El proceso de revocación de mandato va así: Morena empuja en el Congreso una ley reglamentaria con una pregunta que ratifica la continuidad del presidente, mientras que la oposición quiere una ley reglamentaria que pregunte acerca de si debe revocarse el cargo de presidente por haberle perdido la confianza.
El presidente y Morena tuvieron un año y medio para promover la iniciativa de ley reglamentaria, no lo hicieron. Se presentaron diversas denuncias contra la Cámara de Diputados por omisión legislativa y ni eso movió a los legisladores de Morena. A propósito dejaron correr el tiempo, pensaron que podían aprobar la ley apresuradamente a punto de concluir la actual legislatura.
Las reformas a la Constitución, para dar cabida en ella a la revocación de mandato, se aprobaron el 20 de diciembre de 2019. La reforma asentaba con claridad que la ley reglamentaria se tenía que haber emitido seis meses después de aprobada la reforma. Con el pretexto de la pandemia (porque sí se reunieron para aprobar otras cosas) dejaron correr el tiempo para, al cuarto para las doce, tratar de aprobar unos reglamentos que van en contra del espíritu de la reforma para la revocación de mandato.
El propósito de las reformas que Morena impulsó en 2019 en la Constitución es muy claro: se trata de una acción ciudadana para revocar el cargo de presidente de la República por pérdida de confianza. Morena trata de cambiar el sentido del proceso.
Las condiciones triunfalistas en las que Morena aprobó las reformas de revocación de mandato son muy distintas a las actuales. Entre otras cosas, ocurrió la pandemia y su secuela de 600 mil muertes. La pandemia fue un accidente biológico. La desastrosa gestión de la contención del virus y su impacto económico corrieron a cuenta del gobierno. El presidente sabe que tarde o temprano la sombra de esos centenares de miles de vidas perdidas lo alcanzará para exigirle cuentas. Por eso trata ahora de torcer el espíritu de la ley aprobada en 2019. Por eso puso a Sheinbaum y a Ebrard a hacer campaña.
Muchos opositores a López Obrador tienen miedo de que el presidente utilice la campaña de revocación de mandato para recobrar ímpetu con vistas a la elección de 2024. En tanto que en Palacio tienen miedo de que la votación sea tan desastrosa como la consulta para enjuiciar a los expresidentes (siete por ciento), por eso tratan de aprobar atropelladamente una ley reglamentaria amañada. Finalmente, el presidente y su partido saben que, de no aprobarse la ley como ellos quieren aprobarla, les queda el recurso de que Hacienda dé dinero insuficiente para realizar la consulta y termine por no hacerse nada.
Habrá sido una oportunidad perdida.
Tras los resultados adversos en las elecciones de junio y los pésimos resultados de la consulta contra los expresidentes, con el añadido de una poderosa tercera ola de la pandemia, las defensas del gobierno están muy bajas. Se puede contraargumentar: si el pronóstico es tan malo para el gobierno, ¿porqué lo empuja con tanta fuerza? Propongo la siguiente explicación. La exigencia de Morena de que se apruebe la iniciativa de ley reglamentaria no forma parte de un calculado plan estratégico para ratificar el mandato de López Obrador. Es una más de las decisiones caprichosas del presidente a la que nadie le puede decir que no. A quienes piensan que se trata de un plan estratégico de Morena en este contexto, les recuerdo que López Obrador comenzó a hablar de la revocación en 2005. Es un hombre de ideas fijas.
De parte de la bancada de Morena en el Senado hay pocos argumentos. Una senadora de Morena propuso que “muera el INE”. Morena lo está empujando porque no saben decir que no, no porque sea para ellos una buena idea. ¿Un ejemplo de una idea caprichosa llevada a la realidad? La política de “abrazos, no balazos”. La espantosa realidad de su aplicación no amilana al presidente ni a su partido. Pensar que la revocación de mandato es un plan para prolongar el mandato de López Obrador es concederle mucho. Cierto que Hugo Chávez prolongó gracias a las consultas su mandato hasta la muerte, como también lo es que Pinochet dejó su cargo por el resultado de una consulta adversa.
Contratamos a una persona por seis años. Pero antes de cumplir los tres años en el cargo es claro que las responsabilidades están muy por encima de sus capacidades. Es una necedad sostener a una persona incompetente al frente del país. No se trata de expedientes administrativos, sus políticas erróneas han derivado en asuntos de vida o muerte, como la explosión de Tlahuelilpan, los niños con cáncer sin sus medicinas, la falta de acciones que han permitido la proliferación de grupos criminales, y sobre todo, la negligencia en el manejo del Covid. ¿Cuál es la lógica de conservar a un incompetente en el poder? Más aún si, pensando en un contexto más benigno, Morena cambió la Constitución para permitir quitar al presidente de su cargo institucionalmente. Ojalá que el miedo a lo desconocido no guíe nuestras acciones.