La elección judicial es una farsa (acordeones, acarreados, candidatos impresentables, tómbolas, boletas indescifrables), en eso estamos de acuerdo todos menos los cínicos.
Los cínicos siguen diciendo que el pueblo elegirá a sus jueces. Pero el pueblo nunca decidió eso. Lo decidió López Obrador. Recordemos que el expresidente estaba contento con la reforma judicial de 2021, hasta que el 18 de abril de 2023 la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma que ordenaba que la Guardia Nacional quedara adscrita a la Secretaría de Defensa. Esa fue la gota que derramó el vaso presidencial. Justo después de esa negativa de la Suprema Corte se tomó la decisión: se tenía que eliminar a los jueces y ministros actuales y poner a otros más afines. El poder presidencial no podía seguir preso de la Constitución. “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Pero los cínicos siguen diciendo que elegirá el pueblo. Si así fuera, ¿para qué están movilizando sindicatos y organizando burocracias estatales para obligarlos a votar? Si así fuera, ¿para qué cambiaron de última hora la ley para permitir que los funcionarios pudieran promover la elección? Si el pueblo quiere elegir a sus jueces, ¿para qué imprimir acordeones para indicarles por quién votar? Si el pueblo demanda democratizar al Poder Judicial, ¿por qué excluyeron al pueblo del conteo de votos?
Dejemos el cinismo de lado. La elección judicial persigue un fin: supeditar el Poder Judicial al Ejecutivo, que a su vez está supeditado al Poder Militar. Todo lo demás es palabrería insulsa. No hay motivos “éticos” detrás de esta elección. Hay una clara voluntad de concentración de poder.
Lenia o Yasmín no serán ministras del pueblo, sino empleadas de la presidenta. Y la presidenta no se manda sola. La presidenta cogobierna con los militares. La reforma judicial se operó (la gran farsa se montó) para impedir que ningún otro juez pueda bloquear una iniciativa que venga de las fuerzas armadas. El argumento de fuerza es el siguiente: no hay nada más importante para México que resguardar la soberanía y la soberanía está en peligro por las amenazas de los Estados Unidos, que un día amenaza con lanzar misiles y al día siguiente dispone de buques destructores en el Golfo de México. Ronald Johnson, el actual embajador de Estados Unidos en México, se desempeñó en el Ejército como boina verde y trabajó dos décadas en la CIA. No viene a hacer amigos. Ha declarado que no descarta la intervención militar en México.
Ante este panorama, el Ejército no quiere que se repita una negativa de la Corte. El Ejército, se dice, es pueblo. Y el pueblo elegirá a los jueces. El Ejército no elegirá a todos los jueces, solo a los ministros y jueces necesarios para que puedan pasar sus leyes sin problema. Lo malo es que, al abrirle la puerta del aparato de justicia a los militares, por esa misma puerta van a entrar miembros del crimen organizado, representantes de los poderes fácticos (de empresarios con intereses muy específicos), jueces y ministros de las diversas facciones de Morena. ¿Jueces del pueblo? Eso es lo que afirman los cínicos. No tenemos por qué seguirles el juego.
La reforma judicial ocurre en un contexto específico: el de la militarización de México, el del embate del crimen organizado y el de la presión de los Estados Unidos a la soberanía mexicana. Estos tres aspectos están vinculados. El terrible daño que va a provocarse luego de haber eliminado la carrera judicial para suplantarla por jueces, unos viciados y otros sin experiencia, un daño que sufriremos por igual todos los ciudadanos, es sólo un daño colateral derivado de una lucha de más alto nivel, donde los actores son las Fuerzas Armadas, los grupos criminales y la Embajada de los Estados Unidos.
Antes de ser presidente, López Obrador dijo, en relación al Ejército, dos cosas: que lo regresaría a sus cuarteles y que si él pudiera, lo desaparecería. Ni lo desapareció ni lo regresó. Todo lo contrario, le entregó la construcción de sus megaproyectos, fuente de inmensa corrupción. La contabilidad de esos proyectos no es posible conocerla porque López Obrador reservó toda la información por “seguridad nacional”.
¿Qué hay detrás de la farsa electoral? La reforma judicial nació del enojo de los militares al no permitírseles el mando militar en la Guardia Nacional. Pese a la negativa de la Corte, se hizo lo que ellos quisieron. Y para que no hubiera duda de quién mandaba aquí, liquidaron a todos los ministros y jueces y están a punto de instalar a jueces afines en los puestos clave. Su discurso es: la soberanía está en peligro, no es momento de vacilaciones; EU nos mandó como embajador a un boina verde y de la CIA.
La farsa de la elección judicial no pretende concentrar más poder en el Ejecutivo, aunque esto parezca, sino en las Fuerzas Armadas. La reforma judicial ocurre en el contexto de la militarización del país. Mejor ver lo que es y lo que viene.