En la primera entrega analizamos la tesis sobre lo que los inversionistas de impacto esperan de las empresas con causa social, así como la profunda reconfiguración regulatoria en EU. En esta segunda parte examinamos cómo el resto del mundo avanza en dirección opuesta, el reto que enfrentan las empresas multinacionales ante un mosaico regulatorio cada vez más fragmentado y la realidad de México como actor emergente.
En contraste con el repliegue estadounidense, buena parte del mundo acelera decididamente la regulación en sustentabilidad corporativa.
La UE mantiene el liderazgo global con su Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), que exige a las empresas reportar bajo los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), con estándares revisados y simplificados adoptados en julio de 2026 dentro del paquete Omnibus I, buscando reducir cargas administrativas sin sacrificar la calidad de las divulgaciones.
El avance europeo incluye además el Reglamento de Deforestación, la regulación de proveedores de calificaciones ESG y la reforma al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).
El Reino Unido incorporó por primera vez a los proveedores de calificaciones ESG dentro de la regulación de servicios financieros, otorgando poderes a la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), y propuso alinear sus divulgaciones climáticas con los estándares del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (International Sustainability Standards Board, ISSB) para 2027. Australia ya exige divulgaciones climáticas obligatorias; Japón, China y Singapur avanzan en marcos de aseguramiento; Corea del Sur adoptará estándares ISSB a partir de 2028; Vietnam aprobó su primera Taxonomía Verde legalmente vinculante e Indonesia lanzó consultas sobre reportes de sostenibilidad obligatorios.
Desde una perspectiva de mercado, la reconfiguración regulatoria estadounidense parece tener un carácter más cíclico que estructural. Las dinámicas subyacentes de la inversión sostenible (gestión de riesgo climático, eficiencia operativa, demanda institucional de transparencia) mantienen su vigencia independientemente del entorno político.
El relanzamiento de la iniciativa Net Zero Asset Managers en febrero de 2026, tras un año de pausa, y la emergencia de marcos normativos subnacionales en estados como California y Nueva York revelan que la demanda de transparencia climática por parte del mercado institucional persiste.
Para las empresas multinacionales, la coyuntura actual representa un desafío operativo de enormes proporciones. Una compañía que opera simultáneamente en varios países enfrenta un mosaico regulatorio donde cada jurisdicción avanza a su propio ritmo con estándares distintos y, en el caso estadounidense, con una política federal activamente contraria a los mismos principios que otras jurisdicciones están convirtiendo en ley.
El gobierno estadounidense ha solicitado a la UE flexibilizar tanto la CSRD como la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), argumentando cargas desproporcionadas para el comercio transatlántico. Esta presión diplomática ha añadido una dimensión geopolítica que complica aún más el panorama para los departamentos jurídicos y de cumplimiento corporativo. El proceso global de convergencia hacia estándares comunes (impulsado por el ISSB con sus normas IFRS S1 y S2) se ha visto significativamente ralentizado no solo por las diferencias técnicas entre jurisdicciones, sino por la fractura regulatoria que la posición estadounidense ha introducido en el esfuerzo de armonización global, dejando en suspenso lo que prometía ser la década de la estandarización ESG.
En medio de esta tensión entre jurisdicciones, México emerge como un caso notable de avance regulatorio.
En enero de 2025, la CNBV estableció la obligación de presentar reportes de sustentabilidad alineados con las normas IFRS S1 y S2 del ISSB. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sustentabilidad (CINIF) estableció además las Normas de Información de Sustentabilidad (NIS) aplicables desde 2025 a todas las empresas que preparan estados financieros conforme a normas mexicanas.
México enfrenta retos propios (recolección de datos, la brecha entre emisoras grandes y medianas y el texto constitucional históricamente más aspiracional que vinculante), pero su decisión de alinearse con estándares internacionales lo posiciona como referente en América Latina y envía una señal inequívoca: para las empresas que buscan atraer inversión de impacto, el equilibrio entre propósito y rentabilidad ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una obligación regulatoria cada vez más concreta.
