La Aldea

Morena: rapiña y extorsión

Es inaudito el comportamiento de un gobierno y de un partido que patean a la sociedad civil organizada, para luego pretender extorsionarla con fines electorales.

Para los cientos de miles de mexicanas y mexicanos, millones tal vez, que trabajan en el sector filantrópico, que forman parte de una fundación o de cualquier Organización de la Sociedad Civil, organización no gubernamental (ONG), no es para nada un secreto el golpeteo que esta administración ha propinado desde el día uno.

Bajo la premisa de que estas organizaciones son “el brazo político de los empresarios” (sic, AMLO) o que representan intereses oscuros de México y del extranjero (también cita de AMLO), a miles de estas organizaciones las acosaron, reprimieron, hostigaron y auditaron durante los últimos cinco años.

El propósito parecía encontrar fondos escondidos provenientes de la CIA o del FMI —todas insensateces conspiracionistas de la 4T—.

En los hechos les retiraron, desde enero del 2019, todo apoyo económico para funcionar.

Gobiernos anteriores, reconociendo su incapacidad de cobertura y alcance para muchas causas sociales, habían abrazado mediante diversos mecanismos, la operación y contribución que estas organizaciones realizan al bienestar social.

Madres solteras, adolescentes en situación de calle, ancianos desprotegidos y abandonados, becas estudiantiles para buenos y altos promedios, becas para profesores y su capacitación en México y el extranjero, tecnología en escuelas, suministros para asilos y hospitales, en fin, una larga e interminable lista de causas, proyectos e iniciativas de la sociedad civil organizada, para tener un impacto favorable en distintos sectores.

Gobiernos anteriores, federal y estatales, otorgaban fondos, logística, personal, transporte, equipo de cómputo a muchas ONG’s para facilitar su trabajo, ampliar su impacto y profesionalizar su servicio.

Es importante decir que desde la Junta de Asistencia Privada (reformada y fortalecida en la CDMX desde el gobierno del ingeniero Cárdenas), se administra un estricto control y registro del impacto de estas organizaciones. Existen métricas establecidas para tener reportes precisos de su efectividad, beneficio y penetración social.

Y las asociaciones civiles entregan rigurosas cuentas de sus recursos al SAT y a distintas dependencias.

Todo esto para decir que el gobierno de AMLO eliminó de tajo todas estas partidas que permitían trabajar a muchas organizaciones civiles.

En cinco años, según el Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) desaparecieron entre un 35 y 40 por ciento del total de ONG’s en México a causa de esta cancelación gubernamental.

Otro de los perjuicios fue la limitación y eliminación también de los registros de deducibilidad de donativos económicos, que impactó severamente al sector. Al no poder recibir recursos de empresas, de particulares y de corporaciones por la incapacidad de emitir recibos deducibles, otras muchas también, se vieron forzadas a cerrar sus puertas.

Pues resulta que ahora, apenas un par de meses atrás, múltiples organizaciones —las sobrevivientes— recibieron la amenaza y exigencia por parte del gobierno capitalino de realizar donaciones para las campañas.

Escuche usted con atención, porque es inaudito.

No sólo les exigieron cantidades de dinero con cifras concretas, según el tamaño de la organización (3 millones de una, otro millón y medio de las pequeñas), sino que estipularon que de no entregar esos donativos, sus registros como donatarias autorizadas correrían riesgos.

La rapiña morenista, la extorsión de las campañas, pretende exprimir a las fundaciones y asociaciones civiles a las que ya les quitó en el pasado fondos y registros. Ahora quiere que donen para las campañas, bajo la amenaza de retirarles la capacidad de emitir recibos deducibles a sus benefactores.

Es de verdad inaudito el comportamiento de un gobierno y de un partido que patea a la sociedad civil organizada, para luego pretender extorsionarla con fines electorales.

Cínico, criminal, vergonzoso de una autoridad que —sin ninguna novedad en esta materia— viole la ley al destinar recursos etiquetados para las causas que las ONG’s se han fijado.

¿Lo sabrá la tan celebrada doctora Sheinbaum? ¿O será como tantas aventuras morenistas, obra de algún improvisado funcionario queriendo “lucirse” frente a la candidata, al entregarle —parcialmente, siempre algo se queda en el camino— una bolsa de recursos para su campaña?

El único compromiso social que al caudillo importa, es el que reparte dádivas gubernamentales que se traducen en votos.

Él mismo ha afirmado que esas organizaciones son sólo un disfraz de los empresarios para evadir impuestos.

México es el único país en el mundo que no sólo no promueve el fortalecimiento del tercer sector, el filantrópico y de compromiso social, sino que lo estrangula, exprime y aniquila.

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