A pesar de que la presidenta y el secretario Ebrard han reiterado una y otra vez desde el miércoles pasado que la decisión de Estados Unidos de no extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años no generó incertidumbre, la reacción en toda la región dice lo contrario. Siendo México la economía más pequeña de América del Norte, estancada y sin nuevas inversiones privadas desde el sexenio pasado por las políticas que insisten en poner al estado en control del mercado y con una dependencia histórica en la Unión Americana -a la que vendimos 83 por ciento de nuestras exportaciones, de la que importamos 34 por ciento del total y representó 59 por ciento de nuestro comercio total durante el primer cuatrimestre el año, según Banco de México- hoy más que nunca requerimos de reglas claras, estables y que se cumplan que regulen el acceso a nuestro mercado más importante.
Luego de que se diera a conocer el resultado de la reunión entre Ebrard, Dominic LeBlanc y Jamieson Greer, varios de los organismos más importantes del sector privado reaccionaron en Washington y Ottawa destacando la incertidumbre que generó la postura de Estados Unidos, que era esperada. El Business Council de Canadá, el Consejo de la Región de los Grandes Lagos, el Business Roundtable y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros, destacaron que el tratado entra en una fase que pospondrá muchas decisiones de producción e inversión en toda América del Norte. Esta es la misma conclusión de los análisis del Instituto Peterson para Economía Internacional de Washington y del estudio Beyond Renewal publicado en Ottawa por Perrin Beatty, excanciller canadiense, Drew Fagan, exviceministro para Ontario, y el profesor Fen Hampson de la Universidad de Carleton.
Por su parte, el mismo día de la reunión, un grupo de 20 legisladores, encabezados por los cuatro representantes demócratas más importantes en temas agrícolas -Angie Craig, Shontel Brown, Jim Costa y Alma Adams- enviaron una carta a Julie Callahan, negociadora en jefe para temas agrícolas del USTR, y a Luke Lindberg, subsecretario para comercio y asuntos internacionales del departamento de Agricultura, destacando la importancia de México y Canadá para el sector agroindustrial de Estados Unidos y la incertidumbre que la posposición de la extensión del tratado genera para un sector donde la planeación es vital. Otros legisladores del comité de Medios y Procedimientos, como los republicanos Adrian Smith y Claudia Tenney y la demócrata Linda Sánchez, indicaron la necesidad de conocer cuanto antes el procedimiento y las reglas que se aplicarán a las revisiones anuales.
Hay tres factores principales que promueven esta incertidumbre: i) el que la política comercial de Estados Unidos depende hoy de Trump, quien tiende a decidir en base a su percepción, ignorando generalmente al sector privado, a su gabinete y al congreso; ii) la decisión de restablecer los aranceles recíprocos, luego de que la suprema corte de ese país declarara que los gravámenes aplicados en base a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia eran ilegales, y iii) el que la mayoría republicana en ambas cámaras del congreso ha permitido a Trump mantener al legislativo fuera de las negociaciones comerciales que viene realizando desde el año pasado con otros países, con lo que ha podido cambiar unilateralmente, y sin consultar a nadie, algunos de los acuerdos alcanzados con Brasil, India y la Unión Europea.
La aplicación indiscriminada y caprichosa de aranceles es preocupante. Mañana se realizará la audiencia organizada por el USTR para escuchar a los representantes de más de 40 países, entre ellos México, a los que Estados Unidos pretende aplicar un nuevo arancel del 10 al 12.5 por ciento por lo que ha denominado la producción de manufacturas usando trabajo forzoso. El artículo seis del capítulo 23 del TMEC establece que las partes implementarán y aplicarán leyes que eviten la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. Estados Unidos pretende aplicar este arancel, junto con otro por lo que ha denominado exceso de capacidad productiva, a partir del 24 de julio, al día siguiente que expiren los gravámenes de la sección 122.
Y no hay que olvidar que el martes la Corte de Comercio Internacional confirmó la cuota dumping al tomate, ignorando los argumentos de la industria, que hay peticiones para revisar la cuota del azúcar, aplicar cuotas y aranceles a la carne e iniciar una investigación a las importaciones estacionales y de pescado y mariscos. ¿No hay incertidumbre?