La semana pasada en este espacio de El Financiero, me referí al Plan México como una estrategia que trata -sobre todo- de articular una política nacionalista ante la ruptura del orden económico global.
La reorientación del desarrollo es ineludible ante la ruptura de ese orden en el que los gobiernos de México supusieron, desde 1988, que las exportaciones podían ser el motor dinámico del crecimiento económico.
El resultado es que mientras las exportaciones desde territorio mexicano establecen nuevas marcas cada año, el PIB mexicano ha venido en declive constante desde hace 30 años hasta ser, hoy por hoy, de los más bajos del mundo.
Así las cosas por dos causas principalísimas; el sector externo de nuestra economía está mayormente a cargo de corporaciones transnacionales, entre las que dominan las ensambladoras automotrices y maquiladoras, mismas que Trump quiere de regreso en Estados Unidos; de ahí que el T-MEC “no le importe” y que su revisión anual será altamente adversa a México.
La segunda causa es que las exportaciones que esas corporaciones hacen desde México contienen muy escaso valor agregado por proveedores nacionales, porque más del 80% de los bienes intermedios que ensamblan, son importados.
Para reactivar el crecimiento de nuestro PIB (lo que aquí se produce), el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó en enero de 2025 un Plan México orientado a fortalecer la industria del país, elevar el contenido nacional de las exportaciones, sustituir importaciones, generar 1.5 millones de empleos industriales y fortalecer el mercado interno.
El Plan, para poder llevarse a cabo, tiene dos requisitos: que el Estado amplíe sus capacidades de acción -fiscales y funcionales- y que el empresariado nacional considere rentable el aumento de sus inversiones productivas.
De las modificaciones necesarias al Plan para que el Estado coadyube a destrabar las inversiones públicas y privadas, que propone un equipo encabezado por Mariana Mazzucato, economista de relieve internacional (que por cierto, atribuye parte de su formación a sus estudios en la Facultad de Economía de la UNAM), nos ocupamos la semana pasada.
Están contenidas en el documento Transformación del Estado para el Plan México: Una misión orientada a lograr una prosperidad compartida. La pregunta a la que responde no es si el Estado debe orientar el desarrollo, sino si el Estado mexicano tiene las capacidades suficientes para hacerlo.
El diagnóstico es que no las tiene, pero puede adquirirlas; la batería de propuestas de Mazzucato se ciñe a la transformación necesaria del Estado para que no sólo regule, sino que configure mercados -como el financiero con una banca de desarrollo más fuerte- y que se enfoque a la solución de problemas, como fortalecer las soberanías energética, alimentaria y farmacéutica, la transición ecológica y el desarrollo regional.
Ese es precisamente el enfoque de la 4T desde hace ocho años, sin los resultados esperados todavía, con más problemas encima, entre los que destacan el que representa del gobierno de Trump en el frente externo y la insuficiencia de recursos fiscales, en el frente interno.
Sobre el primero se ha escrito mucho y sobre el segundo debería abrirse una muy amplia discusión en el poder legislativo y entre sectores de la sociedad conscientes de que la inducción pública de inversiones empresariales --como base de un desarrollo socialmente incluyente-- requiere recursos públicos con los que hoy por hoy, no se cuenta.
México recauda entre 16 y 18% del PIB en impuestos, mientras que la captación entre los países de la OCDE promedia 33%. No es que las tasas impositivas sean bajas en México, sino que la evasión es enorme.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que prefiere cobrar mejor antes que aplicar nuevos impuestos, y por ese esfuerzo se ha acusado al SAT de ejercer “terrorismo fiscal”.
El caso es que lo que se ha logrado aumentar de recaudación, no es suficiente; según los expertos en la materia, todavía queda largo camino por recorrer para evitar la evasión de muchas empresas en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), cuya recaudación equivale actualmente al 8 por ciento del PIB.
Los asalariados somos causantes cautivos de ese impuesto, pero una enorme cantidad de empresas se las arregla de diversas maneras -ilegales unas, pero otras legítimas- para declararse sin utilidades, e inclusive con pérdidas, y no pagar el impuesto que les corresponde.
Son fallas de la legislación fiscal que ameritan una profunda reforma. Recurro a los expertos, como Gerardo Esquivel, quien asegura que una mejor recaudación del ISR puede aportar “al menos un punto porcentual del PIB adicional, que es lo que necesitamos para reducir el déficit fiscal estructural actual” (Milenio 27-07-2026).
Ahora supongamos que el Estado mexicano y en particular el gobierno, cuenta con los recursos fiscales y con las capacidades funcionales para jugar un eficiente papel promotor de las inversiones privadas; ¿bastará para que el empresariado acelere sus inversiones en México?
En Estados Unidos y más recientemente en Europa, grandes capitales se han trasladado de las actividades productivas hacia las esferas financiera y bursátil en busca de utilidades que en las manufacturas, han venido a la baja desde hace décadas.
En México, ya ha quedado señalado, las inversiones privadas son bajas desde hace muchos años.
Ello plantea la interesante cuestión de si son las inversiones productivas --en un ambiente de negocios propicio-- las que generan las ganancias a las que aspiran los capitales, o son las expectativas ciertas de ganancias por las ventas de mercancías -manufacturas o servicios- en mercados fuertes, las que motivan cualquier aumento de las inversiones productivas.