En cualquier conflicto, dijo Trump en su discurso en la apertura anual de la Asamblea General de la ONU, hay un botín para el vencedor.
También dejó en claro que usa el poder del ejército estadounidense no solo para asegurar recursos estratégicos de otros países en favor de Estados Unidos, sino también para obtener otros beneficios.
Estableció, ante la organización creada para asegurar la paz en el mundo, que su gobierno no privilegia la diplomacia de la negociación para alcanzar sus fines, sino la combinación de su abrumador poder militar y económico.
En este contexto de «ideas», el texto dedicado a México fue casi la repetición de lo que ha dicho sobre el predominio de los cárteles de la droga sobre nuestro gobierno, argumento con el que ha requerido la autorización de la presidenta Sheinbaum para entrar con su ejército a nuestro territorio.
Ante la firme negativa de la presidenta, Trump ha agregado desde principios de este año que la “amenaza terrorista” de los cárteles mexicanos —y de otras naciones de América Latina— no es únicamente contra Estados Unidos, sino contra el mundo entero.
Antier martes, reunió a los catorce gobiernos de América Latina y el Caribe que integran, con Washington, el “Escudo de las Américas” para que acordaran emprender acciones financieras y penales contra 24 organizaciones de narcotraficantes, declaradas como una amenaza común a la seguridad y prosperidad de sus ciudadanos.
Por graves que suenen las amenazas de Trump en su campaña contra narcotraficantes —pretexto para intervenir en naciones de América Latina—, el peligro está en personajes de la derecha mexicana que dicen creer que sólo con la intervención del ejército de Estados Unidos podrá México derrotar al cártel de Jalisco y al de Sinaloa.
A esos personajes se ha dirigido la presidenta en ocasiones y fueron los destinatarios de su condena, durante su gira por Sinaloa el fin de semana pasado, de la injerencia extranjera como generadora de violencia. “No resuelve los problemas”, dijo, pero hay quien finge creer que sí.
De ellos depende hasta dónde llegue Trump en sus esfuerzos injerencistas.
La presidenta los conoce; son quienes viajan constantemente a Washington para “denunciar” al “narcogobierno” mexicano, como Alejandro Moreno, senador y dirigente de la ruina del PRI en proceso de desafuero para que responda de presuntos delitos que se le imputan por desvío de decenas de millones de pesos como gobernador que fue de Campeche.
De Ricardo Salinas Pliego, poderoso personaje concesionario de medios de comunicación, la presidenta Sheinbaum ha dicho que fue quien le abrió la puerta en México a Javier Negre, dueño de «La Derecha Diario», medio difusor de noticias falsas en España y América Latina con fines políticos, que utiliza bots.
Sheinbaum señaló que Negre —quien critica que nuestro gobierno no se haya alineado al de Estados Unidos— ha publicado en sus redes sociales que fue contratado en México por Salinas Pliego; Salinas propuso en un discurso público dejar de pagar impuestos y advirtió que a Morena no se le podrá derrotar por las buenas, y que había que buscar “otros caminos”.
Esos malos dirigentes políticos o empresarios en problemas fiscales, sin más proyecto alternativo de nación que entregarle el país a Washington, parecen haber depositado en la Casa Blanca su esperanza —no de una intervención militar, que tendría consecuencias imprevisibles— pero sí de que contribuya a la derrota electoral del gobierno de la 4T.
Durante el gobierno de Trump, EU ha intervenido en los cambios electorales de gobierno de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú, y lo está haciendo ahora en Brasil a favor del hijo de Bolsonaro en las elecciones de octubre.
No hay que imaginar cómo cobraría EU su intervención para derrotar al gobierno de la 4T; ahí están las evidencias de subordinación de las prioridades de esas naciones a lo que Washington considere útil a sus intereses.
Lo que la derecha, ciertos medios de comunicación y sectores de las clases medias deberían entender es que la intervención de Washington en las elecciones presidenciales de 2030 no se limitaría a la derrota de Morena.
El caso extremo en el que nuestra América Latina puede visualizar lo que el corolario «Donroe» de la Doctrina Monroe significa es el de Venezuela.
Ahí se está reorganizando el saqueo del país, se está consolidando un pacto imperial/oligárquico-nacional para remodelar la República y facilitar la apropiación de recursos naturales, de fuerza de trabajo barata, de territorios y ganancias desmedidas de algunas empresas.
Desde Washington se ha ordenado la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la nueva Ley de Minas, acuerdos para recuperar el sistema eléctrico, el proceso de reestructuración de la deuda pública externa y la decisión de cuándo habrá elecciones en Venezuela.
A la oligarquía venezolana la representa Alejandro Betancourt, quien ha estado envuelto en tramas de corrupción; es el directivo de la empresa venezolana nacida en 2024, la North American Blue Energy Partners, convertida en la segunda compañía con mayores reservas petroleras del mundo.
Esa empresa es parte del acuerdo petrolero firmado el 31 de agosto por Trump con el interinato de Delcy Rodríguez, mediante el cual Estados Unidos se apropia de 65 mil millones de barriles de crudo (MB), mucho más que las reservas estadounidenses probadas, estimadas en 46 mil MB.
Desde Washington se manejan los ingresos petroleros del país y se determina cómo y cuándo se gastan.
¿Eso es lo que quiere la derecha mexicana para nuestro país? Sin su eventual participación, la Doctrina Donroe sería inviable en México.
El contrato petrolero es resultado de la convergencia del imperialismo que sigue la «Doctrina Donroe» y los intereses de cómplices internos, allegados al poder autoritario de Maduro o con poder económico oligárquico.