La Aldea

Justicia selectiva

La Fiscalía está al servicio del designio presidencial, la independencia resulta inexistente cuando no hay un aparato que trabaje para desentrañar casos de corrupción o de negligencia.

No es un tema nuevo en la política mexicana. Peña Nieto acusó y persiguió al mismo Ricardo Anaya, por delitos que, luego, no se pudieron sostener ni comprobar.

Y esa es la historia de distintos sexenios y presidentes: el uso faccioso de la justicia, como instrumento de presión política. AMLO no ha podido sustraerse de la tentadora acción ‘justiciera’ para acallar y perseguir a sus críticos y opositores. Lamentable.

Y la evidencia es abrumadora, porque son muchos los dichos y las declaraciones, pero pocos los hechos. “No habrá privilegios ni consentidos”, “A mí no me anima la venganza”.

Y mil y un dicharachos más para el aplauso de la gradería.

Rosario Robles está en la cárcel desde hace tres años, por el puro y solo acto de la venganza de un grupo político animado y protegido por López Obrador.

Juan Collado está también en la cárcel por un juicio mercantil desenterrado con precisión y oportunidad por este gobierno para enviar uno de sus tantos mensajes simbólicos: los integrantes de su famosa ‘mafia del poder’ serán perseguidos y encarcelados.

En esa pesquisa, sobresale la falta de oficio y profesionalismo de una Fiscalía sometida. ¿Dónde están los expedientes, las declaraciones, los testigos, las evidencias? Nada, puras declaraciones vacías. Tal pareciera que la Fiscalía reacciona cuando en Palacio aprietan el botón y tienen que salir corriendo a armar casos improvisados.

Si en efecto, hay evidencias de soborno en contra de Anaya, a partir de los dineros que Lozoya afirma entregó a diputados y senadores, ha pasado más de un año desde esa denuncia, tiempo más que suficiente para recabar evidencias, movimientos, cuentas… más allá de las pobres acusaciones de un criminal probado como Emilio Lozoya y del portador de maletas de dinero, el señor Caraveo.

Si esas evidencias existieran, lo más simple es que antes de que el presidente de la República en persona, lanzara su cruzada contra Anaya, le hubieran presentado órdenes de detención agentes del Ministerio Público.

Lo que AMLO provocó –una vez más– es que el supuesto ex servidor público y excandidato presidencial, saliera del país e iniciara una exitosa defensa en redes sociales.

Todo esto resulta una opereta sin elementos judiciales comprobados, un expediente sólido para proceder en contra del personaje. Primero los dichos, la guerra de declaraciones y después el trabajo de una Fiscalía vergonzosa y lamentable. Muy presto el fiscal Gertz Manero para detener a una mujer de 80 años por asuntos familiares, y olvidar a un presunto corrupto. De pena.

La Fiscalía está al servicio del designio presidencial, la independencia resulta inexistente cuando no hay un aparato que trabaje para desentrañar casos de corrupción o de negligencia.

Otro caso que demuestra el servilismo de Gertz: la Línea 12. El colapso demostró sin ambigüedades que había errores de origen, como determinó inicialmente el primer dictamen. Errores de origen señala a los constructores, financieros y responsables políticos de esa fallida obra, entre los que se incluyen Marcelo Ebrard y Mario Delgado. ¿Existe un expediente y una investigación en su contra? ¿Alguien aclaró la fuga de más de mil millones al sureste asiático. Nada, son aliados, amigos, cómplices y esbirros del régimen. Como lo son tristemente Pío y Martín López Obrador, a quienes hoy Ricardo Anaya convoca a una comparecencia colectiva en el Reclusorio Norte, ellos por delitos electorales al recibir dinero ampliamente documentado. Contra ellos, ni la Fepade ni el Tribunal Electoral tienen, estoy seguro, investigación alguna.

En la Línea 12 fueron los pernos y la soldadura, hágame el favor con esa insultante conclusión: ¿Y los ingenieros? ¿Y los responsables y supervisores de obra?

La justicia se negocia y se acomoda a los intereses de esta administración. Llamaron al ingeniero Slim –responsable de una de las compañías constructoras, que no la única– y lo invitaron cordialmente a ‘donar’ la reconstrucción. ¿A cambio de qué? ¿Bajo amenaza o presión de qué índole? Resulta evidente. Su compañía quedaría libre de cualquier responsabilidad legal que pudiera arrojar el dictamen, en simple intercambio de su generosa contribución para restaurar la línea.

Si estos casos no son suficientes para demostrar una justicia selectiva, a modo, al servicio del poder y de su política, pues hay abundantes casos más.

El exsenador panista Jorge Luis Lavalle está en la cárcel por el mismo motivo del que se pretende implicar hoy a Ricardo Anaya. ¿Fue el único que recibió un supuesto soborno para aprobar la reforma energética? ¿Dónde están los demás?

Esos, por ahora, no le estorban a AMLO. Anaya sí, porque con su recurrente aparición crítica en redes, ha logrado provocar el enojo del presidente.

Al humanista que perdona a criminales que causan la muerte de miles de mexicanos, le sobra el coraje y el enojo vengativo para ir en contra de sus opositores. Pero luego se persigna en actitud piadosa y cristiana. Ni justicia, ni humanismo, ni defensa del pueblo. ¡Puras patrañas!

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