Masivo ha sido el rechazo ciudadano a las reformas legales promovidas por el jefe del Ejecutivo en materia electoral, expresado en las concentraciones realizadas en una gran cantidad de plazas dentro y fuera del territorio nacional.
Pese a que las reformas legales han sido aprobadas en el Congreso federal, todo indica que aún deberán recorrer un tortuoso camino para su aplicación y la decisión final será dada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha adquirido nuevos bríos con el nombramiento de la presidenta Piña y ha dado muestra de verdadera independencia.
La nutrida participación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) no podrá ser minimizada ni menospreciada, como se ha pretendido en eventos previos por la narrativa oficial y, obligadamente, deberá tener impacto en los razonamientos y determinaciones de la Corte.
Fueron evidentes los esfuerzos que desde la máxima tribuna del país se realizaron para desincentivar la participación social en las concentraciones, desde la crítica insistente al conservadurismo, hasta el señalamiento recurrente e incomprensible de que quienes asistieran lo harían en defensa del superpolicía de Calderón, hoy en prisión en Estados Unidos.
La respuesta ciudadana a la convocatoria fue más que evidente y, sin duda, memorable. El descontento con las reformas pretendidas es más que elocuente, ordenado y pacífico.
El contenido discursivo de los oradores alude, de manera directa y explícita a la intención de apropiación del sistema electoral por parte del actual gobierno con la finalidad de evitar la alternancia y asegurar su continuidad en las elecciones de 2024. Tanto Pagés como Cossío fueron rotundos y contundentes en estos señalamientos sin dejar a la imaginación a su destinatario, lo que, dados los antecedentes, seguramente recibirá como respuesta la diatriba y la denostación en la rueda de prensa cotidiana.
Un tema destacable y, desde luego de la máxima prioridad, es el mensaje del ministro José Ramón Cossío para los ministros de la Corte, quienes se han visto sujetos a la crítica áspera desde Palacio Nacional como una forma de minar su imagen e inducir decisiones favorables a las reformas electorales, el llamado plan B, como una convocatoria a defender su autonomía y a tomar sus decisiones con base en la Constitución, haciendo a un lado las presiones de que son objeto.
La pelota queda pues en la cancha de la Suprema Corte en donde habrá de determinarse la constitucionalidad de las reformas y de lo que dependerá sustancialmente el futuro de la democracia en México.
La temperatura política va en aumento, los ánimos se exacerban y el rechazo social se hace patente de manera activa.
Si el dinosaurio versión 4T no ha muerto, debiera también considerarse que el tigre aún sigue ahí.
El autor es catedrático, analista político, consultor en estratégica, seguridad nacional y administración pública.