Gerardo Herrera Huizar

La economía del crimen

El terror implantado por la violencia de bandas criminales en diversas zonas de la geografía nacional tiene un objetivo definido: el lucro.

De manera soterrada o abierta, pero paso a paso con mayor libertad de acción, el crimen se apodera de la vida social, diversificándose en actividades tanto ilícitas como legales.

El terror implantado por la violencia de bandas criminales en diversas zonas de la geografía nacional tiene un objetivo definido: el lucro, la obtención de rentas cada vez más jugosas provenientes ya no sólo de las drogas, como pudiera pensarse tradicionalmente, sino de actividades básicas en la dinámica económica cotidiana que impactan directamente el intercambio social y la vida diaria de las comunidades.

La explicación de los cientos de miles de muertos, según las estadísticas oficiales, de los tres últimos sexenios, pasa por el cedazo de la impunidad y la colusión en principio, pero también por la creciente tolerancia que ha beneficiado la expansión, el fortalecimiento de la estructura de las organizaciones delictivas, la cooptación o reclutamiento forzoso para nutrir sus contingentes, el incremento innegable de su capacidad de fuego y, desde luego, la consolidación de su control territorial.

La suma de estas capacidades, se ha visto ya en repetidas ocasiones, les otorga la posibilidad de ejercer un dominio casi absoluto de las zonas que ocupan, controlar las actividades productivas, monopolizar el comercio de todo tipo o condicionar, incluso, la política local.

Evidentemente, mientras más alejadas son las comunidades, entre menos infraestructura tengan y mayor sea la fragilidad institucional, mayor es la facilidad de control de la delincuencia y su incentivo para expandir su fuerza y generar todo tipo de actos violentos.

Las estrategias planteadas durante las tres últimas administraciones para combatir la criminalidad han sido severamente cuestionadas, tanto por la decisión de un combate frontal con el empleo de la fuerza armada, la inacción o a través de políticas sociales, cuyos resultados no han sido otros que, dados los datos duros, el crecimiento de la inseguridad y la violencia.

Los recientes acontecimientos en la sierra Tarahumara, en Guerrero, Chiapas o San Antonio, dan cuenta de la libertad de acción de las bandas delictivas y su inmersión en la actividad económica. Ello pone de relieve la amenaza creciente y sistémica de la criminalidad y sus efectos nocivos en la seguridad nacional y la gobernabilidad.

Ceder al crimen espacios que deben ser monopolizados por el Estado, evidentemente no parece ser la mejor solución ni la mejor vía de gobernanza, pues se abdica a la naturaleza misma, a la razón de ser de ese leviatán al que recurrimos como fórmula histórica para evitar la depredación del hombre por el hombre.

Ciertamente, en la complejidad del fenómeno, es justo y pertinente atender las causas estructurales que lo generan, en pos de la pretendida estabilidad y armonía de los intercambios sociales, pero paralelamente, es obligado e indispensable contener el flujo hemático que baña a la nación.

Si ha de ejercerse la ley del más fuerte, que esta sea, precisamente, la del Estado.

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