Una polémica ley en el estado de Texas que condena la práctica –hasta ese momento legal– del aborto ha detonado una explosión jurídica, ideológica y política en Estados Unidos. Todo es muy reciente: la ley texana, aprobada apenas hace unas semanas, y la reacción furiosa del gobierno federal en Washington en defensa de los derechos de la mujer. Todo en menos de mes y medio. Aquí están en juego algunas de las garantías constitucionales más importantes de Estados Unidos, hoy de facto, en entredicho por legislaturas locales como la de Texas, que han optado, con mayorías republicanas y conservadoras, por dar marcha atrás a esas garantías.
La clave radica en la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. La nefasta herencia de Trump consiste en haber designado a tres ministros de la Corte –algo inusual, considerando que cada presidente tiene, cuando mucho, la oportunidad de proponer uno o máximo dos candidatos en su periodo–, en su caso, de inclinación conservadora, lo que rompió el equilibrio del Tribunal Supremo.
De estas legislaturas locales, la de Texas es sólo una de otros 10 estados que han pretendido en semanas recientes aprobar piezas legislativas similares, para restringir o, francamente, prohibir el aborto en sus localidades, para lo cual se atreven a impulsar esas reformas a pesar de contravenir el derecho constitucional, porque hay una Corte conservadora.
Este fue el caso de Texas: clínicas de aborto, profesionales, organizaciones Pro Choice (a favor de la elección libre de la mujer) presentaron un recurso ante la Corte para detener la entrada en vigor de la ley ya aprobada en Texas. El resultado fue elocuente: la Corte se negó a intervenir (seis votos contra tres), permitiendo en los hechos que la nueva ley entre en vigor.
El debate es profundo e intenso, porque arroja a la luz la gran polarización liberal-conservadora en Estados Unidos. Aunque ciertamente no es nuevo, los segmentos a favor del aborto o a favor del derecho a decidir de cada mujer alcanzaban niveles de aprobación federal cercanos a 65 por ciento en contra de 30 por ciento que favorecía la prohibición total.
Con el cambio de equilibrios en la Corte estadounidense, estos números han empezado a variar, y hoy hay entidades donde ganan los conservadores y quieren prohibir el aborto.
Lo más grave para Texas es que involucra al ciudadano como potencial cómplice u observador pasivo. La nueva ley obliga y faculta a todo ciudadano a denunciar a cualquier mujer, clínica o profesional que brinde un servicio siquiera asociado al aborto, como asesoría legal, emocional, psicológica y hasta de transporte: si un taxi o un particular trasladan a una mujer a una clínica, pueden ser sujetos de delito por coadyuvar al aborto y pueden y ‘deben’ ser denunciados por cualquier testigo. Convierte a los ciudadanos en policías y agentes de facto.
Ayer el Departamento de Justicia a nivel federal en Estados Unidos anunció que pondrá en práctica todas las medidas al alcance para proteger el derecho de las mujeres, protección a las clínicas o prestadores de servicios, además de estudiar las vías legales para contrarrestar la ley local en Texas.
En paralelo en México, un país que ha preferido evadir el problema de frente por décadas, salvo algunos estados que han debatido y aprobado legislaciones que garantizan un aborto legal y seguro, reabre ahora el tema al máximo nivel.
Ayer mismo la Suprema Corte en México dejó entrever que por lo menos ocho de nueve ministros estarían a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en México. Es decir, no lo persiguen, lo castigan o prohíben como un delito penado, pero tampoco lo declaran legal en todo el país. Corresponde a los congresos presentar, aprobar o denegar, en su caso, leyes que regulen y otorguen un marco jurídico al aborto.
La no criminalización representa la vía tácita, por lo menos, para la legalización a nivel nacional. Pero el problema no concluye ahí, porque veremos enormes debates en estados con perfiles más conservadores, de población altamente religiosa y creyente, que movilizarán organizaciones para expresar su rechazo.
Si la Corte se mantiene en la postura de no criminalizar, significará un enorme avance, justamente contrario al de Texas que castiga, persigue y encarcela a todos los relacionados, incluso de forma indirecta.
México podría lograr un avance significativo en materia de respeto y garantía de derechos de la mujer, muy por encima de lo que sucede en varios estados de la Unión Americana.