No es la primera vez ni debería sorprender. Cuando un régimen autoritario se derrumba, algunos gobiernos no reaccionan desde la defensa de las víctimas, sino desde la incomodidad ideológica. Lo que hoy exhibe la postura del Estado mexicano frente a Venezuela y Nicaragua no es un error diplomático ni un desliz coyuntural. Es una posición aprendida, reiterada y sostenida en el tiempo.
Hoy, con Nicolás Maduro fuera del poder, México decide alzar la voz no para acompañar a las víctimas, sino para incomodarse ante la caída del victimario. No para exigir justicia, sino para refugiarse en un principio diplomático vacío, aplicado de manera selectiva. No para defender la democracia, sino para sostener una narrativa que durante años ignoró el sufrimiento de millones en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.
Esta complicidad no es nueva. Es constante. El Estado mexicano no ha dicho ni una palabra frente a los más de nueve millones de venezolanos forzados al exilio, una de las mayores crisis migratorias del mundo contemporáneo. No dijo nada frente a los miles de presos políticos documentados por organismos internacionales, ni frente a la tortura sistemática, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas perpetradas por el propio Estado venezolano. Tampoco hubo condena alguna frente a la penetración estructural de aparatos de inteligencia cubanos, operadores iraníes y redes vinculadas a Hezbollah, que durante años sostuvieron el aparato represivo del régimen.
Mientras otros gobiernos nombraban los hechos, México optó por el silencio. La Secretaría de Relaciones Exteriores se limitó reiteradamente a invocar el principio de “no intervención” y a rechazar el “uso de la fuerza”, sin una sola mención a las víctimas, a los presos políticos o al colapso institucional. Ese lenguaje no es neutral. Es una forma de omisión deliberada.
Invocar la soberanía frente a ese escenario no es una defensa del derecho internacional. Es una coartada política. Como ha explicado reiteradamente María Corina Machado, Venezuela llevaba años ocupada. No por ejércitos regulares, sino por redes extranjeras de control político, militar y represivo, toleradas y promovidas desde el poder. Defender la soberanía de un Estado que entregó su aparato coercitivo a intereses externos no es neutralidad. Es encubrimiento.
Tampoco existía legitimidad democrática alguna que proteger. Las últimas elecciones presidenciales venezolanas nunca presentaron actas completas ni resultados verificables. La oposición afirmó haber ganado con claridad y nunca fue desmentida con evidencia. Países sin alineamiento automático con Washington, como Brasil bajo Lula da Silva o Chile durante el gobierno de Gabriel Boric, se negaron a reconocer resultados inexistentes. Incluso Andrés Manuel López Obrador habló de “esperar los resultados”. Resultados que nunca aparecieron. México eligió creer en una ficción electoral porque le resultaba políticamente conveniente, aun cuando su discurso público se presenta como defensor de los derechos humanos.
Venezuela no es un caso aislado. Nicaragua confirma el patrón. Frente al régimen de Daniel Ortega, México ha mantenido la misma conducta. Silencio ante el cierre total del espacio democrático, ante el encarcelamiento y destierro de toda la oposición, ante la persecución religiosa, civil y académica, ante las confiscaciones arbitrarias, la tortura, los asesinatos de Estado y las desapariciones forzadas. Silencio también frente a un exilio masivo que ha vaciado al país de voces críticas y ha fragmentado familias enteras.
En ambos casos, México ha optado por proteger al régimen antes que a la población. No como mediador. No como actor neutral. Sino como escudo político tardío de dictaduras que violaron de manera sistemática los derechos humanos más elementales.
La contradicción se vuelve aún más profunda cuando se observa el frente interno. El mismo Estado que evita condenar con claridad a los regímenes autoritarios de la región es incapaz de asumir una postura firme frente a las más de cien mil personas desaparecidas en su propio territorio. No se trata solo de una analogía moral. Es una misma lógica de poder. Evitar la condena para no asumir responsabilidades. Defender formalismos para no enfrentar a las víctimas. El silencio frente a Caracas y Managua se parece demasiado al silencio frente a las fosas clandestinas, los colectivos de búsqueda y las familias que siguen esperando.
El mapa político regional está cambiando. La tolerancia frente al autoritarismo y al crimen organizado transnacional comienza a ser cuestionada con mayor dureza. Las redes que unieron represión, narcotráfico y control territorial empiezan a romperse. En ese nuevo escenario, México aparece desdibujado. Sin una política exterior coherente. Sin una narrativa que represente valores claros. Sin autoridad moral para incidir en los debates que vienen.
El episodio reciente lo resume con crudeza. La presidenta de México fue incapaz de saludar públicamente a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, reconocida internacionalmente por su lucha democrática. No expresó solidaridad con el pueblo venezolano. Tampoco condenó al régimen nicaragüense. No acompañó a las víctimas. No incomodó a los victimarios. Simplemente evitó el tema. El contraste con otras democracias fue explícito. Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney afirmó que “Canadá no ha reconocido al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro desde que robó las elecciones de 2018”, y agregó que “el gobierno canadiense, por lo tanto, celebra la oportunidad de libertad, democracia, paz y prosperidad para el pueblo venezolano”.
La neutralidad frente a regímenes autoritarios no es una posición estratégica. En contextos de reconfiguración regional, el silencio suele interpretarse como toma de posición. Lo ocurrido en Venezuela marca un punto de inflexión que obliga a los países de la región a redefinir su política exterior.
Para México, este momento coincide con una presión creciente de Estados Unidos para revisar su postura frente al crimen organizado transnacional, hoy tratado cada vez más como un asunto de seguridad regional. Esa convergencia reduce el margen para la ambigüedad. Persistir en una política exterior que evita pronunciamientos claros frente a rupturas democráticas y redes criminales reconocidas, debilita la credibilidad del país y acota su capacidad de maniobra. En el contexto de las negociaciones que se avecinan con Washington y en el nuevo equilibrio regional, México será evaluado no solo por lo que comercia o produce sino por lo que tolera, encubre o decide no ver. México está siendo observado. Esta vez, el silencio no será inocuo.