para convertirse en un asunto de derechos fundamentales; de derechos humanos, pues.
El México cuatrotero desprecia el Estado de derecho. Los derechos de los ciudadanos deberían estar protegidos en todo momento. Pero la máxima de su líder, AMLO, es: No me vengan con que la ley es la ley. Comerciantes del centro comercial afirman, además, que el operativo afectó la actividad económica de los negocios, puso en riesgo empleos y ocasionó daños al mobiliario y a las áreas verdes del inmueble.
Las denuncias han generado inquietud entre vecinos de Jardines del Pedregal, quienes consideran que Javier López Casarín encabeza un gobierno golpista y de confrontación, con abusos de poder cada vez más evidentes.
Si la autoridad es la primera que viola la ley, ¿entonces en manos de quién se ponen los ciudadanos para que los cuiden? ¿De los chairos de Álvaro Obregón?