Bajo el gobierno de Trump se está configurando una nueva estructura del poder en la que participan el propio ejecutivo estadounidense, las fuerzas armadas y las grandes corporaciones tecnológicas.
Hemos abordado el tema en este espacio anteriormente. Se trata de la configuración del poder entre un gobierno envuelto en el nacionalismo económico y político —óptica desde la cual ve múltiples amenazas a la seguridad nacional— y las corporaciones de alta tecnología en una relación estratégica con el ejército.
En la forja de esa relación entre gobierno, corporaciones y fuerzas armadas, Trump ha ido trasladando la generación de información y del conocimiento estratégico desde las instituciones de gobierno a las grandes corporaciones.
Al ser esas corporaciones tecnológicas las que generan y analizan los datos, van adquiriendo una influencia determinante en la toma de las grandes decisiones.
Es un nuevo sistema de gobierno económico-político y social que se asemeja al de China en un aspecto: el de operar con una dirección centralizada.
La diferencia es que en EU, las decisiones corren a cargo de corporaciones privadas, mientras que en China, los capitalistas (que son muchos) no establecen las estrategias de inversión, sino que deben seguir los planes que señale el Partido Comunista.
A falta de democracia, la burocracia de China no es responsable ante el pueblo de sus decisiones, pero el modelo está funcionando con mayor eficiencia económica que el neoliberal de las últimas décadas en Occidente.
En la alianza estrecha entre gobierno, ejército y las grandes corporaciones, la tecnología constituye el corazón de un poder concentrado en sus dueños, con intereses propios.
Los críticos del modelo ven, con razón, que las corporaciones privadas que desarrollen la planeación y estrategias económico-políticas de crecimiento no tendrán que rendirle cuentas a la sociedad, circunstancia en la cual los controles democráticos pierden relevancia.
Con una nueva configuración del poder tecno-político de la economía más poderosa del mundo, es con la que Washington pretende afrontar los desafíos geopolíticos y económicos de China.
México, igual que el resto de América Latina y otras regiones del mundo, es escenario de la rivalidad entre Estados Unidos y China por acrecentar su respectiva influencia regional.
La presencia mercantil, como inversionista y como prestamista de China, ha crecido muy rápidamente en la región. Ha superado a la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina.
Según el Consejo de Asuntos Exteriores de China, ese país ha elevado sus intercambios comerciales con Latinoamérica de 12 mil millones de dólares que eran en el año 2000, a 518 mil 470 millones en 2024.
Brasil —caso aparte— exporta a China más que a Estados Unidos y a Europa juntos.
Por supuesto que Beijing tiene intereses estratégicos en la región, como es dominar la explotación del 56% de las reservas mundiales de litio, las cuales se encuentran en territorios de Argentina, Bolivia y Chile, territorios a los que está canalizando grandes inversiones.
En contraste, la Casa Blanca actúa en Latinoamérica conforme a su Estrategia de Seguridad Nacional —el addendum a la doctrina Monroe— presentada en 2025, que es abiertamente coercitiva en su propósito de “expandir” su presencia en la región y hacer frente a “influencias extranjeras”.
La «estrategia» la resumió el propio Trump al declarar que “En el hemisferio hacemos lo que queremos, porque pertenece a Estados Unidos”.
Para “reclutar” a los gobiernos afines al estadounidense en el hemisferio, Trump convocó en marzo pasado a 16 gobiernos en una de sus propiedades, el Trump National Doral de Miami.
Ahí les habló Trump a los jefes de gobierno invitados de formar El Escudo de las Américas con cuatro propósitos que le interesan a Washington: contener la migración de hispanos hacia EU, contener la influencia de China en la región, reforzar la hegemonía estadounidense en el continente y combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
Ni los presidentes de México, Brasil y Colombia, ni el primer ministro de Canadá, fueron convocados.
Conforme a sus prioridades internas y geopolíticas, el gobierno de Trump pretende asegurar el alineamiento incondicional de América Latina; en algunos países ha conseguido imponerse.
Lo hizo en Panamá, donde un fallo judicial declaró inconstitucional un contrato con Panama Ports Company y su matriz hongkonesa CK Hutchinson Holding, grupo que por casi tres décadas había operado las terminales del canal.
Las presiones son también como elector; en las elecciones intermedias de Argentina, Trump advirtió con toda claridad que, de no resultar fortalecido el presidente Milei, cancelaría una ayuda de 20 mil millones de dólares que le era indispensable a Buenos Aires. Ganó Milei.
En los días previos a la elección presidencial de Honduras, Trump amenazó con retirar toda ayuda al país si no ganaba Nasry Asfura, candidato del mismo partido que el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a prisión de 45 años por narcotráfico; en plena campaña hondureña, Trump lo indultó. Asfura fue elegido.
El recurso extremo de Estados Unidos es la criminalización de gobiernos; con el mismo protocolo judicial ha tratado este año a Venezuela, a Colombia, a Cuba y, el 29 de abril, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el gobernador de Sinaloa en funciones.
Aunque no ha procedido judicialmente, Trump ha acusado al presidente Gustavo Petro de Colombia de ser “líder de narcotraficantes”. Su favorito en la elección presidencial colombiana es el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta del 31 de mayo y puede ganar el 21 de junio en segunda vuelta.
Son presiones con fines injerencistas con el pretexto de combatir criminales, que tienen la franca intención de determinar el perfil ideológico de gobierno en nuestros países que le permita a Washington “hacer lo que quiera”.
Hay una creciente efervescencia por la pobreza de las pensiones en México y de la hacienda pública para elevarlas, que puede llegar a convertirse en factor de inestabilidad social y ser parte del protocolo injerencista que vemos en otros países.