La política contemporánea ha mutado. Ya no se disputa solo en las plazas, los mítines o los noticiarios, sino en el espacio más invisible y poderoso de todos: las redes sociales. En México, bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador y con Jesús Ramírez Cuevas al frente de Comunicación Social, ese territorio digital se ha convertido en un laboratorio de control narrativo. No lo digo yo: lo prueban los datos, los informes y los rastros que deja la coordinación digital que favorece al poder.
Un estudio del SignaLab ITESO, por ejemplo, documentó cómo hashtags como #RedAMLOVE o #AMLOElPuebloTeApoya mostraban una actividad coordinada de más de 23,000 cuentas, con una densidad de conexiones atípica. Twitter (ahora X) confirmó en, un lejano 2021, la eliminación de 276 cuentas “no auténticas” dedicadas a promover iniciativas gubernamentales y atacar a voces opositoras.
La narrativa oficial insistió en que se trata de “voluntarios digitales”, una suerte de militancia cívica desinteresada. Pero la coordinación, el ritmo y la homogeneidad del mensaje sugieren otra cosa: una operación de comunicación con capas de automatización y financiamiento. Y esa maquinaria cuesta dinero.
¿Pero cuál es el costo de un ejército invisible?
Calcular el costo de una red así implica desmenuzar sus tres capas principales: influencers, cuentas automatizadas (bots o semibots) y el equipo humano que coordina el flujo.
Basándonos en tarifas de mercado y datos verificables, se puede construir un modelo conservador de gasto anual:
1. Influencers pro-gobierno: Las tarifas promedio en X/Twitter rondan los 2 USD por cada 1,000 seguidores por publicación. Si se contratan 100 influencers medianos con unos 50,000 seguidores cada uno, publicando dos veces por semana, el cálculo sería:
- 50,000 seguidores / 1,000 × 2 USD = 100 USD por publicación
- 104 publicaciones al año = 10,400 USD por cuenta/año
- Total anual (100 cuentas): 1,040,000 USD, es decir, alrededor de $18–20 millones de pesos. Duplicar el número de cuentas o incluir microinfluencers en TikTok y Facebook elevaría la cifra fácilmente a $30 o $40 millones de pesos anuales.
2. Cuentas automatizadas y trolls contratados: En el mercado gris, crear o comprar cuentas falsas cuesta entre $25 y $50 USD por cada mil seguidores o cuentas activas.
Si se mantiene una bolsa rotativa de 3,000 a 5,000 cuentas —necesarias para impulsar tendencias, responder coordinadamente o atacar opositores— y se renueva un 50% al año por suspensiones, el costo de reposición ronda los $75,000 USD (unos $1.3 millones de pesos).
3. Equipo humano de coordinación: El repertorio de las llamadas “cibertropas” incluye community managers, estrategas, diseñadores y analistas. Un equipo de 10 a 20 personas a tiempo completo, con sueldos promedios en comunicación digital, representaría un gasto anual de entre $4 y $10 millones de pesos.
Sumando estos tres componentes, el costo anual de mantener esta red en X oscilaría entre $35 y $60 millones de pesos, con picos de hasta $100 millones en coyunturas electorales o de crisis política. No existen partidas presupuestarias con ese nombre, no figura “troll center” en el Presupuesto de Egresos, pero sí abundan contratos difusos con agencias digitales, partidas de “servicios de comunicación social” y convenios de “difusión en redes” donde podría diluirse y opacarse el gasto.
Por supuesto falta agregar la operación en otras plataformas como Youtube, donde se le paga a “creadores de contenido” cercanos al régimen por asistir a las mañaneras y subir videos llenos de ataques a la oposición. Además de las cuentas falsas de Facebook que comentan las noticias y columnas en medios de comunicación y las cuentas de Tiktok, donde empieza a ocurrir lo mismo. Instagram y LinkedIn son las redes sociales menos afectadas por estas actividades.
Basados en todos los datos anteriores, se puede inferir que el costo anual de mantener estas redes artificiales de influencia debe estar, cuando menos, entre 120 y 160 millones de pesos.
Obviamente, Jesús Ramírez Cuevas ha negado la existencia de “granjas de bots” y ha insistido en que el gobierno practica una comunicación austera. Sin embargo, la evidencia sugiere un modelo híbrido entre voluntarismo y operación estratégica, donde militancia real y manipulación digital conviven para moldear la opinión pública. Las consecuencias son preocupantes. Estas redes no solo inflan artificialmente el apoyo al gobierno; también hostigan periodistas, atacan opositores y distorsionan el debate público. Fabrican la ilusión de consenso, donde la disidencia se percibe minoritaria, marginal o antipatriótica. Es el equivalente digital del control de la plaza pública.
Si la conversación nacional puede manipularse con dinero público y software barato, el costo más alto no es económico: es democrático. Porque cada peso invertido en fingir apoyo o silenciar crítica se traduce en menos pluralidad, menos libertad y menos verdad. La transparencia digital debería ser una política de Estado. Publicar contratos con agencias, detallar estrategias de comunicación y auditar las redes asociadas al gobierno no debiera ser una concesión sino un deber democrático.
En otras latitudes digitales…
Noroña viaja en avión privado. Demostrándonos que no se trataba de defender a los pobres, sino de que ellos no eran los ricos…