Hace un año, cuando el secretario de Comercio Howard Lutnick compareció ante el comité de Asignaciones Presupuestales de la Cámara Baja para defender la solicitud de presupuesto para su dependencia, dijo por primera vez algo que desde entonces ha repetido en distintos foros. Declaró que era necesario determinar, junto con las autoridades mexicanas, las industrias a las que México “se debe dedicar, como la minería y la refinación”, pues no era posible continuar permitiendo que el país siguiera atacando a los trabajadores estadounidenses robando empleos, como viene sucediendo desde la entrada en vigor del TLCAN. Ninguno de los miembros del comité le pidió entonces mayores detalles.
Posteriormente, el Representante Comercial Jamieson Greer tuvo varias intervenciones donde explicó que la política comercial de Trump busca promover el crecimiento de la economía por medio de la repatriación de la producción de ciertos productos que se consideran estratégicos, en particular los autos, los semiconductores, medicamentos de última generación y algunos productos electrónicos e incrementar la producción de insumos clave para la industria, sobre todo el acero, aluminio y cobre y garantizar el acceso a los minerales que hoy en día no se producen o no se producen en cantidades suficientes en territorio estadounidense, como las tierras raras.
Desde entonces, Lutnick y Trump han dicho en varias ocasiones que Estados Unidos no quiere ni necesita de los autos ni del acero mexicano, declaración que hicieron extensiva a los mismos productos provenientes de Canadá y que en ambos casos representan dos de las principales exportaciones de ambas naciones. Sin embargo, las declaraciones de estos funcionarios reflejan que la relación bilateral debe ser ahora de una clara dependencia económica, donde México sea un proveedor de materias primas y recursos naturales –que no existen en cantidades suficientes en territorio estadounidense, que son muy caros producir allá o cuya producción genera una contaminación muy importante– y la Unión Americana sea la productora y exportadora de manufacturas de alto valor agregado y contenido tecnológico.
Además de transformar la relación de Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales a través de un cambio en el enfoque y las reglas del nuevo T-MEC, el gobierno de Trump está implementando diversas medidas en favor de las grandes corporaciones que hacen más vulnerables a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de ese país. El ejemplo más importante son los aranceles: fue un grupo de Pymes quien impugnó los gravámenes aplicados en base a la ley de Poderes Económicos Extraordinarios de Emergencia (IEEPA) debido a que el aumento en el costo de los productos importados las llevó al borde de la quiebra, como el caso de una compañía que vende materiales educativos producidos en China, y son estas empresas las que enfrentan mayores obstáculos para obtener el rembolso de dichos aranceles.
El pasado jueves, Lutnick compareció nuevamente ante el comité de Asignaciones Presupuestales de la cámara de Representantes para defender la reducción propuesta en el presupuesto del próximo año para las 13 agencias que pertenecen al Departamento de Comercio, destacando los recortes para la Agencia para el Desarrollo de Negocios de las Minorías, de la Administración para el Desarrollo Económico y de la Oficina de Industria y Seguridad, las que, como lo señalaron casi todos los legisladores demócratas del comité, afectarán a los emprendedores con menores recursos. Esta situación hace cuestionar cambios similares que Estados Unidos pretende incluir entre los ajustes que sufra el T-MEC, lo que tendrá un efecto negativo no sólo entre los pequeños productores de ese país, pero también de México.
La comparecencia presupuestal de Lutnick esta vez fue mucho más hostil que la anterior porque los demócratas también le preguntaron sobre su relación con Jeffrey Epstein y sobre la compra que hizo su hijo Brandon de derechos de reembolsos de aranceles a empresas estadounidenses usando Cantor Fitzgerald, la compañía fundada por el secretario. De esta manera, Cantor Fitzgerald pagó una porción de los reembolsos a las empresas acreedoras y recibirá el monto total. La próxima semana, Lutnick comparecerá a puerta cerrada ante el Congreso con relación a estos problemas. Cabe preguntar si el gobierno mexicano ha identificado el sesgo que Estados Unidos pretende dar al nuevo tratado en favor de las grandes empresas y si Lutnick resistirá los ataques.