La semana pasada, la presidenta Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, anunciaron un nuevo plan gubernamental de infraestructura. Este plan significaría una inversión de 6.3 billones de pesos en una cartera de más de 1,500 proyectos. Esto representaría cerca del 18 por ciento del PIB distribuidos en los próximos cinco años. Sheinbaum añadió que este año el gobierno destinará 722 mil millones de pesos. Aún no está claro si esto ya está incluido en el presupuesto de este año o si tendría que añadirse al déficit aprobado del 4.1 por ciento del PIB (medida amplia que incluye a las empresas paraestatales), al que hay que sumar el vehículo de inversión del banco de desarrollo Banobras para apoyar el gasto de capital de Pemex, lo que podría llevar el déficit al menos al 4.3 por ciento, con una relación deuda/PIB de alrededor del 53 por ciento para finales de este año.
Según el anuncio de la semana pasada, los proyectos abarcarán ocho sectores: Energía (54.2 por ciento), trenes (15.6 por ciento), carreteras (13.9 por ciento), puertos marítimos (6.5 por ciento), salud (6.2 por ciento), agua (2.8 por ciento), educación (0.3 por ciento) y aeropuertos (0.1 por ciento). Es importante señalar que Sheinbaum también mencionó la probable necesidad de mantener las medidas de apoyo a Pemex más allá de 2026.
Si bien aplaudo el cambio de enfoque de la Presidenta hacia la promoción del crecimiento, una meta que había estado ausente anteriormente, sobre todo en la administración anterior, no se ha anunciado una lista detallada de proyectos, ni se ha publicado un cronograma o un mapa de ruta, así como tampoco se ha especificado la forma en que se van a financiar. En este sentido, considero que los dos grandes retos son cómo aumentar la inversión sin descuidar la responsabilidad fiscal y cómo atraer la inversión privada sin caer en los errores del pasado. En mi opinión, los inversionistas globales le están dando el beneficio de la duda a la administración de Sheinbaum, pero también están muy atentos a cualquier detalle que se anuncie posteriormente, que permita hacer un análisis para saber de qué manera se va a poder lograr echar a andar este plan y a la vez, continuar con la responsabilidad fiscal.
Fuentes de financiamiento. El anuncio per se puso muy nerviosos a varios inversionistas. Sin embargo, aunque faltan detalles, el secretario Amador calmó los ánimos al explicar que los proyectos tendrán fuentes de financiamiento mixtas, con participación tanto del gobierno como del sector privado a través de tres canales: (a) bancos de desarrollo con financiamiento directo y provisión de garantías; (b) nuevos vehículos de inversión que permitirán la participación de fondos de pensiones (Afores) y otros participantes del mercado; y (c) contratos que permitirán la participación del sector privado, particularmente en industrias protegidas por el gobierno, principalmente energía. Así que, aunque está claro que el 18 por ciento del PIB no será financiado directamente a través del déficit gubernamental, no está claro cuánto se necesitará en los próximos años, incluido el 2.1 por ciento del PIB para los proyectos de este año.
Experiencias pasadas. Las tres administraciones anteriores anunciaron planes de infraestructura que parecían ser de gran envergadura. En algunos casos, los planes estuvieron bien pensados y podrían haber impulsado el crecimiento del país. De hecho, en su momento se publicaron varias listas de proyectos muy específicos. Desafortunadamente, por alguna u otra razón, estos planes no lograron “mover la aguja” en términos de alcanzar mayores tasas de crecimiento. Entre las causas se encuentran: (i) Crisis globales, como la que le tocó vivir al expresidente Calderón en 2008-2009 y al expresidente López Obrador con la pandemia de Covid-19; (ii) cambios de políticas que tuvieron consecuencias muy negativas, como el cambio que hizo el expresidente Peña-Nieto en la fórmula para proporcionar subsidios a la vivienda de bajos ingresos, que tuvo un impacto negativo muy significativo en la industria de la construcción por varios años; (iii) ideologías contrastantes, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 2018, así como de los proyectos relacionados con la reforma energética en el periodo 2019-2024; o hasta (iv) proyectos con un alcance muy limitado, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto AIFA y el tren Maya.
En conclusión, considero que los cinco aspectos más relevantes de este anuncio son los siguientes: (1) El cambio de enfoque de ser solamente redistributivo hacia el logro de mayores tasas de crecimiento económico; (2) trabajar de la mano con el sector privado de manera amplia; (3) aunque todavía no se conoce el detalle, contar con una cartera de proyectos de amplio espectro, como los que mencionan en ocho sectores, en lugar de solo algunos “grandes” proyectos insignia que no necesariamente cumplen con el análisis costo-beneficio y que no generan crecimiento de largo plazo; (4) utilizar una gama amplia de vehículos de financiamiento que podría atraer inversión privada, incluyendo las propias Afores en sus comités de inversión si los proyectos y las condiciones para invertir son rentables; y (5) considero que el hecho de que Sheinbaum haya propuesto armonizar el marco legal y crear una base de datos nacional para el monitoreo público del avance físico y financiero de los proyectos, así como el establecimiento de un Consejo de Planeación Estratégica de Inversiones, coordinado por la propia presidenta Sheinbaum, para priorizar, desbloquear y monitorear “proyecto por proyecto”, como un mecanismo para la gobernanza política y operativa, le dan seriedad al proyecto.