El Globo

T-MEC: primera queja contra México

Ambos países, México y EU, en este primer caso de una querella en el marco del tratado, tienen un plazo máximo de 55 días para encontrar soluciones al problema.

El caso es en materia laboral: se trata de una empresa de autopartes asentada en Matamoros, Tamaulipas, cuya matriz se ubica en Filadelfia y que es controlada por un grupo canadiense. La compañía lleva por nombre Tridonex.

El recurso legal fue presentado por el sindicato de la empresa, bajo el amparo de la poderosa central sindical americana AFL-CIO ante el gobierno de Estados Unidos y ante la organización Global Trade Watch, que monitorea relaciones de equidad laboral entre países con relaciones comerciales.

Lo que procede ahora es que la autoridad comercial del gobierno americano dispone de 30 días para evaluar si la demanda tiene base y sustento, para entonces proceder con el gobierno de México para que revise la condición laboral de la empresa, sus salarios, horarios, prestaciones y se pueda determinar si existen condiciones de equidad competitiva.

El TMEC (Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá) sustituyó al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 2020 y entró en vigor en el verano del año pasado.

Ambos países, México y Estados Unidos, en este primer caso de una querella en el marco del tratado, tienen un plazo máximo de 55 días para encontrar soluciones al problema. Si no lo logran entre las autoridades comerciales, la empresa y los sindicatos, el recurso se analiza en un panel internacional.

Este fue uno de los puntos más delicados y por momentos ásperos en la negociación. El entonces equipo de Trump exigía que todo diferendo fuera atendido por cortes y tribunales estadounidenses, bajo leyes de ese país. Canadá y México se rehusaron firmemente logrando la ratificación de los célebres paneles de controversias. El tema no está resuelto porque la clave es cómo se integra ese grupo de expertos en comercio internacional que debe evaluar si la irregularidad laboral motivo de la querella, rompe o no lo establecido en el TMEC. Esta es la primera queja presentada desde la muy reciente entrada en vigor del tratado –aún no cumple un año.

El fondo de la materia radica en los desequilibrios salariales. Los trabajadores estadounidenses se quejan de que a los mexicanos se les paga menos, tienen menos prestaciones y además pagan menos impuestos, por lo que la fuerza laboral mexicana se convierte en más competitiva. El TMEC había establecido criterios para eliminar –por lo menos gradualmente– esas diferencias laborales con empresas ligadas a líneas de suministro en Estados Unidos y con empresas fronterizas.

Si el panel determina que se niegan derechos laborales garantizados por el tratado trinacional, está facultado para imponer sanciones, multas o incluso aranceles compensatorios a la fábrica objeto de la investigación.

El tema es profundamente delicado porque sabemos bien de los desniveles y diferencias en materia laboral con nuestros socios del norte. Aquí se pagan salarios más bajos, se les retienen menos impuestos y el paquete completo de prestaciones es inferior. Los sindicatos americanos la saben y pretenden forzar a México mediante la central obrera AFL-CIO a equilibrar el mercado laboral en aras de emparejar la cancha de la competencia económica.

Todo apunta a que la Secretaría de Economía mexicana, por dos años prácticamente inexistente y ahora en manos de Tatiana Clouthier, tendrá que ponerse a trabajar para hacer cumplir el tratado en aras de evitar conflictos comerciales. No será una tarea fácil puesto que, en opinión de muchos expertos, la firma de las condiciones laborales en el TMEC resultó gravemente desfavorable para México. Recuerde usted que se habló por esos días del establecimiento de inspectores americanos que pudieran entrar a las fábricas mexicanas a supervisar condiciones. El gobierno lo negó, el entonces subsecretario y negociador, Jesús Seade, rechazó la existencia de esa figura, pero lo cierto es que ahora empezarán los litigios.

En el contexto político-electoral mexicano, donde el Presidente busca conspiraciones en su contra por todos lados, el gobierno presentó una nota diplomática a Washington la semana pasada por el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), y el tema de la queja comercial viene a complicar una relación bilateral ya en medio de tensiones y discrepancias, inicialmente por causas migratorias.

En su furia desatada, AMLO confunde a MCCI con partido político y asegura que está impedido de recibir donaciones internacionales. Calificó el tema como injerencista y envió la nota diplomática pidiendo explicaciones. Se equivoca el Presidente, porque MCCI es una organización no gubernamental, cuyas investigaciones han aportado abundante luz en casos de corrupción como, ni más ni menos, la tan explotada por este gobierno ‘estafa maestra’, que mantiene ilegalmente a Rosario Robles en la cárcel.

No hay injerencia alguna en que las ONG mexicanas reciban donaciones de benefactores internacionales. AMLO pretende hacer creer que MCCI es el brazo de un grupo político opositor al gobierno.

El grupo existe, se llama Sí por México y, en efecto, es opositor al gobierno. Pero no es Mexicanos contra la Corrupción, son cosas distintas, con gente diferente y propósitos bien distantes.

Se complicará la relación con Washington, y sucederá en gradual ascenso por la diferencia de las agendas. Pero también por la utilidad al discurso de la cuarta destrucción –que no transformación– al afirmar que Estados Unidos quiere intervenir en asuntos nacionales.

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