Hay momentos en la vida pública de un país en los que la indignación no es suficiente. México está frente a uno de ellos.
La acusación formulada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, y contra otros servidores públicos y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el grupo de “Los Chapitos”, no puede tratarse solo como un pleito entre gobiernos. Esto es, ante todo, una alarma nacional.
Por supuesto, en un Estado de derecho la presunción de inocencia existe, pero una cosa es exigir pruebas y otra cerrarse a los hechos, de manera automática, y más aún cuando son de tal gravedad.
Cuando un gobernador, un senador, un alcalde y otros diversos “servidores públicos” son señalados de haber protegido operaciones de la delincuencia organizada, ocultado información y permitido el tránsito de narcóticos, la respuesta institucional no puede reducirse a decir que “es un ataque político”.
Lo verdaderamente humillante es ver al gobierno federal, a legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Gerardo Fernández Noroña, convertir la soberanía nacional en escudo de impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que no encubrirá a nadie, pero al mismo tiempo exige “pruebas claras” y afirma que, sin ellas, el caso tendría propósito político.
Esa postura, en apariencia prudente, se vuelve peligrosa cuando se constituye como escudo de un aliado, por encima de que las instituciones cumplan con su labor.
La licencia de Rubén Rocha Moya no es una sentencia ni una confesión. Pero sí es un reconocimiento presunto y político de que el asunto rebasó toda normalidad. Si las acusaciones fueran una falsedad, el gobernador habría permanecido en el cargo y habría exigido una investigación más abierta o que le permitieran defenderse adecuadamente.
Al separarse, acepta que el problema es demasiado grande. Y ese peso no solo cae sobre él, sino que cae sobre la clase política que lo protegió, lo defendió y lo presentó durante años como parte de una “transformación” que ha sido, más bien, una cuna de complicidades.
El caso no es aislado. También está la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por una red de huachicol fiscal; muestra otra cara del mismo cáncer, es decir, del vínculo entre el poder político y la delincuencia organizada.
Cuando un alto mando naval mexicano termina capturado fuera del país, con cooperación de autoridades extranjeras, por presuntamente participar en una estructura criminal dedicada al negocio del contrabando de hidrocarburos, queda claro que ya no hablamos de policías municipales corruptos ni de unas cuantas “manzanas podridas”.
México llegó al extremo de necesitar que autoridades estadounidenses y gobiernos de otros países hagan lo que nuestras autoridades debieron hacer primero, investigar sin miedo y sin complicidad.
Nadie sensato celebra la intervención extranjera. Es doloroso, incluso humillante, que la justicia tenga que llegar de fuera. Pero más humillante es que la delincuencia organizada se haga de territorios completos, de instituciones y de voluntades mientras el discurso oficial repite que todo es “politiquería”.
El problema no es Estados Unidos. El problema es que México dejó vacíos que otros ocuparon. El problema es que los cárteles entendieron que no solo necesitaban armas, sicarios y laboratorios; necesitan al poder político. Y cuando la delincuencia organizada compra silencio, compra también vidas, territorios y futuro.
Por eso esta discusión no puede reducirse a Morena contra PRI, PAN o PRD. No se trata de regresar al pasado ni de idealizar a otros partidos. Se trata de entender que quien prometió “transformar” al país, no puede dar protección a delincuentes cuando aparecen señalamientos de esta magnitud.
La corrupción de antes no justifica la corrupción de hoy. La impunidad previa no puede ser pretexto para una impunidad nueva con distinto color.
A los mexicanos nos toca abrir los ojos. La respuesta no es más política, la respuesta está en no premiar a quienes asesinan a nuestra patria mientras piden aplausos. No permitamos que nos convenzan de que exigir justicia es traición a la patria. Traición a la patria es permitir que la delincuencia organizada y la corrupción gobiernen desde dentro.
El estado de Sinaloa merece paz. México merece un rumbo limpio. Y si la justicia mexicana quiere recuperar dignidad, debe demostrar que puede investigar a los poderosos sin esperar la llamada de Washington o de otra capital.
Porque un país que solo investiga cuando lo presionan desde fuera no es soberano, es rehén de sus propias complicidades.