El pasado 8 de septiembre la presidenta Sheinbaum entregó en tiempo y forma el “Paquete Económico 2027”, que se conforma esencialmente por tres documentos:
(1) Criterios Generales de Política Económica (CGPE), en donde se encuentran los supuestos con los que se estiman los ingresos y parte de los egresos (e.g. crecimiento del PIB, tipo de cambio, tasas de interés), así como los indicadores y metas fiscales (e.g. déficit fiscal, deuda) y un resumen de los principales rubros por los que el gobierno recibe ingresos (e.g. tributarios, por concepto de IVA, ISR) y en lo que se planea gastar.
(2) Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), en donde se plantean los detalles propuestos en torno al cobro de impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, productos y aprovechamientos, así como los ingresos relacionados con empresas públicas, estímulos fiscales, disposiciones y medidas accesorias –incluyendo tasas y cuotas específicas como las reglas de retención, así como medidas para cerrar espacios de evasión y elusión fiscal–, y los techos de endeudamiento neto interno y externo.
(3) El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que detalla en qué se propone gastar el dinero público durante el siguiente año fiscal, así como la manera en cómo se propone gastarlo y quienes se deberían encargar de ejecutarlo. Se incluyen los presupuestos de gasto en ramos administrativos (e.g. secretarías de Salud, Educación, Defensa Nacional), ramos autónomos (e.g. poderes legislativo y judicial, INE, pero no el Banco de México e INEGI, que son organismos autónomos), entidades de control directo (e.g. Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE) y el gasto federalizado (e.g. transferencias y aportaciones destinadas a los gobiernos de los estados y municipios).
Cabe señalar que el PPEF enfatiza el gasto en “rubros prioritarios”, como los programas sociales, proyectos de inversión y obra pública y el gasto electoral, que en 2027 se vuelve altamente relevante por que se llevarán a cabo elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas estatales, entre muchos otros puestos de elección popular a nivel municipal.
Lo importante para los participantes de los mercados financieros tanto a nivel local, como global, es analizar si los supuestos son creíbles, así como la actualización de los indicadores de déficit y deuda para el año actual (2026) y las proyecciones de éstos a finales del año del presupuesto que se está solicitando (en este caso, 2027). Si bien siempre es interesante analizar estos documentos, hoy en día son todavía más relevantes a la luz de las acciones recientes de las calificadoras de riesgo, así como de artículos que se han publicado recientemente al respecto, criticando la situación de las finanzas públicas en México.
En lo que resta de esta columna destacaré tres aspectos de la propuesta de presupuesto. La semana que entra comentaré sobre cómo considero que actuarán las principales agencias calificadoras hacia delante, en donde anticipo que México conservará el “Grado de Inversión” en el “futuro previsible” (“Difícil que México pierda ‘Grado de Inversión’”, 21 de julio).
(1) Supuestos realistas. Los supuestos que utilizó el equipo de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentran muy apegados al consenso de analistas. Por ejemplo, SHCP proyecta un crecimiento del PIB de 1.5 por ciento para 2026 y de 2.0 por ciento para 2027, muy cercanos al 1.3 y 1.8 por ciento del consenso de analistas, respectivamente.
(2) Metas fiscales sin cambio. Se mantuvo la meta de déficit para este año en 4.1 por ciento del PIB, después de que en años pasados se había estado elevando tanto con respecto a lo aprobado, como a la actualización de Pre-Criterios. Mejor aún, se redujo la meta de deuda para fin de este año de 54.7 a 54.0 por ciento del PIB. Asimismo, se puso una meta de déficit realista de 3.9 por ciento para finales de 2027, con un cociente de deuda-PIB de 55 por ciento. No es ideal porque el déficit tiene que alcanzar un nivel mínimo de 3.5 por ciento del PIB, para que el cociente de deuda-PIB deje de crecer, bajo las condiciones actuales. Sin embargo, reconozco que es realista dadas las restricciones fiscales, sobre todo con el dinero que hay que seguir asignando a Pemex, que mencionaré en el tercer punto. Ahora bien, Hacienda plantea una trayectoria gradual para que el déficit llegue a niveles por debajo de 3.5 por ciento del PIB hacia 2030 de la siguiente manera: 2028: 3.7 por ciento; 2029: 3.6; y 2030: 3.4 por ciento, que permitiría generar superávits primarios de 0.5 por ciento del PIB en 2028 y 2029 y de 0.7 por ciento en 2030. De esta manera el cociente de deuda-PIB todavía se incrementaría un poco y se estabilizaría a partir de 2031 por debajo de 60 por ciento del PIB de la siguiente manera: 2028: 55.6; 2029: 56.1; 2030: 56.4; y 2031: 56.5 por ciento (utilizando las definiciones de déficit y deuda más amplias, que incluyen Pemex y CFE).
(3) Línea presupuestal para Pemex. Desde 2023 Pemex significa un costo neto para el gobierno. Décadas de ordeña de efectivo con pocas inversiones y falta de coparticipación de empresas del sector privado la dejaron muy vulnerable (Urge plan para Pemex, 4 de marzo, 2025). Aún así, Pemex es una empresa muy noble porque sigue teniendo buenos resultados en exploración y producción, a pesar de todo. Mientras tanto, la decisión del gobierno de continuar inyectando capital a Pemex para que pueda hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera ha sido una política exitosa para mantener tranquilos a los participantes de los mercados financieros internacionales, pero queda claro que no es un equilibrio sostenible en el mediano plazo y mucho menos en el largo plazo.