La revista Finanzas y Desarrollo que edita trimestralmente el Fondo Monetario Internacional, publica en su edición de septiembre 2026 un interesante ensayo de Gordon Hanson, Dani Rodrik y Rohan Sandhu sobre nuevas condiciones del desarrollo futuro de países de ingreso medio.
Resaltan dos aspectos de interés para el diseño de la política económica de México: primero, que ante cambios globales -que no son coyunturales- las exportaciones no aseguran el crecimiento a países como el nuestro; segundo, la propuesta de hacer que sean las micro, pequeñas y medianas empresas --las proveedoras del mercado interno--, el motor del crecimiento.
Repensando el desarrollo es el título del escrito; la economía mundial --se argumenta-- está entrando en una nueva etapa en la que la seguridad nacional y los objetivos geopolíticos se imponen en las agendas políticas gubernamentales a los esfuerzos por ganar competitividad en el comercio exterior.
Es claro que se refiere, sin mencionarlo, a la relevancia que Trump le ha dado a la seguridad nacional estadounidense en su política exterior, la cual está dominada por la competencia por la hegemonía global en la que Estados Unidos está enfrascado con China.
Desde esa perspectiva, Washington ha desatado una guerra comercial contra todo el mundo, lo que ha provocado el aumento del proteccionismo en las economías avanzadas.
México y Canadá también son blanco de esa guerra, “socios” a los que el gobierno de Trump -ha dicho el presidente- no les permitirá que “sigan aprovechándose de EU”. Ese es el espíritu con el que EU está revisando el T-MEC.
En esta situación, que no es transitoria sino de cambio, la publicación de marras sería atendible por la secretaría de Economía de México en un único señalamiento, que es el de que “la industrialización orientada a la exportación ha perdido su atractivo como vehículo fiable para el crecimiento económico y la creación de empleo” en países de ingreso medio (como es México).
México apostó hace 40 años a las exportaciones de manufacturas como motor del crecimiento, pero la «no política industrial como la mejor política» que prevaleció desde el gobierno de Salinas hasta el de Peña Nieto, hizo que las mayores inversiones industriales -en su mayoría extranjeras y en su mayoría meras ensambladoras y maquiladoras- se orientaran a producir para el mercado externo, sin que su muy exitoso desempeño se reflejara en el crecimiento económico y en los salarios en nuestro país.
Nuestro país no puede avanzar en su desarrollo futuro apostando a la integración regional norteamericana; lo niega la experiencia de 40 años y con Trump en la Casa Blanca, lo que sigue sería una franca subordinación en todos los órdenes.
Por los cambios internacionales que están ocurriendo es obligado para México el cambio de orientación del crecimiento industrial con inversiones que generen cadenas de valor internas y cubran la demanda de un mercado interno que se fortalezca.
El planteamiento que ha hecho el gobierno de la presidenta Sheinbaum en esa dirección es el Plan México, que tiene la virtud de querer dar impulso a las capacidades internas de producción en sectores estratégicos, aumentar los componentes nacionales que contengan las mercancías exportadas desde México y lograr que el desarrollo sea compartido social y regionalmente.
Sin embargo, el Plan no cuenta -todavía- con mecanismos para que sean las medianas y grandes empresas nacionales sus principales participantes.
El Plan se topa con la heterogeneidad del sector privado y su representación acentuadamente cupular; el mundo empresarial lo forman unos diez millones de unidades económicas, carentes, en su absoluta mayoría, de una representación genuina de sus intereses.
Las convocatorias al Plan las han atendido los 60 empresarios que conforman el Consejo Mexicano de Negocios, además de la Coparmex y la CANAM que han sabido plantear exigencias que el gobierno va atendiendo, como la simplificación de trámites o la insuficiencia de energía eléctrica en algunas regiones.
El problema del Plan México es que los protagonistas convocados a participar no son las medianas y grandes empresas mexicanas que necesitan apoyos para desarrollar su potencial productivo, sus capacidades de innovación y para mejorar su competitividad.
Poner en el centro de las políticas de desarrollo a ese tipo de empresas --que conforman un universo de 60 mil firmas si sólo se incluyen a las medianas y grandes (Miguel Nasañez, Quien Manda en México, Porrua, 2023)-- exige, en primer lugar, su genuina representación en la Canacintra, Concamin y Concanaco.
Esa representación falta para que el gobierno, junto con esos 60 mil emprendedores vinculados al mercado interno, hagan una profunda revisión de sus necesidades de infraestructura, financiamiento, capacitación, formación de técnicos y profesionales, y un largo etcétera.
La reactivación de inversiones, empleos y salarios no depende de las 2500 corporaciones vinculadas al sector externo --intensivas en capital y tecnología y de escasos puestos de trabajo--, sino de las 60 mil empresas que atienden con relativa eficiencia al mercado interno.
Del aumento de puestos de trabajo y salarios pagados en esas empresas grandes y medianas depende, en consecuencia, la viabilidad del proyecto de la 4T en favor del bienestar social y lograrlo de la mejor manera posible, con empleos y salarios dignos.