Entre los conflictos que vive la sociedad mexicana por motivos diversos, descartemos de momento los vinculados a la inseguridad, a la corrupción, a las reformas promovidas por Morena y los malintencionados, y consideremos las visiones controvertidas acerca del desarrollo nacional.
En el fondo, esas controversias tienen todo que ver con el reparto de los costos y de los beneficios del crecimiento productivo: divergen en cuanto a quién paga y quién se beneficia más de las inversiones productivas y del producto resultante.
Esos principios elementales perfilan la organización y el ejercicio del poder del Estado. El gobierno de la 4T lo tiene todo: gobierno, Congreso, Poder Judicial. Ha promovido mejoras en el reparto de los beneficios mediante aumentos salariales y programas sociales, pero no puede transformar, en el orden político aún prevaleciente, la estructura productiva del país.
No puede porque la planta productiva la conforman cientos de miles de empresas privadas que tienen la misión de obtener utilidades para sus respectivos propietarios y accionistas, las cuales resultan de su eficiencia competitiva con la que deben ganarles compradores a otras empresas privadas.
Es decir, el interés de los propietarios de cada negocio que participa en el mercado es egoísta, y no puede ser de otra manera. Aquí es donde el tipo de esa relación inseparable que es la economía-política es determinante.
Los países que en el siglo XX intentaron transitar hacia una economía exportadora, como los llamados «Tigres Asiáticos» —Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong— y México, sin mencionar a otros, tuvieron resultados muy diferentes, en buena medida por respectivo régimen económico-político.
Dada la atomización de las empresas privadas persiguiendo sus intereses particulares, sólo el poder del Estado puede articular rumbo, prioridades y estrategias de interés nacional.
Los regímenes coreanos, taiwanés y de Singapur arrancaron en la década de 1960 su proceso de industrialización, teniendo severas dictaduras de partido único, sin detenerse en miramientos a la hora de reprimir manifestaciones, y el de Hong Kong lo hizo con un gobierno colonial; el de México fue una dictadura inútil, que sólo tuvo en la mira mantener el poder de la élite política.
Hoy por hoy tienen gobiernos democráticos, pero su despegue económico lo orquestaron gobiernos severamente autoritarios. No fue un defecto, sino una cualidad intencional. Y no fue el único factor; influyeron otros, como la cultura.
Los gobiernos de esos países no se limitaron a garantizar condiciones propicias para el funcionamiento del mercado, sino que definieron sectores prioritarios de una política industrial. México careció durante cuarenta años —los del neoliberalismo— de una política industrial.
Entre otras medidas cruciales, los asiáticos exigieron a los bancos que no prevalecieran criterios de rentabilidad financiera inmediata en el crédito que canalizaran a esos sectores. En México dominan los bancos extranjeros y su rentabilidad extraordinaria (en cualquier comparación internacional) la obtienen mayormente del crédito al consumo que, del empresarial, y de los intereses que reciben del Fobaproa-IPAB.
Aquellas naciones hicieron de las exportaciones un instrumento central de su desarrollo —igual que México a partir de 1994—, pero allá supieron utilizar la competencia internacional como mecanismo para elevar la productividad, en vez de sólo perseguir la “plena” integración con fines de exportación, con cadenas de manufacturas estadounidenses.
Allá utilizaron aranceles, restricciones selectivas a las importaciones, subsidios, incentivos fiscales, financiamiento preferencial y metas de desempeño exportador de las empresas, con la mira en avanzar en capacidades tecnológicas propias.
Los grupos empresariales favorecidos mediante medidas de protección y apoyo institucional asumían obligaciones de ahorro para inversiones en mejoras tecnológicas y de competitividad exterior. El incumplimiento de metas acarreaba sanciones económicas, administrativas e inclusive penales.
En nuestro país es casi al revés: las élites económicas han logrado evitar toda iniciativa gubernamental de una verdadera reforma fiscal desde hace más de medio siglo.
Durante buena parte del proceso de despegue de su industrialización, Corea del Sur, Taiwán y Singapur tuvieron gobiernos que impusieron una elevada disciplina laboral y el congelamiento de salarios para acelerar la acumulación empresarial.
En México también se debilitó el sindicalismo obrero y se congelaron los salarios entre 1982 y 2018, lo cual sólo favoreció la acumulación de riqueza, no el aumento de inversiones empresariales.
Los tigres asiáticos desarrollaron un capitalismo que combinó propiedad privada de los medios de producción, acumulación privada de capital, intervención estatal estratégica, planificación económica de largo plazo, competencia internacional y protección de industrias nacionales.
Su éxito no consistió en sustituir al capitalismo por la planificación estatal, sino en utilizar la capacidad del Estado para orientar y disciplinar la acumulación privada hacia objetivos nacionales de desarrollo.
En 1955, el PIB por persona de Corea del Sur era de mil 411 dólares anuales, mientras que el de México más que lo duplicaba con 4 mil 60 dólares; hoy por hoy, el ingreso per cápita de Corea del Sur es de 36 mil 227 dólares anuales, mientras que el de México es de 13 mil 889 dólares.
En condiciones de un crecimiento económico mayor al de la población, que además anime la movilidad social, la democracia política tiene mejor suerte, como la está teniendo —al menos formalmente— en esa región asiática.
En un contexto de pobreza y marginación de la mayoría, la democracia liberal no puede hacer valer los principios que exaltan las garantías, las libertades y los méritos individuales.
El egoísmo económico con el que las empresas deben participar en los mercados le plantea al Estado mexicano, conducido por la 4T, el desafío de lograr que la rentabilidad empresarial se articule con objetivos nacionales de industrialización, innovación tecnológica, mejores salarios y mayor integración de proveedores nacionales.