La reforma judicial fue sellada con broche guinda el domingo pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina quedarán integrados, casi en su totalidad, por candidatos que ya antes de la jornada electoral eran identificados como los favoritos del gobierno y su partido. Es previsible que algo similar ocurra con el resto de los tribunales y juzgados cuyos resultados aún están por definirse.
Entre el vacío dejado por la oposición, la bajísima participación ciudadana y la eficaz movilización de Morena, las elecciones judiciales están confirmando lo que se anticipaba desde la aprobación de la reforma: la hegemonía del partido en el poder se ha extendido al ámbito judicial.
Falta ver, por supuesto, cómo actuarán los nuevos juzgadores una vez que asuman sus cargos. En el pasado, ministros propuestos por algún presidente —incluido López Obrador— terminaron asumiendo posiciones independientes. No puede descartarse que algo similar suceda ahora. Pero mientras eso se decanta, la percepción generalizada es que estos jueces responderán a Morena. Y eso, por sí mismo, tiene un peso enorme.
El resultado de las elecciones no es un hecho aislado. Ocurre en el contexto de una Presidencia que ha ampliado sistemáticamente sus poderes, un partido oficial que ha extendido su dominio territorial —al menos hasta los recientes reveses en Durango y Veracruz— y un Congreso donde la oposición, en la práctica, ha dejado de ser un contrapeso.
La nueva hegemonía también es cultural. La presidenta supera el 70 por ciento de aprobación; la oposición está reprobada y borrada de los medios y de la conversación pública; la crítica intelectual ya no tiene ni de lejos el peso que tuvo, cuando un desplegado bastaba para poner a un gobierno a la defensiva; y la sociedad civil, que aún el año pasado se movilizaba en defensa del INE y de la democracia, hoy está replegada.
Adaptando la tipología sobre las posibles reacciones ante el deterioro institucional que propuso en 1970 Albert O. Hirschman, connotado economista y pensador social, lo que observamos hoy en México es una pérdida progresiva de los espacios —institucionales y culturales— necesarios para ejercer con efectividad la “voz” (voice): el mecanismo por el cual los miembros de una colectividad expresan su inconformidad, se oponen o resisten. Para funcionar, la voz necesita “espacio, estructura y legitimidad”. En México, los espacios se han ido cerrando, las estructuras para expresar el descontento están cada vez más desarticuladas y la legitimidad de los intereses contrarios al gobierno, más cuestionada.
En la medida en que la voz pierde fuerza y capacidad de incidencia, son menos los que están dispuestos a perseverar en la rebeldía. Para quienes no están con el régimen y tienen intereses que proteger, la disyuntiva se vuelve cada vez más cruda: plegarse (loyalty) o replegarse (exit), las otras dos respuestas que desarrolla Hirschman.
Para el gobierno, esa primera respuesta no es mala. Aunque no se trata de una lealtad auténtica, sino meramente transaccional —motivada por el miedo o la conveniencia—, amplía sus márgenes de acción. Ya hay críticos que reconocen abiertamente su temor ante la falta de un Poder Judicial al que acudir si son demandados o amenazados.
Lo mismo ocurre en el mundo empresarial, donde crece la inquietud por el uso discrecional de la fiscalización y la regulación. La confianza que ofrecía la ley —por muy imperfecta que fuera su aplicación— se sostenía en canales institucionales. Hoy, pareciera que lo decisivo es estar del lado correcto del tablero político y contar con las conexiones que otorguen “legitimidad” a los intereses empresariales. La clave ya no es la ley, sino la política.
La respuesta de repliegue representa un desafío mayor para el gobierno. Que algunos críticos se echen para atrás no le afecta. Pero en el mundo empresarial, el costo puede ser alto. México seguirá siendo atractivo para quienes entienden las reglas del juego político, están bien conectados y pueden absorber los nuevos riesgos legales. Pero no todos pueden —ni quieren— operar así.
Para muchos corporativos internacionales, sobre todo en sectores regulados, el riesgo podría ser excesivo. La cobertura de la prensa internacional tras las elecciones del domingo basta para anticipar la cautela con la que ahora evaluarán sus inversiones. Y si, frente a este panorama, la opción dominante es el repliegue o la salida, perdemos todos. Mala noticia para ese nearshoring que tanto entusiasmo había despertado en el gobierno.
Al final, ni una lealtad transaccional ni un repliegue estratégico son buenas noticias para México. La voz es, sin duda, la respuesta más virtuosa. Su ejercicio efectivo no solo sostiene la política democrática, sino que también favorece las inversiones y apunta al crecimiento económico. “Lo que resiste, apoya”, decía Jesús Reyes Heroles. En este momento, ya es muy poco lo que resiste.