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Las consecuencias del hackeo

Las revelaciones que se han desprendido del ‘hackeo’ a la Sedena son muchas y de distinto tipo. Sería importante concentrarnos en un aspecto: la relación del gobierno con el narco.

Si su objetivo era pasar a la Historia, Andrés Manuel López Obrador lo consiguió ya: el presidente que transformó a México en un narcoestado.

No el presidente de los pobres, ni el presidente del resurgimiento de una nación petrolera, ni el presidente que terminó con la corrupción, ni el presidente que homologó nuestro sistema de salud al de Dinamarca: el presidente del narco.

El Movimiento que iba a regenerar a México financió en parte su campaña con dinero sucio. Los sobres amarillos que hemos visto recibir a los hermanos del presidente son los que le pudieron grabar, sin que podamos saber cuántos quedaron sin grabar (la biblia de Pío se veía muy abultada.) Un general publicó en El Universal que a Ovidio Guzmán lo liberaron cuando los narcos amenazaron revelar qué campaña financiaron.

Con trampas (como la persecución de la PGR a Ricardo Anaya con acusaciones falsas para allanarle el camino) y dinero sucio, llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. De inmediato anunció que su gobierno daba por terminada la guerra contra el narco. Amor con amor se paga.

El presidente ha dicho que, a diferencia de gobiernos anteriores, su gobierno no actúa con la fuerza sino con inteligencia. Ahora sabemos, gracias a los documentos hackeados por Guacamaya, que el Ejército recibió la orden de no combatir a los narcos. Dar la orden de no actuar es una forma de actuar. No beneficia a la población sino a los grupos criminales. El presidente ha dicho en tono retador que, si hay pruebas de que su gobierno esté aliado con el narco, las presenten. En los papeles sustraídos al Ejército hay suficiente material para fundamentar denuncias. Negligencia ante acciones criminales. Faltan los grupos de abogados decididos a enfrentar esa labor.

¿Para qué ha servido la Guardia Nacional, ahora extendida, si las masacres no cesan, si los muertos van en aumento, si los convoyes con grupos armados circulan libremente por las carreteras nacionales? ¿Para qué extender el plazo del Ejército en tareas de seguridad de 2024 a 2028? Desde luego que no para tener tiempo para capacitar policías (porque en ningún lado del presupuesto aparece ese rubro), más bien como una forma de intervenir en un tema central –la seguridad pública– durante los primeros dos tercios del próximo gobierno, sea del partido que sea.

¿Quiénes conforman Guacamaya? ¿Qué intereses persiguen? No atañe sólo a México sino a cinco gobiernos latinoamericanos. ¿Se trata de un grupo de periodistas y activistas? ¿Es una organización de la sociedad civil que transparenta y exhibe la actuación de los Ejércitos del continente? ¿Es una organización que trabaja para los grupos criminales debilitando a los Ejércitos nacionales? ¿Es la agencia norteamericana de inteligencia provocando sacudimientos en algunas regiones? No sabemos nada de los que se dedican a transparentar.

Las revelaciones que se han desprendido del hackeo son muchas y de distinto tipo. La prensa las va publicando cotidianamente. Sería bueno armar un tablero con todas las revelaciones, para que no se pierdan encimándose noticiosamente unas sobre las otras. Considero que sería importante, como sociedad, concentrarnos en un aspecto: la relación del gobierno con el narco.

Documentos del Ejército vinculan a Adán Augusto López con el crimen organizado en Tabasco, huachicoleros y narcos. Pese a ello, o quizá debido a ello, el presidente López Obrador lo incorporó a su gabinete como secretario de Gobernación y lo destapó como precandidato a la presidencia. En las elecciones de 2021, en seis estados se detectó la participación abierta del crimen organizado en las elecciones. No es cosa menor. El que paga las elecciones, manda.

Este es el estado de cosas en la República. Las máximas autoridades del Ejecutivo, los gobernadores de Morena, las políticas de seguridad pública pasivas, los asesinatos de periodistas, las extorsiones en todo el territorio nacional, vinculadas con el crimen organizado. Con el pretexto de transformar el país en favor de los pobres, comprometieron el presente y el futuro con alianzas que ahora vemos aparecer en los documentos del Ejército.

El Ejército informa en un documento: el 30 por ciento del territorio de Tabasco está dominado por el crimen organizado. Probablemente más de la tercera parte del país esté controlado por el narco, según advirtió una alta autoridad norteamericana hace un par de años. ¿Cabe la posibilidad de una alternancia democrática en este contexto? Muy difícilmente.

Preocupa el futuro del INE. Comenzaron ya las presiones con recortes draconianos. Seguirá el embate en el Congreso. La batalla para defender al INE será crucial. Defender al INE es defender la democracia, decimos. ¿Pero de qué sirve esta defensa si el día anterior a las elecciones pueden los cárteles secuestrar a los funcionarios de los partidos para manipular las elecciones? ¿De qué sirve si los cárteles pueden financiar las elecciones con entregas de sobres amarillos? Dispersar la atención sería muy grave, focalicemos.

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