Cada año, con motivo del informe presidencial, secretarios de Estado y titulares de otras dependencias y organismos acuden al Congreso de la Unión a explicar sus resultados.
Se presentan cifras, se defienden políticas, se formulan cuestionamientos y, a veces, hay choques entre legisladores y funcionarios. Pero una pregunta sobrevive a cada ejercicio: ¿para qué sirven realmente?
Con motivo del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados aprobó su calendario de comparecencias y reuniones de trabajo, y en el Senado el ciclo arrancó el 5 de octubre con la secretaria de Gobernación, a puerta cerrada.
La agenda incluye a otras dependencias y una reunión de trabajo con la fiscal general de la República que, por la autonomía de la Fiscalía, no es formalmente una comparecencia.
El fundamento es claro: los artículos 69 y 93 constitucionales facultan al Congreso para pedir información y citar a secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos, quienes deben informar bajo protesta de decir verdad.
El propósito es que el Legislativo supervise al Ejecutivo. El problema surge cuando confundimos esa formalidad con una verdadera rendición de cuentas.
Las comparecencias suelen ser previsibles: los legisladores oficialistas destacan logros, la oposición cuestiona resultados y los funcionarios defienden su gestión. Al final, cada fuerza ofrece su interpretación sin una evaluación verificable de lo dicho.
No es un problema exclusivo de este gobierno: con distintos partidos en el poder cambian funcionarios y mayorías, pero persiste la falta de seguimiento sistemático.
Conviene una distinción justa. En la administración pública conviven servidores capaces, profesionales y comprometidos, que elaboran diagnósticos, sostienen programas y responden con rigor al Congreso, con otros que hacen de la comparecencia un ejercicio de evasivas y cifras a modo. Generalizar sería injusto con los primeros e indulgente con los segundos.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera, de 2003, buscó que el mérito guiara el ingreso y la permanencia; su aplicación ha sido desigual, pero el principio es correcto. Un buen control parlamentario permitiría justamente eso: reconocer a quien rinde cuentas con solvencia y exigir a quien sólo administra el discurso.
Hay referentes. En el Reino Unido, los comités especializados de la Cámara de los Comunes investigan, requieren documentos, interrogan ministros y publican informes con recomendaciones, que el gobierno se comprometió desde 1978 a responder, por regla general, en dos meses.
En Estados Unidos, las comisiones del Congreso realizan audiencias de supervisión e investigaciones prolongadas. Ningún modelo está libre de confrontación ni garantiza resultados, pero en ambos la comparecencia es parte de un proceso continuo, no un acto aislado.
En México las facultades existen. El artículo 93 permite incluso formular preguntas por escrito que deben responderse en un máximo de quince días naturales. El reto no es sólo crear nuevas atribuciones, sino usar eficazmente las disponibles.
Convendría un seguimiento público de cada comparecencia: registrar los compromisos asumidos, fijar plazos para entregar información, verificar su cumplimiento y publicar evaluaciones accesibles.
Sin ese seguimiento, lo que se promete en tribuna corre el riesgo de quedarse en “falsas promesas de amor”, como dirían Pau y los Tigres.
Las preguntas deberían privilegiar indicadores verificables y resultados de política pública por encima del posicionamiento partidista. Y la publicidad debería ser la regla: salvo materias que justifiquen reserva, la transparencia es condición de legitimidad, no obstáculo.
¿Podemos señalar decisiones corregidas, recursos mejor administrados o políticas modificadas a raíz de comparecencias anteriores?
Sin una evaluación sistemática, es difícil responder con evidencia. Eso no prueba que hayan sido inútiles, pero sí que sus resultados son difíciles de medir.
Su valor es innegable: hacen visibles problemas, contrastan versiones oficiales, permiten obtener información y someten a los funcionarios al escrutinio público.
Pero su utilidad debería medirse por su capacidad de producir explicaciones, correcciones y consecuencias institucionales cuando los compromisos se incumplen, no por las horas de debate o el eco mediático.
México no necesita más comparecencias, sino mejores: menos discursos preparados y más preguntas sustantivas; menos confrontación estéril y más evidencia; menos ceremonia y más seguimiento.
Al final, la medida de este ejercicio no debería ser cuántos funcionarios acudieron al Congreso, sino qué cambió después de que se retiraron.
