Lo ocurrido recientemente en el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas no es un tema menor, ni un hecho aislado dentro del ámbito internacional.
Esto es, sencillamente, el reflejo de un cáncer que se vive día con día en México desde hace décadas.
Y sí, digo “décadas”. No un tema de color de partido, de sexenios ni narrativas políticas. En este tópico han fallado todos.
Perdón, pero que un órgano internacional, que en la práctica suele no tener intervención y que es sumamente limitado, haya decidido unilateralmente activar un mecanismo tan excepcional como el previsto por el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, debería ser alarmante para todos los mexicanos.
No es un trámite ordinario, no es una “recomendación”, sino que es un llamado de atención importante que, por urgencia y gravedad, pone a México bajo la lupa internacional ante una tragedia que aquí tristemente se ha normalizado.
Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano ha sido, en general, todavía más triste y profundamente desafortunada.
Este fenómeno tan delicado no debería dar lugar a debatir si los números son ciertos o falsos, si fue en el sexenio de un presidente o de otro, si el derecho internacional debe intervenir o no.
El problema es más grande que eso. El problema es que existe una total incapacidad estructural e institucional del Estado mexicano, desde hace décadas, para prevenir, investigar, sancionar, informar y garantizar derechos humanos respecto de miles de familias mexicanas.
Estas familias llevan años buscando a sus seres queridos, rascando la tierra con sus propias uñas.
Mientras el Estado discute datos, conceptos, política y posiciones diplomáticas, todo carente de sentido, en el territorio nacional hay madres, padres, hermanas y hermanos escarbando la tierra, organizando colectivos, recorriendo fosas clandestinas y recogiendo huesos humanos; en otras palabras, haciendo lo que el Estado no hace. Eso no es narrativa, es la realidad.
Por eso, resulta tan indignante que la reacción del Estado sea descalificar el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, tacharlo de sesgado, decir que son datos desactualizados y afirmar que “carece de rigor jurídico”.
¿De verdad? ¿Con qué calidad moral se sostiene eso frente a una madre que ha perdido a su hijo? ¿Con qué atrevimiento se dice que el problema está mal planteado?
Más grave aún es la postura de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, de optar por alinearse con el discurso del Ejecutivo Federal y “defender” que la desaparición forzada “prácticamente ha dejado de ser una práctica relevante en México”.
Esa afirmación no es solo jurídicamente cuestionable, sino que es totalmente ofensiva, subnormal y vergonzosa en todos los sentidos.
El derecho internacional no exige perfección a los Estados parte, por eso es por lo que suele solo emitir recomendaciones, pero sí exige seriedad, reconocimiento del problema y voluntad real de enfrentarlo. Minimizar, negar o descalificar es ética y moralmente inaceptable.
El mecanismo del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no es una condena, pero tampoco es un procedimiento aislado.
Esto es una señal de que el derecho internacional y el mundo están observando de cerca y preocupados una situación que, incluso, podría encuadrar o calificar como crímenes de lesa humanidad.
Y frente a ello, la respuesta, por ningún motivo, puede ser rechazo o defensa de imagen.
México no necesita confrontarse con la ONU; lo que necesita es hacer un ejercicio introspectivo, escuchar a las miles de víctimas, reconocer que el problema es real, profundo y estructural y, por ende, actuar en consecuencia.
Lo inadmisible no es que un organismo internacional intervenga; lo verdaderamente grave y vergonzoso es que tenga que hacerlo.