El ‘modus operandi’

Por declaraciones firmadas por Emilio Zebadúa ante la FGR se sabe que quien operó todo el esquema de triangulación de recursos en Sedatu y Sedesol fue él. Súmele, además, que el hoy comesolo ha sido señalado en más de una ocasión por la ASF y por la UIF como responsable directo de haber falsificado y creado este entramado y desvío de recursos: la ‘estafa maestra’.

(Váyase por un pan de dulce y una botella, no un trago, sino por la botella completa del fuerte de su gusto, pues la ocupará… ¡completita!).

De hecho, Emilio Zebadúa tiene una orden de aprehensión junto a otros ex funcionarios públicos federales, cercanos a él, otorgada y librada por un juez penal de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya por el delito de delincuencia organizada y jamás, de manera por demás extraña y sospechosa, la orden ha sido ejecutada por la FGR. ¡Quihúuuuuuuuboles!, ¿cómo les quedó el ojo? Y luego nos dicen que la justicia en México no está siendo selectiva, y saben qué, tienen razón quienes lo dicen, pues está siendo… selectivísima.

Según una fuente proveniente de su círculo cercano de colaboradores que decidió contar la verdad de los hechos, y de acuerdo con declaraciones de la propia FGR, hay evidencia de un mismo modus operandi de la llamada ‘estafa maestra’:

Falsificación de convenios, generales y específicos, utilizando el nombre de servidores públicos que, en muchas ocasiones, ni enterados estaban de esos actos. Una vez que se transferían los recursos a las empresas fantasmas, se presentan dichos convenios ante los órganos fiscalizadores o incluso ante la FGR para judicializar y llevar ante jueces de control las imputaciones de un pobre cristiano que ni la debe ni la teme, y vincularlo a un proceso penal. Ante esta situación, es poco lo que puede hacer el imputado, y el esquema ha funcionado de manera perfecta en el caso de la ‘estafa maestra’.

Pues cinco años después de los primeros señalamientos de la ASF sobre la ‘estafa maestra’, hoy seguimos sin tener a los responsables directos y reales, sujetos a proceso, vamos… ni que se hayan modificado los fundamentos legales que permitieron la estafa del famoso artículo primero de la Ley de Adquisiciones. Ah, y a Rosario Robles, casi tres años después, aún la tienen defendiéndose de la medida cautelar que el juez de consigna Delgadillo Padierna le impuso, no si es culpable de omisión o no, como ha sido acusada.

El modus operandi de la ‘estafa maestra’ es crear una cortina de humo involucrando a servidores públicos como chivos expiatorios, generando distractores que eviten llegar a los verdaderos autores intelectuales, creando incentivos perversos para que los que denuncian sean perseguidos y los que se callan queden impunes. ¡Bonitos incentivos para la justicia!, pero eso es lo que estamos viviendo.

De acuerdo con mi informante, los principales involucrados en la operación junto con Emilio Zebadúa son:

Francisco Báez Álvarez, brazo derecho del oficial mayor como operador financiero; Enrique Prado Ordoñez fue director de Adquisiciones y era responsable de reclutar o crear a las empresas fantasma.Tal es el caso de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, entre cuyos accionistas están Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza. La primera, hermana de Enrique Prado Ordoñez.

Humberto René Islas, quien fue el director general de Recursos Materiales en Sedesol, se encargó de la logística, traslado de efectivo y contratación de medios de transporte para asegurar los pagos a las universidades y a las empresas.

Claudia Gabriela Morones Sánchez se encargaba de establecer los contactos con el personal de las diferentes universidades estatales con las que se celebrarían contratos. De hecho, existen los testimonios de varios rectores al respecto. Llevaba los entregables y los convenios para la firma de los directores y funcionarios estatales.

En oficinas ubicadas en la Nueva Anzures, de la CDMX, se realizaba la falsificación de los convenios y contratos, así como de los documentos soporte de los mismos, los famosos entregables. Ahí trabajaban entre 25 y 30 empleados con especialidades diferentes (contadores, administradores, grafólogos, abogados y diseñadores gráficos, entre otros).

Rosalba Camacho es quien se encargaba de los pagos en efectivo a la estructura de la actual Fiscalía y de varios jueces para definir a qué investigaciones habría que darles prioridad y cuáles otras debían mantenerse en la congeladora, obvio, por instrucciones directas de Zebadúa. Los nombres de estos personajes me los reservo para otra entrega.

El trasfondo de la ‘estafa maestra’ no es solo un problema de corrupción: lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones mexicanas, que en conjunto deberían garantizar derechos fundamentales de manera efectiva y progresiva, investigar y perseguir delitos, no inventarlos, pero, sobre todo, fincar verdaderas responsabilidades. Y si este gobierno fracasa en el cumplimiento del mandato, vendrá otro al que habrá que exigirle lo mismo. El problema es que cada día el abismo es más hondo y el desencanto, mayor.