Este martes el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó al Congreso el Paquete Económico 2027, y con él llegó, otra vez, el mismo libreto retórico: un proyecto “responsable” que promete consolidación fiscal gradual sin sacrificar inversión pública, bienestar, salud y educación. El problema no es la aspiración —cualquier gobierno la suscribiría— sino la distancia, cada vez más documentada, entre el discurso de disciplina y los hechos fiscales de los últimos dos años.
Basta revisar el punto de partida. Desde 2024 los Requerimientos Financieros del Sector Público llegaron a 5.8% del PIB, el nivel más alto desde 1988. Además, Hacienda ha proyectado año con año una reducción gradual del déficit que sistemáticamente se pospone. Se ha vuelto costumbre: se anuncia la senda de ajuste, se incumple, y se anuncia de nuevo la misma senda para el año siguiente. El Segundo Informe de Gobierno repitió la fórmula, con la palabra “paulatina” haciendo, otra vez, el trabajo pesado de administrar expectativas sin comprometer resultados.
Los datos duros son menos generosos que el tono presidencial. Hacienda proyecta una deuda de 52.3% del PIB para 2027 y un déficit ampliado de 3.5%, aunque el CIEP anticipa que podría ser mayor. Y en la antesala del paquete, la recaudación mostró nulo crecimiento entre enero y julio, con una caída real de 6% en el Impuesto Sobre la Renta. Es decir: el gobierno llega a la mesa de la “consolidación fiscal” con ingresos tributarios estancados, no con margen de maniobra.
Ante ese boquete, la salida elegida no es una reforma hacendaria de fondo —impensable con la mayoría legislativa que Morena podría negociar pero prefiere evitar por costo político— sino el expediente de siempre: subir el IEPS. Se perfila un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para productos con alto contenido de sodio, bebidas alcohólicas y posiblemente botanas y comida ultraprocesada, envuelto en el argumento de salud pública que ya conocemos del impuesto a refrescos. Es un traje conocido: presentar como política sanitaria lo que es, sobre todo, necesidad recaudatoria.
El propio Centro de Estudios Económicos del Sector Privado lo ha señalado con crudeza: los incrementos aislados al IEPS son parches temporales frente a un problema que exige una reestructuración integral de las finanzas públicas. Coparmex, por su parte, ha pedido que se cumpla la promesa de no crear nuevos impuestos y que, en cambio, se combata la evasión y se amplíe la base de contribuyentes, incluyendo la economía digital. Es un diagnóstico correcto que el gobierno acepta a medias: anuncia una Ley de Economía Digital para reducir el uso de efectivo, pero sin tocar la arquitectura fiscal que perpetúa la dependencia de un IEPS cada vez más recargado.
Hay algo más inquietante en el fondo del ejercicio: Hacienda estima que casi 70% de los ingresos presupuestarios de 2027 provendrá de impuestos, con un incremento de 404 mil millones de pesos en ingresos no petroleros, apoyado en “cumplimiento, simplificación y combate a la evasión”. Son las mismas palabras de cada Paquete Económico de esta administración. La pregunta que ningún funcionario responde con cifras verificables es cuánto de ese optimismo recaudatorio se ha materializado antes, y cuánto seguirá siendo una proyección que se ajusta a la baja en el informe siguiente.
El resultado es un gobierno atrapado entre dos promesas que empiezan a ser incompatibles: sostener el gasto social y la inversión pública sin recortes, y reducir el déficit sin subir impuestos generales ni endeudarse más de la cuenta. México se encuentra cerca del límite inferior del grado de inversión, y las calificadoras —no la oposición, no los columnistas— serán quienes finalmente juzguen si “responsable” es una palabra con contenido o solo el adjetivo obligado de cada mes de septiembre.
