El Paquete Económico 2027 no crea impuestos ni aumenta las tasas del ISR, pero traza una línea que puede reordenar el sistema tributario de las empresas: 50 millones de pesos de ingresos anuales.
Abajo de esa cifra, la palabra clave es confianza; arriba, control.
El Régimen Simplificado de Confianza (Resico) eleva su techo de 35 a 50 millones de pesos para personas morales y de 3.5 a 5 millones para personas físicas.
Es una ampliación importante del universo de pequeños contribuyentes que pueden acogerse a reglas más sencillas.
Pero la transformación más relevante ocurre del otro lado de esa frontera de ingresos.
Las empresas con entradas superiores a 50 millones de pesos anuales que tengan utilidades enfrentarán un nuevo límite a sus deducciones.
Cuando éstas representen 96.67 por ciento o más de sus ingresos, no podrán superar ese porcentaje. Y las empresas que ya deduzcan menos de ese porcentaje sólo podrán aplicar 99 por ciento de las deducciones que ya realizan.
No cambia la tasa corporativa del ISR, que permanece en 30 por ciento. Lo que cambia es el piso sobre el cual termina pagándose.
Un ejemplo permite verlo. Una comercializadora que venda mil millones de pesos y tenga gastos deducibles por 980 millones tiene actualmente una utilidad fiscal de 20 millones y paga 6 millones de ISR. Con la nueva regla, sólo podría deducir 966.7 millones. Su utilidad gravable subiría a 33.3 millones y el impuesto a prácticamente 10 millones.
Hay otros candados. Las pérdidas acumuladas sólo podrán disminuir hasta un 50 por ciento de la utilidad de cada ejercicio, aunque se duplica, de 10 a 20 años, el periodo para aprovecharlas. El límite para deducir intereses netos baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada y desaparece el régimen opcional para grupos de sociedades, que permitía diferir parte del ISR.
Pero el número realmente revelador es 96.67 por ciento.
Si las deducciones no pueden superar esa proporción, una empresa afectada por el límite tendrá una utilidad gravable mínima equivalente a 3.33 por ciento de sus ingresos. Aplicando sobre ella el ISR de 30 por ciento, el impuesto equivale prácticamente a 1 por ciento de sus ventas.
No se le llama en el Paquete enviado un impuesto mínimo corporativo, pero para las empresas alcanzadas por el límite se parece mucho a eso.
La justificación de Hacienda es persuasiva. De las 524 mil empresas del régimen general que declararon ingresos positivos en 2025, 318 mil no pagaron ISR, el 60.7 por ciento. En 223 mil casos, el 42.6 por ciento, sus deducciones igualaron o superaron sus ingresos.
Naturalmente, no toda empresa que no paga ISR evade impuestos. Puede haber pérdidas legítimas, inversiones cuantiosas o actividades con márgenes reducidos. Pero Hacienda sostiene que detrás de una parte relevante del fenómeno existe abuso de deducciones y utilización de facturas por operaciones simuladas.
El SAT ha endurecido la persecución de esas prácticas. Entre octubre de 2024 y agosto pasado enlistó cerca de 3 mil factureras, bloqueó a más de 38 mil empresas vinculadas con operaciones ficticias y auditó a casi 2 mil compradores de esas facturas.
Ahora el gobierno pretende pasar de perseguir casos individuales a establecer una regla general.
También existe la necesidad de más ingresos. El Paquete proyecta que el ISR crezca 7.2 por ciento real en 2027, muy por encima del crecimiento esperado de la economía. Y las empresas con ingresos superiores a 50 millones concentran alrededor de 90 por ciento del ISR pagado por las personas morales.
Ahí está también el riesgo.
En negocios cuyos márgenes reales son inferiores a 3.33 por ciento de las ventas —por ejemplo, ciertas actividades de comercio mayorista, distribución de combustibles o construcción—, el nuevo límite puede obligar a pagar ISR sobre una utilidad que la empresa simplemente no obtuvo.
Entonces deja de ser solamente un mecanismo contra la evasión y empieza a funcionar, en los hechos, como un impuesto mínimo sobre las ventas.
Combatir las facturas falsas y las deducciones artificiales no sólo es legítimo: es indispensable. Pero una cosa es cerrar las puertas a la evasión y otra presumir que, por encima de determinado nivel, las deducciones son excesivas.
El Congreso tendrá que afinar esa frontera, porque de lo contrario podríamos tener una carga injusta que afecte a actividades legítimas.