El triunfo Luiz Inácio Lula da Silva en la elección presidencial de Brasil no tiene precedentes en su país: es el primero que remonta como perdedor de la primera vuelta a ganador de la segunda, y es el primero que servirá cuatro periodos como jefe del Poder Ejecutivo.
Es una victoria de enorme importancia continental, con lecciones interesantes para el gobierno y los partidos políticos en México.
Es importante que la población y el producto interno bruto (PIB) de Brasil no pasaran a formar parte de la derechización que promueve Washington en Latinoamérica para poder subordinar el continente a sus intereses geopolíticos y económicos.
El alineamiento brasileño (214 millones de habitantes y un PIB de 2.28 billones de dólares) a la «Donroe» trumpiana y al «Escudo de las Américas» habría convertido a esa “alianza” en mayoritaria económica y poblacionalmente entre los países latinoamericanos.
Washington ha incorporado a 18 países del continente a su Escudo de las Américas —convocado para combatir al narcoterrorismo, “objetivo” al que después se le agregaron medidas mercantiles y políticas—, agregando a Venezuela y Haití, que están bajo su control. En esos 20 países viven 295 millones de personas y su PIB suma 2.8 billones de dólares.
Brasil, Canadá, México —con cuyos gobiernos Trump está abiertamente enfrentado— y otras once naciones de América Latina y el Caribe que no están en la “alianza” trumpiana tienen una población de 409 millones de personas y generan un PIB de 6.3 billones de dólares.
El triunfo de Lula ha impedido —de momento— que la correlación del peso demográfico y económico favorezca al imperialismo estadounidense en nuestra región, aunque el presidente carioca tendrá que gobernar con un Congreso dominado por la derecha y enfrentar desequilibrios fiscales, inflación y otros problemas económicos importantes.
Contra la mayoría de los pronósticos, Lula ganó con diez millones de votos adicionales a los que obtuvo en la primera vuelta, gracias a cambios en su discurso y a una movilización excepcional del equipo de campaña. Salieron a votar quienes no lo habían hecho, quienes habían anulado su voto y millones cambiaron su preferencia.
Lula, en vez de sólo defender los logros de su gobierno, corrigió su discurso para conservar a sus votantes, pero también atraer a quienes no se identifican con su partido; no les pidió que lo hicieran ni los tildó de ser opositores en todo y por todo. Consiguió, a juzgar por el incremento de su votación, reducir el rechazo en amplios sectores sociales.
En vez de denostar a los ciudadanos seguidores de la derecha —más de 50 millones—, presentó un horizonte de movilidad social y progreso basado en la continuación de aumentos salariales y de los programas sociales; es decir, logró vincular la responsabilidad social del gobierno con perspectivas de prosperidad que interesaron a clases medias, y eso es algo que le falta a la comunicación social de Morena en México.
En cualquiera de nuestros países, la redistribución de ingresos es un asunto políticamente poderoso, pero los ciudadanos de clases medias aspiran no sólo a recibir apoyos, sino a visualizar y poder creer en posibilidades de hacerse de un patrimonio y de que sus hijos vivirán mejor.
La ciudadanía que está más allá de la pobreza necesita tener certezas de que son reales las posibilidades de prosperar y alcanzar mejores condiciones de bienestar y salud con estudios y trabajo.
La Cuarta Transformación necesita demostrar que puede mejorar las condiciones de vida de quienes han vivido en la pobreza y, al mismo tiempo, alentar las expectativas de movilidad social de las clases medias.
La presidenta Sheinbaum no denigra a las clases medias como su antecesor, pero tampoco se refiere a su papel en el proyecto de transformación que ahora encabeza; por otra parte, el bajo crecimiento del PIB obscurece esas certezas. Brasil ha tenido mejores índices de crecimiento en inversiones y empleos que México.
Reabrir la movilidad social a horizontes de progreso requiere más que la redistribución de riqueza entre los más pobres; requiere convertir el desarrollo económico en una fuente duradera de bienestar y legitimidad política.
Convertir el crecimiento económico en progreso es resolver el problema político y económico de ofrecer mejoras laborales que sustenten expectativas convincentes de movilidad social, de seguridad y prosperidad para las clases medias y, al mismo tiempo, estimular las inversiones productivas privadas.
Se trata de la conciliación económico-política que ningún gobierno socialmente responsable ha conseguido en Latinoamérica, por recelo ideológico de empresarios conservadores; la tensión aparece cuando las mejoras laborales elevan los costos empresariales y no se hacen las inversiones tecnológicas necesarias para que se produzcan aumentos equivalentes de productividad.
México y Brasil tienen muchos problemas en común, como la delincuencia organizada, las limitaciones a la soberanía, las tasas financieras, las restricciones fiscales y más, a los que Lula trató con diferente enfoque entre el 4 y el 25 de octubre, y así consiguió darle un vuelco al resultado electoral. Habrá que seguir analizando la experiencia brasileña.