Fue una ocurrencia de López Obrador, un agujero presupuestal y un fracaso anunciado.
En 2023, el gobierno reconoció un gasto de 973 mdp, pero resulta que, oficialmente, la Unidad de Administración y Finanzas solo tenía reconocidos 549 mdp. O sea, andan bailando 424 mdp, lo que representa una lana importante que bien podría comprar medicinas para el cáncer, o prótesis, o material quirúrgico que no hay en los hospitales.
Los datos son del propio Conahcyt y hasta hoy no hay una declaración oficial que aclare adónde se fueron los 424 mdp restantes.
¿Quién se quedó con la mayor parte del dinero?
Con el sello cuatrotero por delante. La mayor parte del dinero no se destina a científicos o a insumos, sino a empresas que gestionan el estudio.
Investigación biomédica
No se observa contratación directa con los hospitales o laboratorios, sino mediante organizaciones de investigación por contrato (CRO), ILS Clinical Research, Oaxaca Site, CAIMED, entre otras.
“Conducir el protocolo”, “Servicios de CRO” o “Gestión de viáticos” son los conceptos que se facturaron para ejecutar estudios y pagar a terceros, incluso voluntarios y otros laboratorios. Vamos, en castellano, pulverizaron los mil millones para realizar la trazabilidad del dinero.
Para poner un ejemplo, sólo a CAIMED se le pagaron 15 mdp por “conducción del protocolo” y posteriormente otros 15 mdp por el mismo concepto, además de 990 mil pesos para “apoyar a voluntarios”. No se identifica una justificación clara para la intermediación en la entrega de apoyos a voluntarios, lo que sugiere un esquema que incrementa costos y transfiere recursos públicos al sector privado sin evidencia de necesidad operativa.
Alguien hizo un gran negocio, lucrando con la urgencia y desesperación de millones de familias mexicanas que no tenían acceso a vacunas, porque al Doctor Muerte, López-Gatell, y a López Obrador no les dio la gana comprar vacunas de calidad, teniendo además la responsabilidad del Estado de velar por la salud de los mexicanos. Y sin pudor alguno decidieron inventarse que iban a crear una vacuna mexicana.
Pero el abuso en la creación de la vacuna Patria no para ahí.
Avimex se queda con todo, el Conahcyt, con nada
Los derechos de la vacuna ni siquiera eran para el Conahcyt; ¡los privatizaron! Tal cual aparece en el contrato, mire:
En el FORDECYT.293/2020, la cláusula novena, propiedad de los bienes dice:“Una vez emitida la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera se entenderá que los bienes adquiridos con los recursos [...] forman parte del patrimonio del ‘beneficiario’ [Avimex], en el entendido de que el ‘Conahcyt’ no tendrá interés jurídico sobre esos activos”.
Los derechos de la vacuna Patria, en manos de particulares a perpetuidad. Todo para poder cobrar rentas permanentes al Conahcyt.
Pero además, Avimex se quedó con todos los equipos e insumos, pagados con recursos federales, que se utilizaron en el desarrollo de la vacuna. ¿Por? Y lo dejaron por escrito en el contrato.
Y para cerrar con broche de oro, “se quedaron con el cambio” de 400 millones.
Lo reconoce la ASF en respuesta a una solicitud de información. Mire:
La solicitud (punto 4) requería: “La ASF detectó reintegros por ‘recursos no ejercidos’. Solicitó el acta de finiquito y el comprobante de reintegro a la Tesofe...”
La Unidad de Administración y Finanzas respondió (en H5301-SVS-077-M-2026.pdf):“Se realizó una búsqueda exhaustiva [...] sin que se haya localizado documentación relacionada con el acta de finiquito ni con el comprobante de reintegro a la Tesofe de los montos no utilizados de los $973 mdp”.
Pero también se aventaron el baile de los testados, lo cual impide validar los CFDI emitidos, para seguir el rastro de la facturación y del dinero.
En el archivo Proyecto 293-2020_Desglose financiero.xlsx, se observan las filas 20 y 1097. Se registra un seguro pagado a “Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV”. La observación indica: “FAC $78,507.64 USD TC 19.97”. En la fila 20 del mismo archivo, la factura está en USD y el pago fue por MXN $1,567,797.57.
La respuesta oficial a la solicitud establece que han testado los datos personales como RFC, CURP, entre otros, lo cual es legal. Pero, además, testaron los códigos QR y las cadenas originales de las facturas, lo cual impide validar si esos documentos son reales y no falsos. Entonces, ¿Dónde está la transparencia?
Vacuna fabricada con un juego de facturas y empresas que no son hospitales ni laboratorios. Casi mil millones invertidos y, aparte del despilfarro en estudios y conceptos de “servicios”, los números no cuadran y hay 423 mdp volando, con una vacuna que quedó autorizada por Cofepris en junio de 2024, casi cinco años después de que estallara la pandemia, a finales de 2019.
¿Por qué no cancelaron el desarrollo de la vacuna Patria, cuando el mundo declaró terminada la pandemia del Covid-19? ¿Qué sentido tenía seguirle metiendo dinero a un proyecto que nació muerto, como el Tren Maya y el AIFA?
¿O alguien quería gastarse hasta el último peso de los mil millones que les habían “obsequiado” desde la mañanera de López Obrador, para desarrollar la vacuna Patria?
Ni los científicos vieron el dinero, ni los enfermos vieron la vacuna, ni el Conahcyt vio los equipos, ni la Tesofe vio el reembolso. Pero eso sí, las empresas fantasma vieron los millones llover.
¿Y ahora qué? Ya hay denuncia.
Folio: DBFHCBIHGNDG. Consecutivo: 018/2026.
Veremos qué hace la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Ya no es solo un reportaje, es una denuncia formal.
