Con frecuencia le hago esta pregunta a entrevistados y personajes, expertos en seguridad interna o en lucha contra el crimen: ¿estamos condenados? México, de verdad, ¿no tiene salida frente al narcotráfico y su poder creciente, corruptor, degenerativo?
Nadie se atreve a decirlo, ni a afirmarlo tajantemente.
La esperanza en un país mejor subsiste, aunque no se sustente en hechos reales y comprobables.
¿Cómo salir de esto? ¿Cómo romper un ciclo nefasto, cancerígeno para la sociedad, que ha invadido los espacios públicos, la política, las campañas, la vida comunitaria, hasta el arte y la cultura con los corridos y la admiración por los narcos?
Todo está invadido por la delincuencia organizada: derecho de piso en los tianguis y mercados, en los centros comerciales, hasta en los aeropuertos, me confesó hace meses el presidente de una aerolínea nacional.
El debilitamiento institucional, la mal llamada reforma judicial que erosionó la independencia de jueces y magistrados, la desaparición de contrapesos al Ejecutivo federal cada vez más poderoso, ostentoso, controlador, ha contribuido sensiblemente a la proliferación del crimen.
No porque no existiera. No porque no hubiera narcos célebres desde hace décadas, como aquel que ofreció pagar la deuda externa (Rafael Caro Quintero) en los 80.
Sino porque se permitió su explosión reproductiva por todo el país, en todos los estados, en todas las líneas de negocio criminal.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace el país cuando existen señalamientos claros, órdenes de detención —de Estados Unidos—, carpetas locales de investigación para determinar si existe complicidad?
¿Tenemos narcopolíticos? ¿Tenemos narcogobiernos? A estas alturas, nadie se atrevería a negarlo.
Parecía exclusivamente un problema interno, que afectaba a México, aunque el trasiego de droga y su internamiento a territorio americano existe hace décadas. Los operativos fronterizos fueron y vinieron. Hubo épocas de colaboración, de información compartida y de investigación sobre el infiltramiento en el Ejército o la Marina de México. Todo lleva décadas… Y el problema no sólo subsiste, sino que ha explotado en dimensiones gigantescas.
Hay narco en todo el país, hay extorsión, secuestro y tal vez hasta huachicol (físico y fiscal) en todo el territorio nacional.
¿En qué momento pasó esto? Sucedió bajo nuestras narices y ninguna autoridad tuvo la estatura ética, moral, política de hacerle frente.
¿La tendrá la actual presidenta de México? Porque evidentemente su antecesor no la tuvo, y más aún, todo indica que se benefició de ello.
¿Es México un Estado fallido? Se entiende como una entidad nacional que no puede otorgar seguridad a sus ciudadanos, salud y educación de calidad. El Estado se corrompió y los responsables de ello gobiernan hoy.
La manoseada guerra contra el narco de Calderón, que resultó tan rentable electoralmente para López Obrador, fue fallida, equivocada, sin estrategia.
La narrativa disminuida de Peña, como si se tratara sólo de un problema de reputación e imagen internacional, fue también un fracaso.
Llegó el profeta, el que iba a solucionar la corrupción y regañar a los malos tras ofrecerles un abrazo. Y el crimen se extendió, se diversificó, se hizo político y partidista.
Y ahora el país está tomado, invadido, con controles territoriales, horarios, zonas, que afectan industrias, agricultura, comercio internacional.
La presidenta pide candidatos honestos sin mancha. Los de antes, claramente, no lo eran.
Perdóneme el argumento pueril, pero ¿y ahora quién podrá defendernos?
A todas las voces que aplauden una intervención de Estados Unidos, un comando que se lleve a Rocha, Insunza, Andy, Delgado y tantos señalados, les digo: no es la solución.
Porque a Washington, especialmente a este gobierno con sus propios señalamientos de ilegalidad, no le interesan la justicia, la libertad y la democracia.
Les interesa el control, la energía, el gas, los trenes, la electricidad garantizados y blindados de los vaivenes judiciales y políticos. No quieren salvarnos de los malos, sino tomar el control a cambio de aumentar niveles de seguridad.
El “profeta” nos metió en un problema mayor, al permitir el fentanilo —cuya existencia en México negó con malabares verbales y la expulsión de la DEA—, pero nos colocó al borde del conflicto, de las visas retiradas y su familia —buena para el negocio— bajo la mira de las autoridades.
¿México tiene salida? ¿O estamos condenados a convivir con criminales, reducir nuestro recorrido por el territorio nacional, inhibir la inversión, cerrar los negocios víctimas de la extorsión?
Que alguien responda, por favor.