El sexenio arranca con medio país en llamas: Chiapas, Sinaloa, ahora Guerrero, donde los conflictos interminables entre mafias se suman y se exacerban con la destrucción que dejó el huracán John. Tal vez por eso, la semana pasada la presidenta Sheinbaum consideró necesario enfatizar que las cosas no van tan mal en todas partes. En Zacatecas, nos dice Sheinbaum, el gobernador David Monreal ha tenido buenos resultados: “Es importante que se vea cómo disminuyó el número de homicidios… Es una reducción muy importante y tiene que ver con una estrategia similar a la que estamos planteando”. Vale la pena evaluar si, más allá de la intención de la Presidenta de construir una narrativa de éxito, efectivamente hay un proceso de pacificación que se podría replicar en otros estados.
A bote pronto, los resultados sí suenan alentadores. En 2021, en plena pandemia, los enfrentamientos, emboscadas y desplazamientos de población eran cosa de todos los días. A partir de 2022 hubo un viraje, y los homicidios dolosos han bajado 76 por ciento. Lo anterior es un reflejo de la caída en el número de personas asesinadas por el crimen organizado. Para poner las cosas en perspectiva: en el tercer trimestre de 2021, Zacatecas era el quinto estado con más víctimas de este tipo; para el tercer trimestre de 2024 ocupó la posición diecinueve. Sin lugar a dudas se trata de pacificación sólida. También es un caso excepcional, por tratarse de una entidad con recursos limitados. Reducciones así en el número de homicidios las hemos visto antes, pero sobre todo en las entidades más urbanizadas y con mayor densidad de empresas grandes y organizaciones de la sociedad civil, como Nuevo León y la Ciudad de México.
Varios factores coincidieron para hacer posible este improbable éxito en un estado que hace apenas tres años era una zona de desastre. Sin embargo, me parece que podemos identificar dos componentes distintivos de la experiencia zacatecana. El primero ha sido la realización de operativos, con participación tanto de la entidad federativa como de las Fuerzas Armadas, para disminuir el control territorial de los grupos criminales. Estas intervenciones se han extendido incluso a las regiones más conflictivas, como la sierra de Valparaíso, que estaba prácticamente tomada por los comandos armados del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Los operativos conjuntos permitieron desarticular narcocampamentos y concretar numerosas detenciones de alto perfil. De acuerdo al monitoreo que coordino en Lantia Intelligence, en 2021 sólo se reportaron 11 arrestos de alto perfil en todo Zacatecas. En contraste, en lo que va de 2024 han sido 153.
El segundo componente clave para el éxito tiene que ver con el impulso a la investigación de la violencia criminal. El actual fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, viene de hacer carrera en el ámbito de procuración de justicia. Fue escalando posiciones gracias a su preparación y a los buenos resultados que tuvo en varios estados, y llegó a Zacatecas hace cinco años como delegado de la FGR. Es paradójico, el fiscal Camacho posee precisamente el tipo de carrera que la cuarta transformación tanto ha subestimado en el caso de los jueces. En su actual encargo, Camacho Osnaya se ha enfocado en dar resultados medibles. En todo 2023 fueron vinculadas a proceso 2 mil 100 personas; en lo que va de 2024, ya se ha logrado vincular a más de 2 mil 700. Al disminuir la impunidad, también han bajado los delitos. Así de fácil.
La labor de la fiscalía zacatecana también ha considerado un tema difícil, que frecuentemente se pasa de largo: el problema de la intimidación y el control criminal sobre las policías y los ayuntamientos. Zacatecas es uno de los estados donde el asedio a las autoridades ha sido mayor. También de acuerdo con el monitoreo que coordino, desde 2018 han sido asesinados 143 policías en el estado, cifra sólo superada por Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Las presiones, como suele ser el caso, han dado como resultado que algunas corporaciones y ayuntamientos operen al servicio de los criminales. Ante este desafío, la fiscalía encabezada por Camacho Osnaya ha impulsado algunas investigaciones clave. Por un lado, para procesar a los agresores. Por el otro, para romper el control criminal sobre los ayuntamientos. Hace apenas unos días, a solicitud de la fiscalía, el Congreso estatal le retiró el fuero al alcalde de Apulco, a quien se le señala por nexos con el CJNG.
La tarea está lejos de haber concluido: la mejoría en la percepción de seguridad de la gente ha sido marginal, y con el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Valparaíso, los criminales se instalaron en Villanueva. Aun así, la tendencia en Zacatecas es esperanzadora. Claro que se pueden dar resultados, incluso cuando el viento sopla en contra. El planteamiento del gobierno federal –de enfocar esfuerzos en la coordinación y en la investigación criminal– es acertado. El problema es que la mayoría de los gobernadores y los fiscales no quieren tocar ciertos intereses, o no están dispuestos a asumir el costo político y el riesgo personal de limpiar la casa.