La Aldea

Operación de Estado (I)

Existe desde la Presidencia la aprobación tácita para que las y los gobernadores de Morena echen mano del presupuesto para apoyar la consulta de revocación.

La cita fue el 4 de marzo en Palacio Nacional.

El presidente convocó a los gobernadores de Morena para expresarles de forma directa, sin intermediarios ni interpretaciones, un mensaje claro y preciso: “cuento con ustedes para la consulta”.

No fue un acto muy prolongado y más bien silencioso. Habló el supremo acerca de la necesidad de movilizar a todos los votantes para “apoyar al movimiento” en las urnas.

No se trata de una invitación voluntaria o una disposición de motu propio de las y los gobernadores, se trata de una instrucción y una exigencia.

Y por si alguien tuviera dudas, el mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó una tabla numérica en pantalla, con los votos que Morena obtuvo en las urnas por entidad federativa… ¡en 2018!

Es decir, para que nadie se confunda, la expectativa del presidente consiste en reunir una cantidad aplastante de votos en la consulta ciudadana para la revocación de mandato.

Todos muy callados y sorprendidos, casi pasmados.

Lo que pide el presidente es materialmente imposible, desde todo punto de vista: operativo, electoral, hasta presupuestal.

Sólo el gobernador de Sonora, Afonso Durazo, de los pocos que se atreven a expresar frente al presidente algún argumento distinto al discurso del supremo, dijo con claridad: las casillas de votación serán menores a las de una elección general, aproximadamente un 30 o 40 por ciento; eso quiere decir que la distancia para los electores en estados como Sonora, será mucho mayor para acudir a una casilla y esto provocará largas filas y rechazo ciudadano. Además se requerirá transporte, operadores, gastos. Será más difícil.

La respuesta presidencial fue contundente: “a ver cómo le hacen, pero no habrá dinero para esto; ustedes se las arreglan”.

Alguien más señaló que si podían hablar con los órganos de control presupuestal, para disponer de recursos del presupuesto estatal para impulsar la movilización. La respuesta fue afirmativa.

“Yo no me meto en eso –dijo el presidente López Obrador– ustedes saben cómo le hacen”.

Es decir, existe desde la Presidencia la aprobación tácita para que las y los gobernadores echen mano del presupuesto para apoyar la consulta, sin que después, ningún órgano de control estatal o de Hacienda, vaya a exigir comprobaciones ni demostraciones de gasto.

¡Escándalo total!

El gobierno anticorrupción, el movimiento que prometió la transformación de México, otorga mano libre y cheque en blanco a los ejecutivos estatales, para que utilicen recursos etiquetados por sus congresos y por la Secretaría de Hacienda, para propósitos electorales.

Hasta los priistas en tiempos de Peña eran más discretos con el desvío y el desfalco a las arcas públicas para destinar recursos a ‘operaciones electorales’. Y Rosario Robles está en la cárcel por la ‘estafa maestra’. ¿Qué le parece? Autorización presidencial, con su presencia y su mensaje, para cometer delitos presupuestales, fiscales y electorales.

Esa es la realidad de nuestro gobierno actual.

Los gobernadores se retiraron consternados porque saben bien que será imposible llevar a 30 millones de mexicanos a la consulta de revocación.

Adán Augusto presentó estado por estado, con los votos obtenidos por Morena en las elecciones federales de 2018. Esas son las cuotas que deben cumplir, o lo más cercano a ello.

Otra vez AMLO a las urnas, sólo que con tres años de un gobierno errático y una aprobación pública en descenso.

Sólo la queridísma Claudia Sheinbaum fue disculpada de antemano, cuando el presidente dijo “sólo Claudia está exenta porque tiene algunas situaciones”, tal vez haciendo referencia a la desastrosa operación electoral de 2021, en que Morena perdió 9 de 16 alcaldías en CDMX.

Como en los tiempos más añejos del PRI más oscuro, centralista y manipulador, el presidente pone en marcha una auténtica operación de Estado para rescatar un ejercicio ciudadano que nadie convocó –solamente él mismo– que costará a México miles de millones para cumplir el capricho del supremo, y para consolidar el dardo mortal al INE como lo conocemos.

Operación de Estado, planeada y ejecutada desde el poder central de la República, instrumentada por los más altos titulares del gobierno federal y con una amenazante exigencia a cada gobernador(a) de su partido.

Sería interesante observar si algún demócrata extraviado –¿quedará alguno?–, si algún titular de los gobiernos estatales se rebela, se niega a destinar recursos públicos insuficientes y tan ajustados por el gobierno federal, al circo de una consulta innecesaria y perniciosa.

Esta semana se registrará el gasto sin comprobación más grande del último año; voluminosas cantidades de efectivo serán retiradas por gobernadores y presidentes municipales para echar a andar la maquinaria electoral a favor de AMLO.

¡Ustedes roben! Nadie les pedirá cuentas, siempre y cuando, entreguen muchos votos por estado.

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