La transparencia como fórmula para el desempeño de instituciones y autoridades públicas arrancó hace treinta años con motivo de la recomposición política después de los efectos de los traumáticos comicios presidenciales de 1988. La exigencia democrática de los actores políticos fue certidumbre frente a toda suerte de vicios, anomalías y abusos por parte de los operadores políticos del partido hegemónico. A partir de esas elecciones se propagó desde el discurso de protesta de la oposición a la inequidad de los comicios, pero especialmente, a la oscuridad electoral. Diez años atrás, cuando en 1977 se insertó en la Constitución la previsión de las diez palabras: “El Estado garantizará el derecho de acceso a la Información”, la Suprema Corte, imbuida por aquel momento en que se iniciaba la transición a la democracia, interpretó que esa referencia en la norma superior era la licencia para que los partidos políticos difundieran sus plataformas ideológicas y sus programas de acción.
Regresando a la idea inicial, la transparencia en México tuvo una primera vocación electoral. Una década antes a la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, comenzó la discusión pública de una solución urgente que nutrió de contenido las reformas electorales estructurales que marcaron el inicio de la creación de las instituciones y los procedimientos en las elecciones para revertir la desconfianza ciudadana en los resultados electorales. Desde la creación del IFE en 1990 (el IFE gubernativo, porque aún estuvo ligado a Secretaria de Gobernación). Aunque comenzó aquella saludable catarsis al seno del naciente consejo y en aquellas deliberaciones con los consejeros fundadores y los representantes de partidos políticos. Fueron memorables los reproches de los representantes de los partidos y las réplicas del partido oficial y de aquella primera autoridad electoral. Valdría la pena −dígase de paso− traerlas a nuestros días, para ilustrar lo mucho que costó y cómo se forjó palmo a palmo a lo largo del estire y afloje de cada nudo que el gobierno del partido hegemónico defendía hasta llegar a acuerdos luego tasados en términos de la extensa normatividad que se fue creando desde la Constitución, leyes, y reglamentos.
A ese aluvión de reformas bien se les puede introducir en una bolsa que podría llamarse ‘transparencia y legalidad’, como ejemplos: urna transparente, credencial para votar con fotografía, listados nominales, padrón electoral confiable (con la fotografía de los electores), casillas integradas por funcionarios insaculados y con representantes de partidos, etcétera.
Naturalmente, de aquellos primeros grandes logros, hubo que pasar al problema de administrar su cumplimiento, la resistencia pasiva y la inversión de recursos para sostener el costo progresivo de la credencialización para votar y la actualización del padrón, los materiales electorales, la tinta indeleble, la producción de las boletas y el complicadísimo trámite de su resguardo por el Ejército y su entrega a los distritos electorales y su custodia hasta su destrucción. Después de las tórridas elecciones de 2006 hubo que resguardar por más de dos años las boletas de la elección presidencial mientras se agotaban las instancias jurisdiccionales y especialmente, aquella resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó la imposibilidad material de inspeccionar ocularmente los millones de boletas guardadas casi tres años, en las 300 bodegas distritales, y custodiadas por el Ejército.
El IFAI se transformó en el INAI y ahora camina con el INE (antes IFE) en el recorrido permanente de viabilizar la transparencia electoral, y los deberes de los partidos como sujetos obligados, pero aún existen obstáculos, por ejemplo, solo un porcentaje ínfimo de los miles de candidatos a los comicios del 6 de junio hicieron pública su 3de3, sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de conflicto de interés. La experiencia democrática mexicana es un bien colectivo que debemos conservar.
El autor es comisionado del INAI.