El lunes, Steven Colbert recibió una ovación de pie al levantar su Emmy, un reconocimiento a su ingenio y capacidad para leer los tiempos de la política estadounidense con humor e ironía. Los asistentes celebraron a Colbert con el sabor agridulce de estar despidiendo a una voz crítica que, durante años, se convirtió en referente cultural en medio de la polarización y el ataque contra la prensa.
Lamentablemente, The Late Show ya tiene fecha de terminación el próximo año, presumiblemente por presiones del gobierno a la cadena CBS.
Tan solo dos días después, el otro gigante de los shows nocturnos, Jimmy Kimmel, fue sacado del aire de ABC de forma indefinida tras su monólogo del 15 de septiembre sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Durante ese segmento dijo: “El fin de semana tocamos nuevos fondos con la pandilla MAGA, desesperada por caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y haciendo todo lo posible por sacar rédito político de ello”. Un comentario convencional en este tipo de programas.
El analista Ian Bremmer señaló la hipocresía de este proceso. Recordó que, apenas días atrás, en la cadena Fox pudimos escuchar a Brian Kilmeade sugerir ejecutar a las personas sin hogar y Jesse Watters acusó a la izquierda de querer iniciar una guerra civil.
En este contexto, cancelar a Jimmy Kimmel no tiene nada que ver con un desliz en un monólogo. Es el uso del poder para callar a la oposición política y controlar los medios. Se tolera el discurso incendiario de un lado y se reprime la sátira generada en la otra orilla.
La “cancelación” de Kimmel ha encendido todas las alarmas. El senador por California Adam Schiff recordó que esta administración ha acumulado un expediente de hostigamiento contra la prensa: demandas contra el New York Times, el Wall Street Journal y 60 Minutes; presiones a cadenas como CBS y ABC para obtener arreglos legales; e incluso el bloqueo del acceso de la agencia AP a la Casa Blanca.
Por su parte, David Frum fue aún más tajante: lo ocurrido con Kimmel no es un caso de “cancel culture”, sino represión estatal. “Aquí no se trata de un chiste ofensivo en un monólogo, se trata de un guion dictado desde el gobierno: si no lo lees, desapareces del aire”.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) resulta clave en esta dinámica. Lo que nació como un regulador técnico se ha convertido en un instrumento político. Bajo la amenaza de multas, sanciones o la revocación de licencias, la FCC ejerce presión sobre las compañías mediáticas. El mensaje es simple: quien no se pliegue a la narrativa oficial arriesga su negocio y su permanencia en el aire.
David Graham, en The Atlantic, retrata la paradoja del caso Charlie Kirk. El joven activista conservador construyó su carrera gracias a la libertad de expresión, llevando mensajes radicales a campus universitarios. Su discurso era provocador y frecuentemente discriminatorio, pero fue protegido por la Primera Enmienda. Esa protección le permitió convertirse en un referente de la derecha y, con el tiempo, en una pieza clave del ecosistema MAGA.
Lo irónico es que ahora sus aliados —envalentonados por su trágica muerte— promuevan medidas para silenciar a quienes critican o satirizan a Kirk. Se le canoniza como defensor del debate abierto, mientras se niega ese derecho a quienes hoy cuestionan su legado. O sea, “hágase la censura en los bueyes de mi compadre”.
No se trata de episodios aislados. Donald Trump sigue un manual probado en democracias de fachada.
Viktor Orbán, en Hungría, creó un entramado legal que permitió la compra de medios por empresarios afines y limitó a la prensa crítica. Recep Tayyip Erdoğan, en Turquía, cerró medios, encarceló periodistas y redujo el periodismo independiente a pequeños espacios digitales bajo presión judicial y económica. Métodos distintos, mismo resultado: controlar la opinión pública para consolidar el poder. Trump replica esos modelos con las herramientas de la democracia estadounidense, usando juzgados, agencias y presión económica como armas políticas.
En México no estamos cantando mal las rancheras. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores promovió medidas judiciales contra medios como el diario Tribuna. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsa la Ley de Ciberseguridad o “Ciberasedio”, que, bajo el argumento de combatir el acoso digital, contempla sanciones que organizaciones de prensa ven como un riesgo a la libertad de expresión. El periodista Héctor de Mauleón ha enfrentado campañas de hostigamiento, mientras que la ciudadana Karla Estrella fue obligada por un juez a disculparse durante 30 días con la diputada Diana Karina Barreras (alias “dato protegido”).
Un tuit de Trump festeja la censura: “Grandes noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con problemas de audiencia, está CANCELADO. Felicitaciones a @ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer...”.
Con esas palabras celebra lo que, en cualquier democracia sólida, se consideraría un atropello: la cancelación de un crítico incómodo. Lo que debiera verse como un duro golpe a la libertad de expresión, él lo celebra como un exitoso manotazo autoritario. Cuando desde el poder no se oculta la mano que dispara el gatillo de la censura, es claro que estamos entrando a un nivel de autoritarismo que opera a la vista de todos.
